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“Contestó mal. Esa no es la respuesta que queríamos escuchar”, fue lo último que le dijeron unos hombres a Carlos Julio Tautiva Cruz, en la finca Casa Quemada, segundos antes de accionar sus fusiles y de acabar con la vida del líder campesino, de 52 años. El crimen lo cometieron frente a su hijo, de 23; su nieto, de dos años, y su nuera, que quedó gravemente herida. Todo habría sido diferente si Yuyo, como le decían, hubiese muerto por alguna enfermedad o un accidente, dice su hija, pero reconocer que a un año de los eventos traumáticos, de la tarde del 11 de abril de 2023, todavía no hay pistas de los responsables, solo ha hecho que su búsqueda de justicia no se detenga, así como la de miles de familias reconocidas como víctimas del conflicto armado en Bogotá.
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Sumapaz fue reconocida el pasado 10 de abril como sujeto de reparación colectiva, en el marco del Mes de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el cual llegó después de varios años de lucha de sus habitantes por adquirir ese estatus especial. Por esos días, Alejandra Tautiva, de 31 años, la mayor de los tres hijos del líder campesino asesinado, y su hermana se reunían con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para recibir alguna respuesta sobre los avances de la investigación por la muerte de su padre. A un año del crimen, y a falta de noticias, enviaron un oficio al ente investigador, solicitándole una actualización del proceso, incluidas las denuncias de las tres amenazas que recibió la familia en el último año.
El homicidio de Carlos Tautiva lo vinculan con un hecho que ocurrió días después de que lo mataran, pero que sigue siendo solo una de las hipótesis. Al tercer día de su muerte circularon por el territorio panfletos que anunciaban la creación del supuesto bloque 53 de la Nueva Marquetalia, dándole a entender, en ese entonces a la comunidad de Sumapaz, que con la muerte del líder este grupo armado quería volver a tener presencia, si no es que ya la tenía, en la localidad.
Pero la refundación de este frente no ha podido ser comprobada por las autoridades, así como tampoco ha logrado identificar ni a los autores materiales ni intelectuales del crimen. Lo cierto es que Sumapaz es nuevamente un territorio dividido entre la paz, la violencia armada y la búsqueda de la verdad. “Ha sido complejo. La Fiscalía ha escuchado testimonios y denuncias de gente que dice haber visto a personas de grupos armados y otros que han señalado a quienes mataron a mi papá, pero nos dicen que solo son comentarios, que es complejo, porque nadie más vio nada ese día”, explicó Alejandra Tautiva.
Cumplirles a las víctimas se torna complicado. Aunque en Bogotá la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas tiene un índice de cumplimiento superior al 70 %, para personas como Alejandra, que es doblemente reconocida como víctima, todavía hay retos por cumplir. Por ejemplo, meses después del crimen de su padre, Alejandra no fue recontratada en su puesto como maestra en un colegio en San Cristóbal, siendo profesional con maestría, reconocida como víctima del conflicto armado y madre de una niña. Y es que, según la Consejería en el Distrito, al 9,7 % de las víctimas (32.640 personas) no se les cumple el derecho a la generación de ingresos. Alejandra, por ahora, vende queso campesino de la finca para tener algún ingreso, mientras aspira que alguna institución la contrate. Sin embargo, el derecho que menos se les cumple a las víctimas es a la vivienda: el 22 % de víctimas, es decir, 74.084 personas, siguen sin un techo seguro.
Memoria y verdad
Alejandra Tautiva mira el mural que contiene 44 fotos de líderes asesinados, entre 2024 y 2024, ubicado en la carrera séptima con calle 12, bajo el título “Defender la paz todavía nos cuesta la vida”. Lo pintaron el 9 de abril, en el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Cuando ella habla del día en el que mataron a su padre, lo narra como si en la tarde del crimen hubiese sido testigo presencial, como si hubiese estado en la finca, aunque realmente ese día estaba haciendo diligencias con su madre en Bogotá.
Cuenta con detalle lo que estaba haciendo su hermano Carlos Julio (así se han llamado todos los hombres Tautiva, generación en generación) y su esposa Nubia González, antes de que llegaran los criminales a la finca. También cómo estos sujetos esperaron a su padre, pero al ver que no llegaba sometieron a su hermano y a su cuñada, a quien pusieron a cocinar almuerzos para 10 “unidades”.
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Cuando Yuyo llegó los sujetos, empuñando sus armas, le pidieron hacer un traslado a esas “unidades”, pero les recordó que 14 años atrás estuvo preso por “colaborar” en un transporte que lo obligaron a hacer los grupos armados de esa época, “la época de la desmovilización del paramilitarismo”, narra su hija. Por eso se negó y les explicó que “no quería repetir esa historia”, pero ellos respondieron con que esa era la respuesta que no querían escuchar.
Las balas no solo asesinaron a Carlos, sino que una de ellas por poco le quita la vida a Nubia, quien recibió un impacto en su cabeza. El niño de dos años se acercó a donde estaba su abuelo tendido y pidió ayuda, diciendo que a su abuelo le había pasado algo, que trajeran rápido a alguien que lo ayudara. Los tipos le quitaron el celular al hermano de Alejandra y le dijeron que si le avisaba a alguien también los mataban. “Mi papá murió, porque no quería repetir la historia”, dice Alejandra Tautiva, señalando que la familia fue reconocida como víctima del conflicto en 2010, recuerdo que seguro se le pasó por la mente a su papá antes de su muerte.
Amenazados
El desplazamiento forzado es el delito que más denuncian las víctimas, seguido de las amenazas, que representan el 8,7 % del total (39.071 casos); el homicidio, el 7,7 % (34.645), y la desaparición forzada, el 1,7 % (7.591). En este año los Tautiva han recibido tres amenazas. La primera fue meses después del crimen de Yuyo, cuando su hijo Carlos Julio recibió una nota que decía, palabras más, palabras menos, que en ausencia del padre asesinado “queda el hijo”. Luego, el 13 de julio, cuando Carlos Julio hijo iba con su hermano en una camioneta, con materiales para adecuar la bóveda donde enterraron a su padre, lo interceptaron dos sujetos en una moto, que los obligaron a bajar del vehículo, los golpearon y les dijeron, antes de irse: “Por eso es por lo que se hacen matar”. La tercera fue el pasado 17 de diciembre, y le tocó a Alejandra. Un amigo de ella recibió una llamada en la que le preguntaban, “¿por qué deja tan sola a Alejandra en la finca? No la dejen tan sola, cuídenla”, decía el sujeto que colgó.
“Mi familia tiene esquema de seguridad colectivo: mi mamá, mi hermano y mi cuñada. Mi hermana y yo no tenemos, estamos en proceso de que nos habiliten un esquema con la UNP en los próximos meses”, añadió Alejandra. El estancamiento del caso ha sido “desconcertante”. Aunque dice Tautiva que a veces no esperan conocer la verdad de quienes idearon y consumaron el asesinato, y que esa es una realidad que no creen que vayan a conocer, “persistiremos para que las víctimas tengamos mejor reconocimiento y atención”.
Aunque en Bogotá hay más de 370.000 víctimas del conflicto, desde 1985 y a la fecha la capital registra 866.834 víctimas que han reportado hechos victimizantes en la ciudad. Sumapaz, por su parte, reportó en los siguientes meses a los sucesos ocurridos en el corregimiento de San Juan un aumento del 80 % del número de víctimas, pasando de 103 en agosto a 186 en diciembre de 2023.
Isabelita Mercado, alta consejera para las Víctimas, señaló que la implementación de la política pública de atención y reparación integral, se ha dado de manera “desarticulada”. “No estamos yendo más allá a entender las barreras que impiden el acceso a las víctimas, es algo que queremos revisar”. Sobre la construcción de memoria y recopilación de estos relatos, la consejera añadió que una de sus apuestas es hacer una investigación robusta sobre el conflicto en la capital. “Bogotá nunca es analizada como una ciudad que vivió el conflicto armado. Los territorios rurales son ejemplo. El conflicto se arraigó allí en unas lógicas similares a otras zonas del país. Generó una ruptura del tejido social”.
Con una camiseta que lleva el rostro de su padre, portando un sombrero que le hizo el costurero de la sombrerería San Miguel, ubicada frente a la Alcaldía de Bogotá, Alejandra Tautiva se adentra al Palacio Liévano para vender los quesos que se producen en la finca, con una mirada expectante de justicia y de verdad.
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Por Juan Camilo Parra
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