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“Se agotó la etapa de diálogo y comienza la intervención para restablecer la movilidad”. Esta es, probablemente, la frase más repetida por las autoridades y los gestores de convivencia en los últimos dos años. Desde 2023, de acuerdo con las cifras recopiladas por la Secretaría de Gobierno, las movilizaciones sociales han venido en aumento en la capital del país. Mientras en 2023 se reportaron 1.384 eventos, en 2025 la cifra llegó a 1.678, lo que representa un incremento del 17 %.
Ese crecimiento en sí no constituye un riesgo para la ciudad. Al contrario, podría interpretarse como un síntoma de salud democrática, al demostrar que cada vez más personas están dispuestas a hacerse escuchar y a defender sus demandas en las calles; que tienen garantías para expresarse y para ejercer todos sus derechos con libertad. El problema aparece cuando esas manifestaciones terminan afectando el orden público y golpeando una movilidad que ya es de por sí frágil para millones de bogotanos.
Como lo pudieron padecer en carne propia miles de ciudadanos en la tarde del miércoles 18 de febrero, a plena hora pico, cuando cerca de dos millones de personas se movían a través de Transmilenio rumbo a sus hogares. Unas 800.000 lo hacían por la NQS, sentido norte-sur. Las rutas, sin embargo, tuvieron que frenar su marcha. Los articulados quedaron atrapados en un trancón, producto de la acción de cinco personas que se acostaron sobre la vía junto a carteles reivindicativos. Los gestores de diálogo intentaron explicarles el impacto de su acción sobre miles de ciudadanos, sin mayores resultados.
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El dilema
Esta escena es un claro ejemplo de un denso dilema de fondo: ¿cómo conciliar el derecho a moverse libremente por la ciudad con el derecho a protestar? De acuerdo con Transmilenio, los bloqueos a las troncales del sistema se dispararon en 2025. Pasaron de 339 en 2024 a cerca de 3.000 el año pasado. La vulnerabilidad del sistema, que depende de su carril exclusivo, lo convierte en un blanco fácil para quienes se plantan sobre la vía para hacerse escuchar mientras impiden el paso de los biarticulados, colapsando en un efecto dominó gran parte de las troncales.
Aunque la gerencia insiste en que el sistema es flexible y que estos eventos pueden atenuarse con desvíos o retornos, lo cierto es que en una ciudad atravesada por obras, cualquier maniobra implica dificultades operativas en las que alguien termina afectado. El choque entre protesta y movilidad se tradujo finalmente en una reducción de hasta cuatro kilómetros por hora en los tiempos promedio de viaje del transporte público.
Las cifras, además, no se limitan al impacto vial. Aunque el 95 % de las manifestaciones se desarrollan de forma pacífica, según indicadores de la Secretaría de Gobierno, el 5 % restante tiene un potencial de violencia significativo. En 2025, 101 personas resultaron heridas en episodios que se salieron de control. De ese total de lesionados, el 70 % no correspondió a manifestantes, sino a policías, gestores de diálogo o transeúntes atrapados en medio de los disturbios.
Todo esto sin contar las afectaciones al patrimonio público. En las protestas que se desbordaron, las vías de hecho arrojaron un balance de 1.500 buses del sistema público de transporte vandalizados, con un costo estimado de casi COP 20.000 millones para las arcas distritales, lo cual se traduce en dinero que salió del bolsillo de todos los bogotanos.
El triángulo de afectaciones se completa con otro elemento que ha generado inquietud creciente: los choques entre la ciudadanía bogotana y comunidades de otras regiones que vienen a protestar a la capital. Las imágenes de la retención de 1.500 funcionarios en el CAN, producto de los bloqueos protagonizados por grupos étnicos provenientes del Cauca y que llegaron para manifestarse contra los incumplimientos del Gobierno, dejaron atónita a la opinión pública. Sin contar, por ejemplo, el incidente de finales del año pasado, cuando comunidades étnicas atacaron a las autoridades con flechas en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.
Todo esto también se relaciona con la gestión del Distrito frente a la diáspora indígena que ha llegado a la ciudad y que se ha instalado tanto en el espacio público como en Unidades de Protección Integral. No es un asunto menor si se tiene en cuenta que, según el conteo de la administración distrital, cerca del 70 % de las protestas en las calles de Bogotá apuntan a reclamos contra el gobierno nacional.
Por eso, al ser sede del poder administrativo y político, Bogotá termina aglutinando las demandas del país entero, lo que explica tanto el incremento de las movilizaciones como la magnitud de sus afectaciones. En medio de este panorama, la Alcaldía, representada por la Secretaría de Gobierno, anunció la formulación de un nuevo protocolo para atender las movilizaciones en la ciudad. La idea es actualizar las normas vigentes desde 2023 y buscar un equilibrio estable entre el derecho a manifestarse y la garantía del orden público. Así está el escenario.
El riesgo de la intervención abrupta
Las molestias generadas por bloqueos y desmanes, aunque provengan de una minoría de movilizaciones, suelen derivar en lecturas simplistas. Desde el Concejo de Bogotá e incluso desde la ciudadanía atrapada en un trancón, se insiste con frecuencia en la necesidad de una política de “mano dura”, en la que el diálogo pase a segundo plano, y que se opte por la intervención inmediata de la fuerza pública para despejar bloqueos y contener disturbios. Sin embargo, estas fórmulas, ya ensayadas en el pasado, no han demostrado ser del todo efectivas para reducir los impactos adversos de la movilización social.
Diversas organizaciones de derechos humanos como Amnesty International y Human Rights Watch han documentado cómo las acciones de control de multitudes sin priorizar los procesos de diálogo o sin mecanismos claros de aviso previo, y sin proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, tienden a traducirse en lesiones, detenciones arbitrarias y casos de abuso de autoridad que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, que tienen la obligación de protegerla.
En Bogotá, la normatividad distrital ha intentado establecer un marco claro. El protocolo adoptado mediante el Decreto Distrital 053 de 2023 establece que la actuación frente a movilizaciones debe respetar y garantizar el derecho a la reunión, a la manifestación pública y a la protesta pacífica. También detalla que el uso de la fuerza solo puede darse como último recurso, bajo principios de necesidad, legalidad, diferenciación, focalización y proporcionalidad, con el mandato central de proteger la vida y la integridad de todas las personas involucradas. De ahí que la frase citada al inicio de este artículo sea, en el fondo, el resultado de un diseño institucional que insiste en priorizar el diálogo antes de cualquier intervención.
La necesidad de un nuevo protocolo
La exacerbación de esta problemática en los últimos dos años, coincidente con la implementación del protocolo actual, deja ver los límites de la medida. Si bien desde el estallido social han disminuido los casos de manifestantes heridos por exceso de fuerza policial, persisten las expresiones violentas y los bloqueos que afectan la libre movilidad de los demás ciudadanos.
Frente a esto, la Secretaría de Gobierno trabaja hoy en una nueva fórmula para enfrentar las protestas no pacíficas. El secretario Gustavo Quintero ha planteado públicamente la necesidad de actualizar los instrumentos existentes para dar una respuesta más eficaz. Según ha dicho, una nueva norma requeriría incluso un nivel legislativo superior al distrital y debería tramitarse en el Congreso, como ley nacional. El Espectador intentó contactar al funcionario para conocer los avances concretos de la propuesta, pero no obtuvo respuesta.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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