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Se mueve la investigación por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, con el nuncio de la Fiscalía de imputar cargos por homicidio culposo contra dos personas vinculadas al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Vale recordar que, el 12 de agosto del año pasado, los padres de la niña la dejaron en el colegio, de donde se salió por una reja, desapareció y luego, 18 días después, la hallaron sin vida a escasos kilómetros de la institución, en aguas del río Frio, en Cajicá.
Quienes deben comparecer ante los jueces de garantías son Emely Fuentes, quien ya no trabaja en la institución, y Danny Javier Ochoa, actual coordinador de compras del colegio. Si bien, tanto para la familia de la menor, como para los abogados del colegio, esto representa un avance, persisten profundas diferencias sobre la investigación y quiénes deberían responder ante la justicia por esta tragedia.
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La disputa por los responsables
Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, aseguró que la imputación constituye apenas un primer paso dentro de un caso que, a su juicio, aún tiene asuntos sin resolver. “Lo que solicitamos es que todos los responsables comparezcan ante la justicia, que se detalle más la investigación, que se profundice en las líneas de indagación y que respondan.”, dijo.
La principal inconformidad de la familia tiene que ver con las personas que quedaron por fuera de la imputación. Según Quintana, la Fiscalía debería avanzar en la vinculación de la rectora, a quien considera responsable del plantel. “Le hemos dicho a la Fiscalía que hay otras personas que creemos deben responder ante la justicia. Se trata de la rectora del colegio, quien era la responsable de las instalaciones; de los profesores, y de la seguridad, cuidado y vigilancia de todos los niños”, afirmó.
El abogado agregó que existe otro docente cuya actuación debería ser examinada. “Vamos a insistir también en el profesor de educación física que vio a Valeria instantes antes de que desapareciera”, señaló. A esto suma una tercera línea de investigación que, según afirma, aún no ha sido esclarecida. “Hay una línea que descansa en un informe de policía judicial de una investigadora, que dice que en la la reja por donde salió Valeria se vio a una tercera persona. Por lo tanto, le estamos preguntando a la Fiscalía quién es y que la identifique”, agregó.
El debate por el tipo de delito
Otra de las diferencias entre las partes tiene que ver con la calificación jurídica de los hechos. La Fiscalía decidió avanzar por el delito de homicidio culposo, pero la familia sostiene que el caso debería analizarse como homicidio doloso en modalidad eventual, como lo confirmó Quintana. “Nosotros le solicitamos en un principio a la Fiscalía que hiciera la imputación por ese delito. Sin embargo, consideró que era homicidio culposo, porque las personas que tenían la titularidad en la protección y cuidado de Valeria infringieron sus deberes y no los cumplieron”, explicó.
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Por esa razón, la familia también solicitó el cambio de la fiscal encargada del caso. “Lo solicitamos, porque hay una inconformidad. Primero, no llama a la persona que creemos es la principal responsable del hecho. Segundo, hay otros profesores del colegio que también deben investigarse. Tercero, por no investigar las versiones de que a Valeria la ahogaron o fue llevada por un tercero, sostuvo.
Desde la otra orilla, la defensa del colegio rechaza de plano la tesis de un homicidio doloso. En declaraciones a El Espectador, Francisco Bernate, abogado defensor del colegio, aseguró que esa hipótesis no tiene sustento. “La tesis del homicidio doloso no tiene cabida. Nadie quiso matar a Valeria. Fue una situación que se presentó y nadie actuó de manera deliberada o intencional para hacerle daño a una menor”, afirmó.
El abogado aseguró que la Fiscalía actuó de manera prudente al limitar la imputación a dos personas y no vincular a la rectora. “La rectora no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos y qué bien que la Fiscalía así lo haya decidido”, sostuvo.
La conciliación que no prosperó
En medio de la controversia también salió a la luz una audiencia de conciliación que se realizó semanas antes de conocerse la solicitud de imputación. Bernate reveló que el colegio acudió a esa diligencia con intención de alcanzar un acuerdo, pero aseguró que las pretensiones económicas planteadas por la familia hicieron imposible avanzar en esa vía.
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Según explicó, inicialmente la reclamación ascendía a $3.000 millones, posteriormente pasó a $4.000 millones y durante la audiencia alcanzó los $10.600 millones. “Por más que el colegio siempre manifestó por todas las vías su intención de arreglar, una pretensión de $10.600 millones descarta cualquier posibilidad de acuerdo”, aseguró.
La familia, sin embargo, considera que el debate económico está desviando la atención del fondo del caso. “La defensa trata de desviar el debate. Toda víctima en Colombia tiene derecho a una indemnización y reparación. Lo que quiere hacer la defensa es entrar en un tema económico como si los papás estuvieran detrás del dinero y eso no es verdad”, respondió Quintana. Y agregó: “Aquí lo importante es quién asesinó a Valeria. No vamos a permitir que la contraparte nos desvíe de ese objetivo”.
La defensa del colegio
Bernate también defendió las condiciones de seguridad de la institución y sostuvo que, antes de los hechos, diferentes autoridades habían realizado visitas al plantel sin advertir irregularidades. Según explicó, en julio de 2025 el colegio recibió inspecciones de la Gobernación, la CAR, el COPASO y los organismos de emergencia, que concluyeron que las instalaciones cumplían con las condiciones requeridas.
“Tenemos las actas de las visitas que se hicieron un mes antes de los hechos, donde todas las autoridades dijeron que todo estaba bien”, aseguró. El abogado insistió en que será la justicia la que determine si existe alguna responsabilidad penal. De momento, el proceso avanza y falta esperar el avance del juicio contra los únicos sospechosos, para conocer de qué lado estará la justicia: de la familia de Valeria o del colegio.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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