Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde hace años en siete corredores de Bogotá, hay noches y madrugadas en las que la capital parece escenario de la película Rápidos & Furiosos o videojuegos como Need for Speed: una línea de fuego sobre la calle indica el punto de partida de dos automóviles de alta gama, modificados para correr a más de 150 kilómetros por hora. Esto es un requisito para quienes quieran inscribir sus carros y correr en las carreras clandestinas que se organizan entre jueves y viernes en la capital, y cuyo lugar, solo se conoce minutos antes de la competencia.
Organizar los famosos piques, en la norma, pareciera no ser ilegal ni una infracción en Bogotá. No existe ni en el Código de Policía, ni en la Ley algo que lo tipifique como delito o algo contrario a la convivencia. Lo ilegal es ir rápido e infringir las normas de tránsito, con las cuales la dirección de Tránsito y Transporte ha realizado, en 2025, 275 operativos específicos contra piques ilegales. De ellos se derivaron 1.586 órdenes de comparendo y la inmovilización de 631 vehículos, entre carros y motos.
El coronel Jhon Silva, jefe Policía de Tránsito de Bogotá, habló con El Espectador sobre el panorama en la capital. Reconoce que “el tema de los piques ilegales no es nuevo”. Lleva años desarrollándose. “No es que haya una escalada de piques. Es una problemática que aparece por temporadas: hay momentos en que se vuelve recurrente y otros en que disminuye. La Seccional de Tránsito y la Secretaría Distrital de Movilidad llevan años atacando esta situación, pero este año se elaboró una hoja de ruta y planes de acción para ser más contundentes”, señaló.
Acelerar
Las estrategias se concentran en las motocicletas, al ser las que normalmente participan en los piques. Por ejemplo, en contraste a los 66 carros inmovilizados este año, van 283 motos. Figuran incluso 10 camionetas y 2 camperos. Algunos de los carros, como se evidencia en los grupos de redes sociales que convocan y difunden contenido alrededor de las carreras, son adecuados para maximizar su potencia. Entre ellas se encuentran sistemas de escape más abiertos, reprogramaciones del motor, neumáticos de mayor agarre, refuerzos en suspensión y cambios estéticos, para darle una apariencia propia de los carros de carreras.
Los grupos que promueven los piques funcionan como comunidades cerradas. Convocan sus encuentros a través de redes sociales, en especial, en cuentas de Instagram o chats privados, donde difunden puntos de concentración y reglas para participar en las “noches clandestinas”.
Suelen reunirse en horas de la madrugada en estaciones de servicio o parques en la periferia de la ciudad, desde donde conducen hacia corredores amplios y rectos, como la Calle 26, la Avenida Circunvalar o la Boyacá con 170. “Para ellos, la actividad representa una mezcla de competencia y espectáculo: graban los recorridos, los suben a redes y buscan reconocimiento entre pares por la velocidad, la maniobra o la capacidad de evadir a la Policía”.
Algunos conductores, que guardan su identidad, piensan así: “Nosotros somos personas de bien. Conozco gente que presta su moto para recuperar vehículos robados, atrapar ladrones, escoltar ambulancias. Pero nos apasiona este mundo, la velocidad, y solo nos reunimos para ‘candelear’ (manejar a alta velocidad) y pasarla bien”.
Además de la velocidad, lo que representa en gran medida a estos grupos es una cultura de riesgo y pertenencia, que obedece a la práctica de esta escena ‘underground’ de la ciudad. De ahí que, como en las películas y juegos de velocidad, esta escena no difiere de las imágenes de vehículos con luces y música. Las autoridades denuncian que hay consumo de licor, lo que ha terminado configurando una identidad alrededor de la adrenalina y el desafío a la autoridad.
El coronel de la Policía de Tránsito señala que, incluso, las persecuciones se convierten en parte de la jornada nocturna: “los videos de fugas o de controles evadidos circulan como trofeos digitales. Esa dinámica, que combina emoción, ilegalidad y visibilidad en redes, mantiene viva una práctica que, pese a los controles, sigue desplazándose de un corredor a otro, como un fenómeno móvil que se adapta a la vigilancia institucional”, explicó.
Hemos cambiado la estrategia: ya no los perseguimos porque genera mucho riesgo. En lugar de eso, instalamos controles en los corredores que usan y trabajamos con inteligencia para anticipar dónde se reunirán.
Jefe de la Policía de Tránsito.
Hoy el interés se concentra en identificar los talleres de acopio y modificación de los carros, que buscan participar en las carreras. En un reciente operativo, sellaron un taller de pintura de vehículos y modificaciones: “Hace parte de la estrategia integral con la Secretaría de Movilidad. Identificamos talleres de personas vinculadas con estas actividades. Con apoyo de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad verificamos si los establecimientos cumplen con los requisitos legales: permisos, registro en Cámara de Comercio, razón social y actividad económica. En el caso de ese taller, no contaba con documentación vigente, por lo que fue sellado. Además, se encontró una moto estacionada en sitio prohibido y con la placa oculta, lo que también constituye infracciones de tránsito”.
Mapeo de piques ilegales
Uno de los retos es la difícil tipificación penal de estas carreras y la complejidad jurisdiccional, lo que obliga a las autoridades a aplicar normas de tránsito y de convivencia. Para enfrentar los piques, la Policía de Tránsito se apoya en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y sus reformas (por ejemplo, la Ley 1383 de 2010) que tipifican y sancionan las “maniobras altamente peligrosas” (D07) con multas e inmovilización. En Bogotá ese enfoque se complementa con normas distritales como el Decreto 035 de 2009, que prohíbe maniobras peligrosas en motocicletas, y con el Código de Convivencia (Ley 1801 de 2016), cuando hay afectación al orden público.
“Hasta ahora no hemos capturado personas por delitos relacionados directamente con los piques”, aseguró el coronel. Aunque son los riesgos más extremos, no hay registros de homicidios o lesiones culposas por atropellamiento a un peatón o falsedad marcaria, en caso de placas adulteradas. En su lugar, se ha encontrado: excesos de velocidad, maniobras peligrosas, conductores en estado de embriaguez, sin licencia, sin SOAT ni revisión técnico-mecánica, y personas que se pasan los semáforos en rojo. Cada una de esas infracciones puede implicar la inmovilización del vehículo.
¿Qué acciones se han tomado para mitigar el problema?
La realización de piques ilegales no solo implica riesgo vial, sino también una fuerte afectación a la convivencia vecinal. En sectores como La Macarena, donde la Policía ha mantenido puestos de control nocturnos, los residentes denuncian desde hace meses el ruido constante de motores, las aglomeraciones y el consumo de alcohol en vía pública. A comienzos de octubre, un operativo en esa zona terminó en enfrentamientos entre uniformados y algunos motociclistas, que se resistieron a los controles, dejando personas lesionadas y daños menores.
En la Circunvalar, se instalaron resaltos parabólicos o “policías acostados”, desde Monserrate hasta la Macarena (calle 26 C). Lo mismo en la Avenida Guayacanes. Además, se realizan operativos nocturnos con puestos de control fijos, especialmente en La Macarena. “Los jueves, que es cuando más se convocan los grupos, también instalamos controles y contamos con unidades motorizadas que atienden los reportes ciudadanos al 123”, añadió el coronel.
Paradójicamente, ya que las autoridades han identificado los puntos principales, el problema se ha movido fuera de la ciudad, lo que llama Silva, “efecto globo”. “Actualmente, se concentran en jurisdicción de Cundinamarca, por ejemplo, en la primera estación de servicio, saliendo por la calle 80, después de Puente Guadua. Desde allí deciden hacia dónde ir: a veces hacia la Boyacá con 170, la Circunvalar”.
Aunque la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad mantienen operativos permanentes y estrategias de control, los piques siguen adaptándose y desplazándose hacia nuevos puntos de la ciudad o incluso fuera de su jurisdicción. La persistencia del fenómeno demuestra que no basta con sancionar, aunque la cultura de la adrenalina parece poco dispuesta a convocar, bajo criterios legales, en zonas autoridades.
Se requiere una política integral que combine control efectivo, pedagogía vial y alternativas seguras para quienes buscan la adrenalina de la velocidad. Solo así será posible reducir el riesgo, recuperar la tranquilidad de los barrios afectados de Bogotá.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Juan Camilo Parra
Conoce más