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La Sabana de Bogotá lleva años creciendo como si el territorio no tuviera límites. Mientras Bogotá se densificaba hacia adentro —aunque con algunos procesos de expansión hacia las periferias—, los municipios vecinos empezaron a llenarse de condominios, parcelaciones y urbanizaciones campestres que avanzaron sobre suelo rural con una velocidad mayor a la de la infraestructura, el agua y la planeación ambiental. El último antecedente surgió por una nueva tutela presentada por el Ministerio de Ambiente en la que piden al Tribunal de Cundinamarca levantar las medidas cautelares contra los lineamientos ambientales de la Sabana, un instrumento jurídico con el que la cartera de Ambiente busca corregir y frenar los estragos medioambientales del crecimiento urbano desaforado.
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El largo freno a las directrices para la sabana
La primera versión del proyecto, publicada en marzo de 2025, cayó como una bomba en alcaldías, constructoras y sectores económicos de la región. El documento planteaba restricciones fuertes sobre expansión urbana, protección de humedales, acuíferos y suelos rurales, además de límites más estrictos para nuevos desarrollos. Frente a la primera versión, municipios de la sabana, gremios y el Distrito cuestionaron el alcance de las medidas y advirtieron que el Ministerio estaba entrando en terrenos que afectaban directamente la autonomía territorial y los POT.
Después de varios cruces en público, la discusión terminó trasladándose a los tribunales, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió, meses después, las directrices mediante medidas cautelares mientras se surtían procesos de concertación y participación técnica. Por su parte, el Ministerio formuló una tutela que terminó resolviendo el Consejo de Estado en términos salomónicos: los lineamientos eran legales, obligatorios y de competencia del Ministerio de Ambiente, pero debían ser concertados en el Consejo Estratégico de la cuenca del río Bogotá. Este órgano colegiado discutió en ocho sesiones y, producto de su deliberación, promulgó varios ajustes. Los antiguos “lineamientos” pasaron a llamarse “directrices” y el discurso también se moderó. El lenguaje de prohibición empezó a ceder frente a uno de transición gradual y armonización territorial.
La tutela del Ministerio
La tensión volvió a escalar este mes, cuando el Ministerio de Ambiente presentó una tutela ante el Consejo de Estado para pedir una decisión definitiva sobre las directrices y cuestionar la prolongación de las medidas cautelares que mantienen suspendido el instrumento. El Gobierno sostiene que cumplió las órdenes judiciales y desarrolló un amplio proceso técnico y ciudadano con más de 168 mesas de trabajo y la participación de unas 10.000 personas entre autoridades, expertos y organizaciones sociales en el marco del CECH.
En paralelo, desde sectores cercanos a la CAR crecieron las críticas contra la lentitud con la que el Distrito y otras entidades han asumido ajustes de fondo sobre expansión urbana y ocupación rural. El Espectador consultó con el Distrito para conocer su opinión tras la nueva tutela, pero no obtuvo respuesta.
Asimismo, la tutela tiene un trasfondo más delicado de lo que parece. El Ministerio insiste en que la Sabana sigue sin un marco ambiental integral en medio de alertas por variabilidad climática y la posible llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante 2026. La discusión ya no gira únicamente alrededor del ordenamiento urbano y toca la seguridad hídrica de una región donde viven más de diez millones de personas y donde el estrés sobre embalses, acuíferos y ecosistemas empieza a sentirse con más fuerza.
Ese vacío, en el que nadie parece asumir responsabilidades mientras el tiempo corre, terminó abriendo espacio para otro movimiento institucional. Mientras las directrices nacionales siguen atrapadas entre ajustes y disputas judiciales, la CAR empezó a mover sus propias fichas.
La actuación de la CAR
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CAR aprobó un acuerdo que redefine los umbrales máximos de suburbanización y endurece las reglas para ocupar suelo rural y suburbano en Bogotá y Cundinamarca. Aunque el lenguaje técnico parece lejano para la mayoría de habitantes de la región, el alcance del proyecto toca directamente el modelo de expansión que transformó la Sabana durante años.
El acuerdo reduce densidades para vivienda campestre, fija límites más estrictos sobre ocupación del suelo y obliga a conservar amplias áreas de vegetación nativa dentro de proyectos suburbanos. En algunos casos, desarrollos que antes podían contemplar varias unidades de vivienda quedarían reducidos a una ocupación mucho más baja. La CAR argumenta que las nuevas reglas buscan responder a problemas acumulados de fragmentación ecológica, presión sobre fuentes hídricas y pérdida de suelo rural.
Lo que está en juego es la forma en que crecerán Bogotá y los municipios durante las próximas décadas. La Sabana se convirtió en el escenario donde chocan dos visiones distintas de ciudad y región. De un lado, la expansión horizontal y desmedida que dominó el mercado inmobiliario desde finales de los noventa. Del otro, una idea todavía en construcción que intenta compactar, limitar y reorganizar el crecimiento alrededor de restricciones ambientales que hace unos años parecían secundarias y que hoy empiezan a sentirse tan inevitables como necesarias.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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