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En Brisas del Volador, en Ciudad Bolívar, cada invierno se vive la misma paradoja. Cada gota de lluvia les recuerda a sus habitantes el constante peligro en el que están, por haber materializado en una zona de riesgo el sueño de tener casa. Detrás de esa realidad están los tierreros, quienes siguen vendiendo lotes a personas de escasos recursos, en zonas peligrosas. El asunto es que, pese a ser conocida la situación, cada año las autoridades se ven obligadas a adelantar operaciones para desalojar nuevas familias que caen en la trampa. Este 22 de marzo se realizó una de ellas.
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Los esfuerzos por asegurar la zona no han sido pocos. En abril del año pasado, la alcaldía local de Ciudad Bolívar entregó un muro de contención en este barrio, que costó $4.824 millones, para evitar deslizamientos. Sin embargo, las familias siguen llegando, a pesar del peligro inminente. Según el Idiger, el censo que vienen realizando desde hace un año, para identificar la población en la zona, parcialmente indica la presencia de 553 familias, pero es posible que ya sean más de 600.
Ante el aumento y la insistencia de la entidad sobre los riesgos de vivir allí y la importancia de evacuar y desmontar las nuevas estructuras, tuvieron que programar una nueva intervención este miércoles para ejercer control y evitar una tragedia en la nueva temporada invernal.
Desde las 7:00 a.m. llegó el Comando Ambiental, de la Secretaría de Seguridad, a Brisas del Volador, donde identificaron nuevas ventas ilegales de lotes. Según esa cartera, en 2023 han desmontado 39 estructuras. Junto a 200 funcionarios de la Policía, el Ejército, la alcaldía local, la secretaría de Gobierno, el Idipron, la Uaesp y el Dadep, llevaron a cabo la intervención, en especial ahora, porque con las lluvias aumenta el riesgo de deslizamiento.
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La Secretaría de Hábitat, por su parte, se sumó con ayudas como subsidios de arrendamiento, para motivar a las familias a abandonar voluntariamente la zona, algo que vienen haciendo en otras zonas donde también tienen identificadas ocupaciones ilegales. De acuerdo el Comando Ambiental, este año se han llevado a cabo intervenciones similares en Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar, en donde se cerraron seis centros de acopio de material de arrastre; hubo cinco demoliciones de viviendas, y tres incautaciones de maquinaria, que era usada para estas obras.
El barrio de Brisas del Volador fue reconocido en el 2004, tiene 15,97 hectáreas, de las cuales 8,06 presentan riesgo moderado de remoción en masa y 7,9 son suelo de riesgo.
Secretaría de Hábitat
Tierreros, la amenaza constante
La denuncia más reciente sobre la venta ilegal de lotes la hizo la Secretaría de Hábitat, al señalar que los tierreros están revendiendo lotes que las autoridades ya habían recuperado en Brisas del Volador.
Según la entidad, desde hace 19 años hay asentamientos ilegales en este barrio y hay 444 estructuras en alto riesgo. A la fecha, han llevado a cabo la aprobación del reasentamiento de 290 ocupaciones, de las cuales se han hecho 250. De las 40 restantes, 28 siguen en proceso.
Ahora, los lotes vacíos son los que están “siendo objeto de reventa por parte de tierreros, sin importar que sea zona de alto riesgo y que no volverá a ser objeto de reasentamiento, por la Caja de la Vivienda Popular”, informó Hábitat.
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“Se aprende a lidiar con el miedo”
Estas son las palabras de uno de los habitantes de Brisas del Volador, quien a pesar de los riesgos, permanece en esta zona desde hace más de 10 meses y afirma que vive bien, con sus cuatro hijos y su esposa, todos en un lote de 6 por 12 metros, el cual le costó $1.200.000 y pagó con cuotas de $200.000.
“Yo vivía en la parte alta de Brisas y pagaba arriendo, pero escuché que hubo invasión en donde vivo ahora y, usted sabe que cuando uno escucha “invasión”, se bota pa´ allá, porque es más barato. Así que vi la oportunidad y me fui”, contó.
Para la compra, él solo tuvo que cruzar un par de palabras con el sujeto que le vendió el lote, no firmó ningún papel, simplemente fue un contrato verbal. Y cuando logró pagarle $600.000 lo dejaron comenzar a levantar su casa. La construcción le costó casi $3.600.000.
“Eso sí, cuando lo compre yo sabía que en cualquier momento nos podían sacar. Pagué por la instalación de la luz $150.000 y por el agua $120.000. Por ser invasión, aquí hay alguien que pone su manguera y toca pasarle la liga. Sin embargo, vivimos muy bien gracias a Dios”.
Y aunque él es consciente de que vive en una zona con riesgo de deslizamiento, afirma que después de las lluvias del 2022, cuando se le alcanzó a agrietar su casa, a la final, dice, aprendió a lidiar con el miedo. “Aquí la gente vive relajada, los que se han ido es porque han tenido problemas de seguridad. Otros arman ranchos simplemente por tenerlos, pero no viven ahí, en cambio, me quedo porque lo necesito”.
En cuanto a la seguridad, él señala que mientras no se meta con nadie todo está bien. “Aquí uno no puede cruzar una mala palabra, porque es muerte fija. Uno no puede ponerse a sobrepasarse con nadie, porque eso es fijo que lo joden. Es un tema más de riñas por la gente intolerante”.
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Y aunque a este hombre, que nació en el Chocó y vive hace 13 años en Bogotá, la Secretaría de Hábitat le ofreció el pago de un arriendo y un mercado por tres meses, lo rechazó, porque no tenía cómo pagar después un alquiler de $400.000.
Él, al igual que sus vecinos, quienes tampoco planean irse, lo hacen por tener su “rancho fijo”. Además, dicen, la economía no les da para más. No obstante, saben que en cualquier momento tendrá que salir, por el invierno o por orden de alguna autoridad. Las operaciones del Distrito se mantendrán, en especial por estos días que el riesgo es mayor. Pero de nada servirá si los tierreros siguen actuando con libertad.
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Por Sara Caicedo
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