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Mientras las familias de Karen Martínez, de 20 años, y Laura Daniela Gómez, madre de dos menores de 13 y 6 años, llevan el luto, la justicia comienza a operar para esclarecer este caso que ha causado indignación entre la ciudadanía, poniendo frente al pelotón a los moteros. Luego de intensos días de debate, señalamientos a grupos de motociclistas y la trágica lucha y muerte de Laura Daniela en un hospital, la Fiscalía tuvo un acercamiento esta mañana con las familias y los primeros moteros en presentarse a indagación.
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“Fue inesperado. Ninguno esperaba que algo así sucediera y nadie debería pasar por esto”, dice Alexander Gómez, mientras realiza los trámites para reclamar el cuerpo de su hija Laura Daniela, quien conducía la moto cuando un grupo de moteros pasaron muy cerca, haciéndolas caer y arrollándolas la noche del viernes 26 de junio.
En horas de la mañana de este martes, el padre de la conductora víctima vio en noticias que varios motociclistas se habían entregado a la Fiscalía, sin embargo, “al preguntar por ello, un funcionario de la Fiscalía nos dijo que no se ha presentado nadie, quedamos confundidos, no se sabe qué se espera”, señaló a El Espectador, el padre de la joven.
Por su parte, el ente investigador le confirmó a este diario que el fiscal ya está asignado para adelantar las investigaciones: “Ya fueron asignadas las diligencias al fiscal. Además, se están haciendo análisis a los rodantes y están citados los motociclistas para interrogatorio”, indicó el ente. Además, de acuerdo con el abogado de algunos de los moteros que se presentaron este lunes a las diligencias, este grupo pertenece a los conductores que pasaron al frente de las jóvenes antes de que otro motero las desestabilizara.
Sin embargo, para encontrar responsables en este caso, los detalles son de suma importancia, así como el reconocimiento de los distintos grupos moteros al calificar de reprochable, el acto de irresponsabilidad que llevó a la muerte a estas dos jóvenes.
¿Qué tendrá en cuenta la Fiscalía?
Tres meses antes del accidente, Laura Daniela había cumplido su sueño de comprar su motocicleta. “Le gustaban mucho las motos, trabajó y ahorró, mucho para conseguir esa Yamaha en la que iba el día del accidente, en el que se observa a mi hija ir en su carril a velocidad moderada con su compañera de trabajo, Karen”, añadió su padre.
Javier Castiblanco, investigador de accidentes de tránsito, y físico forense del Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro, parte el análisis señalando que en este caso existen dos responsabilidades: “la civil y la penal”. “La responsabilidad civil la tiene todo el grupo de moteros involucrados en las imágenes de los videos, desde el que planeó la salida por esa carretera sin tener en cuenta los límites de velocidad, hasta los que aparecen en las imágenes. Sobre las responsabilidades penales, la persona que hace que pierdan el equilibrio, sería el que tuviese que responder penalmente”, dijo a este diario.
Según Rafael Quintero, abogado penalista, el delito de homicidio en carácter culposo podría aplicársele a la persona que provocó el accidente. “El resultado ocasionado ha sido alcanzado por la realización de un riesgo o peligro creado por el autor del comportamiento, es decir, por parte del motociclista, quien de forma no precavida causo el accidente, se debe individualizar si el conductor creó un riesgo no permitido. Él no tuvo la intensión, es decir, el dolo, pero se ocasionó un perjuicio al bien jurídico tutelado que es la vida de estas dos mujeres”, analizó el experto para este medio.
Otro aspecto que señala el padre de Laura Daniela es la “poca empatía que demostraron el grupo de moteros responsable y que dicen tener los moteros. Tuvieron el tiempo para socorrer a uno de los suyos que había caído, pero no se preocuparon por las dos mujeres que atropellaron”, añadió Alexander Gómez.
Sobre este punto, dice Quintero, podría aplicarse otro tipo penal para los presentes, si así lo corrobora la justicia: “la omisión de socorro, contemplada el artículo 131 de la ley 599 de 2000, ha establecido que, el que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrase en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses. Es deber de la persona ayudar y salvaguardar la integridad física y la vida que está en riesgo como ocurrió aquí, al irse del lugar ellos incurren en este tipo penal”.
Juan David Alonso, instructor de conducción de motocicleta, señala que dentro de la cultura motera, hace falta mayor consciencia de las normas. “Espero que de todo corazón como motociclistas tomemos muchísimo más conciencia cuando deseamos volvernos líderes de grupos moteros en este caso, pues tengamos la conciencia que antes de la calcomanía, antes del nombre del grupo, antes de escoger el color del jersey o el buzo que vamos a ponerle al club, pensemos en capacitar a cada uno de los miembros del club”, señaló.
Finalmente, lo que esperan las familias es que el proceso avance de manera que se le garantice el proceso a las víctimas. “Los responsables de este lamentable suceso deben tener la valentía de afrontar la realidad y que respondan por los hechos, que den la cara. La justicia no puede permitir que esto quede impune como sucede en otros casos”, concluyó el dolido padre.
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Por Juan Camilo Parra
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