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Una vez más, un menor de edad se ve involucrado en un crimen que impacta a la ciudad. Se trata del asesinato de la editora audiovisual de RCN Televisión, Yessica Calvera, de 39 años, a quien encontraron la tarde del pasado viernes sin vida en el baño de su apartamento, ubicado en el tercer piso del edificio Parque de la Matinata, en el sector de Modelia, al noroccidente de Bogotá.
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Conforme con el reporte de Medicina Legal, su cadáver presentaba cerca de 20 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, entre ellas “los glúteos, el ojo izquierdo, la región dorsal, el antebrazo izquierdo, la muñeca derecha, la clavícula izquierda y el abdomen”, como se lee en el informe.
El principal sospechoso del crimen es un menor, de 16 años, quien, según los registros de cámaras de seguridad, fue la única persona que se encontraba en la vivienda. Sumado a que vecinos afirman que en la madrugada de aquel viernes escucharon gritos de auxilio, aunque nadie la pudo salvar.
Este caso genera de nuevo preocupación, no solo por el desarrollo de los procesos judiciales, sino por un nuevo repunte de la participación de menores en delitos.
Solo en la capital, y de acuerdo con las cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, las estadísticas de aprehensiones de menores venían en descenso en los últimos años, al pasar de 2.326 casos en 2019 a 833 en 2021. Sin embargo, el año pasado reportaron la conducción de 854 menores de 18 años, lo que representó un aumento de 21 casos.
En términos generales, la proporción es la misma en casi todos los años: de cada 10 aprehendidos a cinco los condujeron por el delito de hurto; a dos por tráfico de armas o estupefacientes, a dos por lesiones o violencia, y el resto, por otros delitos como daño en bien ajeno, acto sexual con menor de 14 años o terrorismo. Una porción muy mínima (11 en 2022 y 8 en 2021) fue por homicidio, delito que tendría que afrontar el sospechoso del asesinato de Yessica Calvera.
Pero ¿Por qué en Bogotá hay un aumento en la participación de menores en delitos? Una explicación apunta a la violencia e intolerancia que contagia a muchos hogares, así como la violencia intrafamiliar que está aumento en la capital.
Esto, indiscutiblemente se ve reflejado en los niños, niñas y adolescentes. A lo que se suma otro elemento y tiene que ver con la manera como los grupos delincuenciales están instrumentalizando a esta población en la capital, como lo viene advirtiendo la Defensoría del Pueblo, que a través de diferentes alertas tempranas ha hecho el llamado a activar planes de protección para esta población.
“El tema a nivel nacional es preocupante. Unicef e ICBF lanzaron un informe sobre el reclutamiento, que incluye la instrumentalización. El 65 % de los reclutados es porque las bandas los han logrado vincular a microtráfico, situación que es más dramáticas en zonas aisladas. A esto se suma, no solo el tema de salud mental después de la pandemia, donde los niños, niñas y adolescentes fueron los más afectados, y el hecho de que Colombia es el país con las mayores tasas de desempleo juvenil. El llamado, sin duda, es a que se implemente una línea de prevención contra el reclutamiento, que ya existe, pero si no le inyectas recursos, es poco lo que se puede hacer”, indicó Alejandro Ruiz, consultor en tema de derechos de infancia y profesor de la Universidad Nacional.
Por su parte, Ximena Norato, directora de la Fundación Pandi, agrega: “La violencia no ocurre en el vacío y mucho menos cuando se es menor de edad. Es muy probable que entre menos tengan garantizados sus derechos, aumente la posibilidad y la facilidad para usarlos para infringir la ley. El sistema de responsabilidad penal está lleno de adolescentes pobres, mal amados, maltratados, mal alimentados, hacinados. Bogotá tiene que entregar garantía integral de derechos y de calidad de los mismos, para pedir disminución en los delitos. No podemos criminalizar la pobreza, tenemos que garantizar una vida plena a cada niño para que nunca puedan seducirlo para infringir la ley”.
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El proceso
En el caso puntual de joven aprehendido por el crimen de Calvera, de acuerdo con el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, tras la aprehensión del joven, lo que procederá es que se cite al menor a audiencias de formulación, imputación, acusación y otra preparatoria para, finalmente, ser llevado a un juicio oral. Momento en el que lo podrán condenar o absolver. Tras ello, la Fiscalía, la defensa, o ambas partes podrán apelar esta decisión y, de hacerlo, se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior.
Pero dicho todo esto, el experto afirma que el presunto homicida no enfrentaría más de 8 años de condena partiendo de la singularidad de que no tiene 18 años o más:
“De acuerdo con el Código de Infancia de Adolescencia, los menores no son plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos. Por ello, en este caso no se habla propiamente de una condena sino de una sanción que busca resocializar y reparar al menor. En algunos momentos se ha hablado de un presunto feminicidio, este delito en Colombia para un mayor de 18 podría implicar más de 30 años de condena; en el caso de un menor infractor la pena no llegará a más de 8 años”, detalla Castro.
Esto tiene una explicación. Según la abogada Yesica Pineda, especialista en Sistema Procesal Penal, los menores de edad son sujetos de especial protección y, por ende, la justicia en Colombia funciona de manera distinta para ellos, pues para los mayores de edad se trata de un sistema correctivo; mientras que para los menores se trata de uno pedagógico y de restauración de derechos.
“Desde el derecho se parte de la base de que el menor no tiene consentimiento ni capacidad total para entender la conducta en la que incurre. Ante esto el ICBF lo que hace es restablecer sus derechos en el marco de lo que llamamos la justicia restaurativa”, declara la experta.
Quien además deja en claro que tras la condena este menor no irá a un centro carcelario sino hasta que cumpla los 18 años, pagando inicialmente la medida intramural en un Centro de Internamiento Preventivo, en donde se interna a los adolescentes o jóvenes que han incurrido en una conducta punible.
Según esta última litigante, en medio de la investigación se tendrá que determinar si el asesinato de Calvera corresponde a un homicidio doloso, preterintencional o culposo:
“Los tres son diferentes y determinarán la contundencia con la que se pensó y ejecutó la acción. El homicidio culposo, por ejemplo, aplica cuando tiene conocimiento de la conducta y se quiere llevar a cabo la misma. El culposo cuando hay una falta al deber objetivo de cuidado, negligencia o imprudencia y; el preterintencional, cuando desde el inicio se quiere herir a la víctima, pero no matarla”, explica Pineda, quien agrega que de los detalles que se revelen del crimen se identificará si hay agravantes en la conducta o eximentes de responsabilidad.
Por ahora, mientras avanza el proceso contra el joven por el homicidio de Yessica Calvera, lo que queda en el aire es la preocupación por la manera cómo los niños, niñas y adolescentes se están viendo cada vez más involucrados en crímenes de alto impacto y para evitarlo falta mucho por hacer.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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