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El futuro en Bogotá de los cuatro cementerios públicos, Norte, Central, Sur y Parque Serafín ya está en manos de un nuevo administrador. Luego de años de disputas, sanciones y hasta denuncias en Fiscalía por los incumplimientos del antiguo operador Jardines de Luz y Paz, el Distrito no solo se vio obligado en el último año a asumir la operación directa de los camposantos a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), sino a abrir una nueva licitación.
El nuevo contrato de concesión se le adjudicó recientemente al único oferente: Inversiones Montesacro, viejo conocido de la casa (operó los cementerios en 2013), que tendrá la oportunidad de corregir sus errores del pasado y asumir el reto de devolverles a las familias vulnerables la tranquilidad de acceder a un servicio funerario digno al momento de decirles adiós a sus seres queridos.
Un nuevo operador
Desde enero de 2025, cuando terminó anticipadamente el contrato con el anterior operador, la adminstración inició el proceso para elegir su reemplazo, lo cual no fue sencillo. En mayo de 2025 se abrió la licitación, pero fue declarada desierta el 18 de julio por falta de oferentes. ¿La alternativa? El 14 de noviembre se intentó un proceso de selección abreviado de menor cuantía, al que solo se presentó Inversiones Montesacro, a la cual le fue adjudicado el 29 de diciembre un contrato por COP 53 mil millones y vigente hasta el 30 de diciembre de 2031.
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Hoy, casi dos meses después, la UAESP anunció que tras completar trámites de pólizas y la suscripción de una fiducia para garantizar la transparencia de los recursos se iniciará formalmente la operación a finales de este mes. Tras el anuncio, la entidad calificó este paso como decisivo para la “modernización de la operación”, prometiendo mejoras en la infraestructura y en los tiempos de atención.
Experiencia del nuevo operador
Inversiones Montesacro S.A.S. es una empresa con larga trayectoria en el negocio funerario. Según registros de la Cámara de Comercio, fue creada en 1990 y dentro de sus actividades económicas reporta desde apoyo diagnóstico, comercio al por menor de artículos domésticos, fabricación de productos de madera, hasta servicios para la preparación de los muertos para su entierro o cremación.
Para competir por el nuevo contrato en Bogotá, reportó en el SECOP experiencias con el sector público como la prestación de servicios generales para la Armada Nacional e Integración Social (2009 a 2011) y servicios funerarios para Ejército Nacional, la Armada Nacional e ICBF (2013-2016). Sin embargo, en el listado no reportó, por ejemplo, el contrato que celebró el 25 de noviembre de 2013 con la UAESP para administrar los cementerios distritales por siete años, como lo constató este diario, lo que lo hace viejo conocido de la administración capitalina.
Montesacro fue la empresa que tuvo que hacer frente al pico más álgido de la pandemia por el Covid19. Según un informe de 2021 de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público–UAESP, la interventoría concluyó que “cumplió con los servicios remitidos” por la Secretaría de Salud. Desde el 2013 y hasta comienzos de 2021, los ingresos operativos de la firma fueron COP 46 mil millones, siendo el periodo 2020 y 2021 el de mayor recaudo con ingresos cercanos a los COP 9 mil millones.
Reparos del viejo contrato
La relación con el Distrito durante la concesión tuvo algunas dificultades. Al menos, es lo que se deduce al analizar su historial. La Contraloría de Bogotá, por ejemplo, puso en su momento la lupa sobre el contrato y en su auditoría de 2015 reportó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, administrativa y fiscal por COP 350 millones, ante la disminución del porcentaje de retribución (26.1 %) a la UAESP, hallazgos que ratificó pese a los descargos del operador.
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También se encuentran reportadas algunas sanciones monetarias impuestas por la Secretaría de Salud en 2018 debido a violaciones de normas higiénico-sanitarias en el Cementerio Central. En las visitas, personal del Hospital de Usaquén evidenció vías deterioradas, humedad en paredes, techos en mal estado, falta de cerramiento en bóvedas y cenizarios.
Ante esto, Montesacro se defendió diciendo que dichas faltas fueron ocasionadas por falta de aprobación oportuna de la UAESP a los planes de mantenimiento, a lo que la entidad distrital respondió que la aprobación “se daba a medida que la interventoría diera el visto bueno” y que “en varias oportunidades la aprobación fue parcial”. Este choque, sumado al reclamo de algunos reembolsos, llevaron a la empresa a anunciar procesos judiciales, de los cuales se desconoce su desarrollo.
A corregir
Montesacro hoy asume el nuevo contrato sobre cuatro cementerios distritales con afectaciones y deficiencias como lo indica un informe técnico de la UAESP de finales del 2025. En el Cementerio Central, por ejemplo, identificaron 36 puntos críticos con desprendimientos de cielos rasos, fisuras estructurales en vigas y columnas, y corrosión.
En Norte, los espacios de almacenamiento de cenizas o restos presentan filtraciones visibles en muros y techos, así como humedad acumulada. Por su parte, el del Sur registra humedad y hongos en zonas sensibles de exhumación, así como infraestructura deficiente en capillas y oficinas. Finalmente, Serafín requiere mantenimiento correctivo en sanitarios, salas de velación, tanatopraxia y hornos.
Para revertir esta crisis, Inversiones Montesacro tiene la obligación de formular un Plan Integral de Mantenimiento Prioritario dentro de los primeros tres meses y ejecutarlo durante el primer año.
Este plan debe garantizar la rehabilitación progresiva de la infraestructura y conservar los valores patrimoniales de los recintos. Asimismo, el operador deberá administrar y mantener las obras de ampliación de bóvedas y hornos que la UAESP tiene vigentes en el cementerio Serafín.
Un punto clave del contrato es la obligación de garantizar el destino final para poblaciones vulnerables, como víctimas del conflicto y Rom, asumiendo los costos (retribuídos luego por la UAESP) cuando los familiares no puedan pagar; además de las solicitudes de entidades como Medicina Legal y la Fiscalía, especialmente en casos de personas “no identificadas” donde se debe asegurar la cadena de custodia.
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El futuro de los cementerios distritales queda en manos de un viejo operador con experiencia probada, pero no exenta de controversias. El éxito de este nuevo contrato no dependerá solo de su ejecución, sino de una vigilancia rigurosa de la UAESP que impida repetir los viejos descuidos estructurales y garantice un servicio digno para los más vulnerables.
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Por María Angélica García Puerto
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