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Usaquén es una de las localidades donde se ofrecen servicios sexuales pagos en establecimientos nocturnos o de manera privada, a través de plataformas virtuales. Allí, un grupo de gestores de la Fundación Foro Cívico citó al menos a una docena de personas que ejercen esta actividad, con el fin de comprender integralmente sus necesidades en salud. Este es el primer estudio que se realiza a nivel distrital, con el que la Alcaldía espera identificar brechas de acceso y mejorar el bienestar de esta población. Fue una búsqueda casi puerta a puerta, en una ciudad donde, según la última caracterización que realizó la Secretaría de la Mujer (2022), hay una población como mínimo de 1.520 trabajadores, de los cuales el 88,2 % son mujeres y el 10,4 %, hombres.
Uno de los encuestados fue Santiago*, un hombre trans de 42 años que desde la pandemia ofrece su trabajo sexual a través de plataformas digitales. A raíz del covid-19, recuerda que lo golpeó la escasez económica, ya que los ingresos como terapeuta de conducta canina y auxiliar veterinario empezaron a escasear. “Las prioridades de las personas en pandemia cambiaron: o adiestraban a su perro o comían. Entonces, mi trabajo empezó a disminuir. Mi novia, que ya lleva muchos años en este tema, me sugirió ingresar. Desde ese momento ha sido un dinero extra que permite darme mis gustos”.
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Él reconoce que el tipo de modalidad, en plataforma digital, es un privilegio. No está expuesto a violencias, decide cuándo subir videos, si reservar o no su identidad o hacer colaboraciones con otros creadores. “Al principio daba un poco de nervios, por la sensación del miedo al prejuicio. Pero luego vienen las expectativas, de si vas a tener mucha o poca visibilidad”, cuenta.
Eso sí, reconoce que no toda la actividad sexual se ejerce de manera segura. Y por eso lo sorprendió mucho una de las preguntas durante la encuesta. “Me impactó la pregunta de si un cliente me había retenido en algún sitio. Eso, por fortuna, en mi realidad no existe. De ahí lo positivo de este estudio para proteger a las otras personas que lastimosamente sí lo padecen”.
El estudio
Encuestar a 1.106 personas que realizan actividades sexuales pagadas es el objetivo de la muestra del estudio liderado por la Secretaría de Salud y ejecutado por la Fundación Foro Cívico, organización no gubernamental que desde 1997 aboga por los derechos humanos con enfoque de género. Este es el primero a nivel distrital que de manera integral busca conocer las necesidades en salud, ocupacional, psicológica y barreras de acceso a derechos de esta población.
El estudio aborda preguntas en materia de salud mental, enfermedades de transmisión sexual, cuidado, autocuidado y accesos a servicios de salud, pero también sobre violencias, redes de apoyo y barreras institucionales. Esta amplitud permite, incluso, evaluar los determinantes sociales, más allá de su propia actividad sexual.
Así lo resalta Paola Gómez, referente distrital para las políticas de actividades sexuales pagadas, de la Secretaría de Salud. “Lo que conocemos hasta ahora está en el marco de la salud sexual y reproductiva. Pero aquí queremos reconocer que la actividad tiene unas características que influyen en la salud de las personas: el consumo problemático de sustancias, estar de pie mucho tiempo, trabajar de noche o el tema de la alimentación”, describe.
Para Diego Alejandro Ríos, director nacional de la Fundación Foro Cívico, su trabajo le ha permitido conocer cómo esta población tiene una baja confianza en las instituciones, “porque se han sentido, incluso, violentados” o atropellados por la misma Policía. De ahí que reconozca que este estudio permite romper esta predisposición y generar puentes de mayor confianza en pro de su bienestar y de su salud.
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Actualmente, las secretarías de Salud y de la Mujer son las entidades que atienden en territorio a esta población, con equipos específicos. La de la Mujer, desde la estrategia Casa de Todas, con servicios de atención psicosocial, sociojurídica y en trabajo social. Por su parte, la Secretaría de Salud, con cuatro equipos integrados por duplas psicosociales y de enfermería, un recurso humano que es limitado y que se dificulta aún más cuando la actividad se atomizó a distintos lugares de la ciudad.
Esto ocurrió en 2022, tras la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que eliminó “las zonas de tolerancia”, luego de atender las recomendaciones de las organizaciones de derechos de las mujeres, las cuales pidieron no territorializar y estereotipar zonas específicas, como ocurre con el barrio Santa Fe.
La radiografía de la actividad sexual en Bogotá
Lina* tiene 31 años y es madre cabeza de hogar. Antes de entrar al mundo del modelaje webcam trabajaba como operaria. Ganaba un salario mínimo, asumía jornadas extensas y veía poco a su hijo. Los gastos del colegio, uniformes, alimentación y demás responsabilidades en el hogar empezaron a asfixiarla económicamente.
En los diálogos con sus amigas, una de ellas le ofreció sumarse a una página de contenido para adultos donde ella trabajaba, explicándole cuánto podía ganar, en un negocio donde ella ponía las condiciones. Así fue que decidió ocultar su rostro e incursionar en este negocio. Solo se muestra del cuello para abajo; acepta “clientes” —como ella prefiere llamarlos— de fuera del país y con edades que oscilan entre los 30 y 45 años. Incluso, fija las restricciones sexuales y los horarios, entre otras cosas. Dependiendo del consumidor, sus ingresos pueden oscilar entre COP 50.000 y COP 300.000. “Hay hombres que pagan solo 10 minutos o solo quieren charlar”, cuenta.
Pero su actividad no se limita a una cámara. Cuando hay días malos, como afirma, recurre al trabajo sexual en calle en un bar de la localidad de San Cristóbal. “No me gusta tanto y uno corre más riesgo. Aunque nunca me he topado con un mal cliente, el miedo siempre está. Entonces, tomo mis precauciones de escoger la residencia, exijo siempre el uso de condón y cada tres meses me hago chequeos médicos”. Más allá de la atención en salud física, cuenta que al principio tuvo que asistir a psicología y luego sus compañeras webcam se convirtieron en sus terapeutas. “Nosotras cargamos con muchas emociones y energías. Hablar entre nosotras ayuda a liberarnos”.
De acuerdo con la última caracterización realizada por la Secretaría de la Mujer sobre las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá (2022), la mayoría son jóvenes entre los 18 y 35 años, con una mayor proporción de personas extranjeras y mujeres.
En el 63 % de los casos, las personas entraron a esta actividad por recomendación de amigas y en el 80 % su principal motivación es generar ingresos económicos para darle una buena calidad de vida a sus hijos, pues de manera amplia, son ellas las únicas que aportan ingresos familiares. De ahí que, aunque el 88 % manifestó querer dejar esta actividad, el 73 % respondió que no tiene otra renta.
“Existen mecanismos y barreras sociales, económicas, judiciales y culturales que hacen que estas mujeres y quienes tienen identidades feminizadas se encuentren especialmente expuestas al empobrecimiento y a tener una baja calidad de vida”, resalta el informe.
En cuanto a la modalidad, encontraron que la población LGBTIQ+ y mayores de 60 años son las que en mayor proporción ejercen la actividad en la calle, lo que supone menores ingresos por su actividad y mayor vulnerabilidad económica. Así trabaja Brittany Blanco, una mujer trans de 28 años, nacida en Cartagena y que llegó a Bogotá hace 16 años.
“Yo empecé a los 17 años, por recomendación de una amiga. Quería experimentar con hombres, tener plata y gastarla en discotecas, ropa, pelucas. Fue cuando ya me vine a Bosa y me prostituyo en la calle”. Como ella, el informe identificó que muchas de las personas habían iniciado la realización de estas actividades en el marco de una Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes -ESCNNA. Por ejemplo, el 19 % respondió que su primer pago lo recibió entre los 10 y 17 años.
En cuanto a su salud sexual y reproductiva, observaron que los hombres registraban más diagnósticos positivos de ITS que las mujeres: Sífilis un 10,92% de hombres y 1,49%, mujeres; y VIH/SIDA un 11,25% de hombres y 0,27% de mujeres.
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Mientras tanto, en términos de salud mental, las cinco sensaciones más comunes registradas fueron cansancio con 60,4%, seguido de tristeza 47,7%, dolores de cabeza 46,4%, soledad 39,5%, preocupación y nerviosismo 38,6%. Pero además de enfrentarse a las emociones propias que se presentan en el ejercicio, también encontraron que deben lidiar con la tensión de tener que ocultar la realidad de la actividad a la que se dedican.
Garantizar su derecho a la salud
La caracterización que adelanta la administración distrital encontró un vacío crítico en materia de acceso al derecho a la salud de esta población: el 51 % de las personas encuestadas no están afiliadas a ningún régimen, siendo las extranjeras y las menores de 35 años las que, en menor medida, reportan tener cobertura. Así lo reconoce la Secretaría de Salud en el estudio que adelantan este año y con el que pretenden, precisamente, cerrar brechas en el acceso efectivo a los servicios y analizar, de manera más rigurosa, cómo llegar con mejor oferta institucional, incluyendo rutas de atención, aseguramiento, continuidad de tratamientos y percepción de calidad en la atención.
Cabe recordar que este proceso es parte de la obligación del Distrito de fortalecer la Política Pública Distrital de Actividades Sexuales Pagadas 2020-2029, una hoja de ruta única en el país, que alcanza a la fecha un avance del 70 %. El corazón de esta política es el reconocimiento de estas personas en el aporte a la vida económica y social de la ciudad, que contrasta, incluso con sentencias de la Corte Constitucional, que recientemente definió la prostitución no como un trabajo, sino como un tipo de violencia que se alimenta “de un sistema de desigualdad y discriminación, basado en el sexo”.
Ante esto, la administración tiene su explicación: “Cuando se hizo la Política Pública, no podíamos hacerlo desde una mirada abolicionista, sino partir de una regulación. No desconocemos estas discusiones, pero en este momento hay personas que realizan esta actividad y tenemos que garantizarles su pleno derecho a la salud de manera integral”, argumentó Paola Gómez, referente distrital.
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La Alcaldía espera publicar los resultados del estudio en agosto y, con ello, abrir la puerta no solo para otras investigaciones, sino también para que la Secretaría de Salud tome decisiones más efectivas y justas en salud pública para esta población, representada en historias como la de Santiago y la de Lina, que más allá de sus razones para ejercer el oficio, esperan un acompañamiento estatal que proteja su actividad integralmente.
*Los nombres fueron cambiados por solicitud de las fuentes.
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Por María Angélica García Puerto
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