Cambios al contrato del SIM que afectarán a los bogotanos

En los últimos meses la Contraloría Distrital y concejales de la ciudad han criticado la prórroga que la Secretaría de Movilidad hizo al contrato del consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), la empresa a la que acuden los bogotanos para hacer trámites como la expedición de licencias de conducción, el traspaso de un vehículo y cualquier diligencia relacionada con los temas de movilidad en la capital. Pero los líos de esta extensión hecha hasta el año 2022 van más allá de meras irregularidades, pues además se hicieron modificaciones al reglamento del acuerdo, que afectarán la atención al ciudadano de a pie.

A continuación les contamos cuáles son las dificultades que podrían tener los habitantes de la capital por cuenta de estos cambios autorizados en febrero por el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, según los puntos que analizó la concejal María Fernanda Rojas.

Una de las reglas de juego que cambian con la modificación hecha al contrato tiene que ver con los tiempos de espera para asignar turnos y realizar los trámites solicitados. Con los ajustes hechos prácticamente se imposibilitó a la Secretaría de Movilidad para sancionar al concesionario cuando la prestación del servicio sea demorada e ineficiente, dice Rojas. Agrega que estos tiempos “fueron generosamente modificados por el ex secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, a favor del concesionario”.

El contrato del SIM, que opera desde 2007, también afectará a los trabajadores de la concesión. En la modificación hecha uno de las nuevas reglas permite a las firmas que conforman el consorcio contratar a su recurso humano por medio de intermediarias que proveen trabajadores sin mayores responsabilidades laborales.

Mientras el SIM se beneficia con los ajustes hechos, al menos unos $240 mil millones entrarán al bolsillo de las empresas DATA TOOLS S.A., QUIPUX S.A.S., SITT y CIA S.A.S, SUITCO S.A., que conforman el consorcio.

Rojas recordó que el ex secretario Rodríguez justificó su decisión de prorrogar el contrato en la necesidad de construir una bodega para archivar documentos que se producen en desarrollo de esta concesión, pero cuyo costo se ha calculado en no más de $30 mil millones. Por estas razones la concejal pidió a la nueva secretaria de Movilidad, Constanza García, y a la secretaria General, Martha Lucía Zamora, que revisen esta decisión y tomen las medidas necesarias.

 Los reparos de la Contraloría

Como lo contó El Espectador en junio pasado, la Contraloría advirtió que la extensión al SIM se hizo en tiempo récord, vulnerando los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, sin que los estudios previos por parte de Movilidad soportaran la decisión. Como si fuera poco, se aumentó en un 149% el valor del contrato, que por ley sólo se puede adicionar hasta un 50% del valor inicial.

El ente de control también criticó que se extendiera el negocio pese a que el SIM ha tenido varios incumplimientos y además cambió las firmas que lo integran, es decir, que es un consorcio “cuya capacidad no es la misma que la evaluada en el proceso licitatorio de 2007 (cuando fue elegido inicialmente por Movilidad) y cuyos criterios de experiencia y contratación no fueron seleccionados en un proceso administrativo transparente”.