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La Snoopy Fun Run Bogotá, realizada el 15 de marzo, sí se llevó a cabo. Las distancias de 10K, 5K y 3K salieron —algunas con retrasos y en medio de reclamos—, pero lo que quedó entre los participantes no fue precisamente la experiencia prometida. Denuncias por fallas logísticas, kits incompletos, desinformación, afectaciones a mascotas y cuestionamientos sobre el control de estos eventos marcan el balance de una jornada que, aunque se ejecutó, terminó desbordada y dejó una pregunta de fondo sobre quién responde realmente por este tipo de eventos en la ciudad.
“La carrera se hizo, pero sin control”: lo que denuncian los asistentes
“Nosotros corrimos, pero todo fue un tema de logística”, cuenta Paola López, una de las asistentes, quien pagó $160.000 en preventa, en declaraciones a El Espectador. Como ella, otros participantes aseguran que el problema comenzó incluso antes del día de la carrera.
Según su relato, tras el pago solo recibieron un correo de confirmación, pero nunca información clara sobre rutas, horarios o entrega de kits. Ese vacío obligó a muchos a depender únicamente de redes sociales para enterarse de cambios clave. “Si uno no tenía redes, no tenía cómo enterarse”, dice.
Ese mismo desorden se trasladó a la entrega de kits. El viernes 13 de marzo, cuando estaba programada desde las 9:00 a. m., los elementos llegaron en un camión cerca de las 9:30 y, además, no estaban armados. A partir de ahí, todo fue improvisación: una fila para verificar números que luego no sirvieron, otra para reclamar el kit, demoras de más de una hora y participantes tratando de organizar lo que, según los testimonios, los propios responsables no lograban controlar. “Era una fila sin sentido”, resume López.
A esa escena se suma el relato de Bryan Stiven Beltrán Barrero, otro asistente, quien describe filas de hasta dos o tres cuadras y tiempos de espera de hasta cuatro o cinco horas. En medio del desorden, la falta de control permitió que varias personas se llevaran camisetas y kits sin verificación. “Las tenían en tulas y la gente se las llevaba casi por bultos”, afirma. Según asistentes, en ese proceso se habrían perdido alrededor de 1.500 camisetas, kits y números, algunos de los cuales terminaron revendidos en redes sociales.
Las inconsistencias también se reflejaron en el contenido de los kits. Varios participantes coinciden en que lo entregado no correspondía a lo anunciado. Botilitos distintos a los promocionados, algunos sin diseño y otros con stickers de baja calidad, bolsas diferentes a las prometidas y camisetas sin control de tallas hicieron parte de la experiencia. “Me tocó coger cualquier camiseta para no quedarme sin nada”, cuenta Carol Lozano, quien además participó con sus perros y, según dice, nunca recibió completo el kit para mascotas.
Su caso expone uno de los puntos más sensibles del evento. Lozano relata que la carrera para mascotas se realizó hacia las 11:00 a. m., en condiciones de alta temperatura y sin puntos adecuados de hidratación para los animales. “Mi perro se insoló. No había agua para las mascotas”, dice.
El caos se extendió hasta la meta. Aunque los participantes de 10K sí alcanzaron medalla, muchos corredores de 5K y la mayoría de quienes corrieron 3K —en su mayoría familias y niños— no la obtuvieron. La inconformidad se hizo evidente en el lugar. “Les gritaban ‘estafadores’ desde la tarima”, recuerda Bryan. Incluso hubo intentos de bloquear la salida de 3K y momentos de tensión, reflejo del nivel de frustración que dejó el evento.
El dinero de las fundaciones: menos de lo prometido y más dudas
A esto se suma la molestia por el manejo de los recursos destinados a fundaciones. Según los asistentes, inicialmente se habló de una donación del 10 % del recaudo, pero posteriormente se aclaró que sería del 5 % del total neto, dividido entre varias organizaciones. Algunas, incluso, habrían tenido que pagar por su participación en el evento, lo que dejó a varias en pérdidas en lugar de beneficiarse de la jornada.
Frente a las denuncias, el organizador Iraik Mier reconoció fallas en la logística y aseguró que la operación fue insuficiente para atender la demanda de asistentes. En conversación con El Espectador, explicó que la entrega de kits se vio afectada por errores de organización y por la falta de personal, lo que derivó en desorden y en que algunas personas sustrajeran elementos de la carpa. Según indicó, la organización cuenta con registros de lo ocurrido y evalúa interponer denuncias por estos hechos.
También señaló a este medio que en este tipo de eventos existen múltiples costos asociados —como seguros para los participantes, producción de kits, mercadeo, logística, transporte y plataformas de pago—, lo que, según su versión, implica una operación compleja. No obstante, reiteró que los participantes que no recibieron kits o medallas deberán hacer la solicitud a través de un formulario o mediante derecho de petición, con el fin de gestionar el envío posterior de estos elementos a las direcciones registradas.
En línea con el comunicado oficial, la organización indicó que no habrá devoluciones generales de dinero, pero sí un proceso de compensación que incluye la entrega de los faltantes y beneficios para futuros eventos. Sobre las fundaciones, Mier sostuvo que el acuerdo desde el inicio correspondía al 5 % del total neto de las inscripciones y aseguró que este porcentaje será entregado según lo pactado.
Pese a lo ocurrido en Bogotá, el organizador confirmó a El Espectador que el evento será replicado en Medellín y Cali, y señaló que esperan corregir los errores evidenciados en esta edición para mejorar la experiencia en futuras carreras.
¿Quién controla estas carreras?: un sistema con límites claros
Sin embargo, más allá de lo ocurrido en este evento, el caso abrió una discusión más amplia sobre cómo se organizan y controlan este tipo de carreras en Bogotá.
Desde el Distrito explican que se trata de eventos privados que deben cumplir con una serie de requisitos, pero cuya ejecución no depende directamente de las entidades públicas. Para poder realizarse, estas actividades deben pasar por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), en el que distintas entidades —como Movilidad, Salud, Bomberos, IDRD y alcaldías locales— revisan aspectos como seguridad, atención de emergencias, cierres viales y planes de manejo.
Según información entregada a El Espectador por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), los organizadores deben solicitar el uso del espacio público con antelación, presentar un proyecto de manejo detallado, cumplir con requisitos técnicos y tramitar permisos que incluyen desde la planimetría del evento hasta certificaciones legales y evaluaciones de riesgo. En caso de requerir cierres viales, también deben acogerse a la Resolución 28049 de 2025 de la Secretaría de Movilidad, que define las condiciones para este tipo de actividades.
Desde el Distrito insisten en que estas carreras son consideradas eventos de aglomeración organizados por privados. Así lo explicaron a este medio, al señalar que su función se limita a verificar el cumplimiento de requisitos como pólizas, planes de emergencia, número de brigadistas, puntos de atención en salud y condiciones de movilidad, pero no intervienen en la operación directa del evento ni en la experiencia que reciben los participantes.
En esa misma línea, fuentes de la Secretaría de Gobierno le indicaron a El Espectador que el Distrito no organiza ni tiene injerencia en aspectos como la entrega de kits, medallas o compensaciones económicas, ya que estos corresponden exclusivamente al operador. “Nosotros solo exigimos que se cumpla el plan de acción y las condiciones de seguridad. Lo demás es responsabilidad del organizador”, explicaron.
Por su parte, desde el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) señalaron que el uso del espacio se tramita a través del IDRD y que, aunque existe una revisión técnica sobre la ocupación y los impactos del evento —incluyendo planes de manejo de tráfico que deben ser evaluados por la Secretaría de Movilidad—, su rol se limita a hacer observaciones dentro de instancias como la Comisión Intersectorial de Espacio Público, sin intervenir en la ejecución ni en la calidad del evento.
Correr en Bogotá: una experiencia que crece… y también se desborda
En la práctica, esto significa que, aunque la ciudad autoriza y regula el marco general —cierres, seguridad y logística macro—, la experiencia concreta que vive el corredor depende casi por completo del organizador. Y ahí es donde, según los testimonios recogidos por El Espectador, se concentra el mayor vacío: en un modelo en el que hay control sobre el papel, pero no necesariamente sobre lo que ocurre en terreno.
Juan Morales, corredor recurrente y también organizador de este tipo de carreras. Desde su experiencia en ambos lados —como participante y como organizador—, pone sobre la mesa una discusión más amplia: el crecimiento acelerado de estos eventos. Explica que correr se ha convertido en una actividad cada vez más masiva y accesible, pero que ese mismo crecimiento, sin una estructura sólida detrás, puede generar riesgos. “Hay muchas cosas bien hechas, pero cuando esto se vuelve tan grande, empiezan los problemas”, señala.
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En ese sentido, recuerda que en eventos de gran escala la logística y la capacidad de respuesta pueden marcar la diferencia. Como antecedente, menciona lo ocurrido en la media maratón de Bogotá 2025, cuando el participante Pedro Enrique Rodríguez Suárez sufrió un quebranto de salud a pocos metros de la meta y, pese a recibir atención y ser trasladado a un centro médico, falleció. Casos como este, advierte, evidencian que no basta con cumplir requisitos en el papel: la respuesta en terreno es la que realmente define la seguridad y la experiencia de los participantes.
Lo que dejó la carrera: fallas, reclamos y un vacío de fondo
En medio de ese escenario, el auge de carreras recreativas en Bogotá ha convertido estos eventos en un modelo de negocio en crecimiento, con costos de inscripción cada vez más altos y una oferta cada vez más amplia.
Para algunos participantes, el problema no es el formato, sino los vacíos en el control de calidad y en la responsabilidad frente a lo prometido. “Correr es algo muy sano y muy democrático, pero cuando esto se vuelve masivo, empiezan a pasar estas cosas”, dice uno de los asistentes.
A esto se suma el impacto en la ciudad. Para la realización de la carrera, se otorgaron los permisos correspondientes para el uso del espacio público —tramitados, como es habitual, a través del IDRD—, lo que implicó el cierre de corredores clave como la carrera Séptima, desde el sector de Las Aguas hasta el Parque Nacional, durante buena parte de la mañana. Estas restricciones se sumaron a otros eventos del día y generaron afectaciones en la movilidad, especialmente en el centro y el norte de Bogotá.
En redes sociales, decenas de jóvenes denunciaron que no lograron llegar a tiempo a sus exámenes por cuenta del tráfico. “¿Cómo se les ocurre programar una carrera cuando hay pruebas del Icfes?”, escribió una usuaria. Otros señalaron que permanecieron largos periodos detenidos en vehículos sin poder avanzar hacia sus lugares de evaluación. Aunque la Secretaría indicó que se mantuvo el monitoreo de la movilidad y pidió a los ciudadanos evitar generar congestión, las quejas evidenciaron que este tipo de eventos puede tener impactos que van más allá de quienes participan en ellos.
Mientras tanto, en Bogotá, lo que dejó esta carrera no fue solo inconformidad entre corredores y asistentes, sino una discusión más amplia sobre los límites del modelo actual. Porque, aunque existen permisos, requisitos y revisiones institucionales, la experiencia final —y sus fallas— sigue recayendo en el organizador. Y en ese punto, la pregunta que queda abierta es clara: quién responde, en la práctica, cuando lo prometido no se cumple.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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