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El cabildo abierto del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá finalizó ayer con la intervención del Distrito, que no solo dio respuestas a las 150 personas que intervinieron en la primera sesión, sino que anunció cambios en el proyecto, que radicó ante el Concejo. La sesión comenzó mucho después de lo esperado, tras conocerse la recusación contra las concejales Ana Victoria Vargas (Liberal), Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal (Colombia Humana).
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Esto hizo que se alargara la discusión preliminar sobre si se debía continuar o no el cabildo sin resolver la solicitud. Aunque se aprobó la continuidad, horas más tarde se supo que habrían suplantado a quien figuraba como el solicitante, por lo que se hará la denuncia ante la Fiscalía.
Tras el impasse, el cabildo inició con la intervención de la alcaldesa Claudia López, quien comenzó señalando que la ciudad lleva 17 años tratando de aprobar un nuevo POT sin lograrlo, para resaltar que han sido cerca de 30.000 ciudadanos los que han sido parte del proceso de participación, en respuesta a quienes han criticado su incidencia en el proyecto.
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Además, se refirió a los ejes centrales del plan, organizados en las escalas local, distrital y regional, con los que busca resolver los conflictos sociales y ambientales. Se refirió también a puntos específicos que han sido debate en los últimos días. “En Bogotá solo hubo una propuesta que quiso voltear 3.500 hectáreas de tierra. Fue la que se hizo en 2019, pasándolas de rural a suelo urbano. Eso no solo es inmoral, es insostenible”.
Primero se refirió a la estructura ecológica principal y a los porcentajes que crecerá por la declaración de dos nuevos humedales y la apuesta por preservar no solo la reserva Van der Hammen, sino otros espacios como la Media Luna del Sur. Seguido de esto habló de la ALO Norte y se mantuvo en que su proyecto no lo incluirá y, como alternativa, propuso la ampliación a cuatro carriles de la carrera séptima, la autopista Norte, la avenida Boyacá y la entrada de la vía Suba-Cota. “No se preocupen por los carros, porque tienen cómo movilizarse y la carga tiene por dónde entrar, pero por fin el peaje que pagamos y seguimos pagando se invertirá una parte en Bogotá”, indicó López.
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Junto a esto se refirió a cambios que se han hecho en los últimos días, como la eliminación del mínimo de área para Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento, que solicitaron los recicladores. Además, se retiraron actividades de algunas áreas que ahora solo se podrían realizar en zonas estructurantes, en las que se encuentran estos espacios de reciclaje. La mandataria se comprometió a dar un plazo de dos años y a crear un fondo de compensación para los que tengan que hacer esos cambios.
Entre otras cosas, resaltó las garantías para moradores que tendrán que dar los constructores en los proyectos de renovación urbana (entregar una vivienda en reemplazo en el mismo sitio, vincularlos como inversionistas o pagar el valor comercial del predio) y criticó los peros que tiene Camacol sobre estas acciones. “La vivienda se hace pagando como cargas de viviendas VIS y VIP, espacio público y redes de servicio, pero resulta que en Bogotá no se puede hacer así, porque se aprovechan de la figura de consolidación por cambio de patrón, para hacer la renovación sin pagar cargas. Eso es un acto de abuso que raya con la corrupción que esta alcaldía no va a permitir”. Por último, López habló del proyecto Reverdecer del Sur y la expansión en la zona, donde se harían 30.000 nuevas viviendas.
A la par de la intervención de la alcaldesa estuvieron las secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente, quienes se refirieron a otros temas, como las actuaciones estratégicas, la participación ciudadana, los barrios en los cerros y la estructura ecológica. Con esto finalizarán las discusiones previas a la radicación de las ponencias, que se tiene prevista para el próximo jueves y de las que ya también se conocen algunos detalles.
Las ponencias
Con respecto a la ALO Norte, Julián López (Cambio Radical) señaló que no es conveniente descartarla de tajo, pero dice que estudian la nueva versión de la alcaldesa, en la que presenta como alternativa la ampliación de una vía rural, que ahora se conecta con Chía. Por su parte, Nelson Cubides (Conservador) pide realizar estudios técnicos que permitan minimizar los impactos ambientales, mientras que Germán García (Liberal) propone eliminar un párrafo del artículo 163 para no impedir que en el futuro alguien pueda replantear la posibilidad de extender la vía.
Sumado a esto, García explica que se acordó excluir los metros mínimos de habitabilidad en viviendas no VIS/VIP, mientras que Cubides y López piden redefinir la mezcla de usos de suelo para impedir actividades de alto impacto en zonas residenciales.
En cuanto a movilidad, López cree conveniente reestructurar los perfiles en las vías, de tal forma que no se comprometan más carriles para vehículos hasta que se den verdaderas y eficaces soluciones al transporte masivo. Cubides comparte lo mismo, y junto a esto solicitó incluir la construcción de un segundo aeropuerto. “Es una competencia del Gobierno Nacional, pero debe quedar en el POT, para que en el futuro se pueda dar esa discusión”, explica.
Por último, en vivienda, García apoya la política de moradores que se incluyó en el proyecto, mientras López asegura que se necesita seguridad jurídica para los constructores, por lo que propone reducir los trámites de las renovaciones. Cubides, por su parte, plantea a la Alcaldía habilitar suelo de forma preferente para VIS y VIP, en el marco del programa “Macroproyectos de interés social nacional”.
Una vez se presenten las ponencias, la Comisión del Plan deberá comenzar a discutir cada uno de los artículos en una labor casi que contrarreloj, en la que sin duda muchos de estos temas seguirán generando debate y nuevas propuestas, por lo que la capacidad de negociación será clave para lograr sacar a flote este POT.
Por Mónica Rivera Rueda
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