‘Bogotá tiene los inmuebles más caros del país pero cobra los impuestos más bajos’

“El artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) permite a los municipios cobrar por impuesto predial hasta un 16 por mil del valor de los predios residenciales y comerciales. Sin embargo, en Bogotá, donde se encuentran los inmuebles más caros del país y debieran pagarse las tasas más altas, se cobra como máximo el 9.5 por mil, es decir, algo menos del 60% del límite legal. Hay pues un amplio desfase entre las señales que da la ley y el nivel de tributación en la capital de la República”, explicó el cabildante.

Para de Roux, “esto se riñe con el principio de progresividad según el cual, en cuanto mayores sean el patrimonio o los ingresos de la persona, mayor debe ser la proporción de los mismos que se le cobra como tributo. La reforma propuesta por el alcalde pretendía corregir esa situación. Medellín viene cobrando una tasa máxima del 15 por mil a los inmuebles residenciales de más de $1.000 millones y a los comerciales de más de $270 millones. Cali, por su parte, grava los residenciales de estrato 6 con el 14 por mil, y los comerciales con el 14.5”.

Pese a estar de acuerdo con la reforma del impuesto predial, el concejal Carlos Vicente de Roux dijo que “según la reforma propuesta la tasa máxima del 16 por mil se empezaría a cobrar desde un piso muy bajo, el de los predios que valen 373 salarios mínimos, lo que corresponde a unos $230 millones. Con eso se meterían en un mismo saco los inmuebles de este valor y los de miles de millones de pesos. En los rangos de precios inferiores pero más cercanos a los 373 salarios mínimos, las tasas propuestas se aproximan mucho al 16 por mil. De hecho, esas tasas aumentan muy aceleradamente en función del incremento del valor de los predios”.

Otra de las apreciaciones que hace el cabildante al respecto tiene que ver con el precio del suelo, pues en la capital de la República hay escasez de éste. “Hay gran insuficiencia de área construida, lo cual empuja al alza los precios de los inmuebles, sin que ocurra automáticamente lo mismo con el ingreso de los capitalinos. Esto acarrea dificultades para cumplir las obligaciones tributarias, porque el predial se cobra en función de los precios pero se paga con los ingresos líquidos del contribuyente. Y no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno extendido”.

Finalmente, de Rox asegura que por esos argumentos valía la pena que el Concejo hubiera analizado más detalladamente la propuesta, con algunos ajustes. “De haber sido aprobada, la reforma habría generado un recaudo tributario adicional de $500.000 millones al año, aproximadamente. Sin embargo, el aumento del impuesto de industria y comercio solo tendría impacto a partir de 2016, así que bajo el actual gobierno tan solo se percibirían, como recursos adicionales y por el predial de 2015, unos $200.000 millones. Lejos de ser una reforma para la administración Petro, la que hundió el Concejo iba a ser, pues, un refuerzo a la gestión de los futuros gobiernos de la ciudad”.