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El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe, en el que participó un menor de 15 años, reactivó el debate sobre el tratamiento judicial de adolescentes en Colombia. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reconoció que se trata de un tema complejo: “Muchas veces se habla de que hay mucha laxitud”, señaló en rueda de prensa el lunes, ante la pregunta de un periodista: “¿Cómo se le explica a una sociedad que un menor que cometió un atentado tan atroz solo pague máximo 8 años?”.
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La ley colombiana, sin embargo, se basa en tratados internacionales que priorizan la protección y la resocialización de menores, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. Desde 2006, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) se rige por un enfoque restaurativo, no punitivo.
Los menores no son enviados a cárceles, sino a Centros de Atención Especializada (CAE), donde las sanciones van de 2 a 8 años. Su principal característica es que tiene un enfoque restaurativo. Según la Procuraduría, ese fue “un salto importante hacia un nuevo modelo que no solamente implica restaurar, sino también reparar”.
Sobre la diferencia con el sistema penal para adultos, Francisco Bernate, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, partió de otro hecho: “Utilizar a un menor para cometer un delito es ya un delito para los adultos que lo instrumentalizan. Luego, los menores tienen un régimen especial donde no hablamos de medidas de aseguramiento, sino medidas de internación, y tienen sus centros especiales”.
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La fiscal Camargo explicó que este sistema está construido a partir del Sistema Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985 (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de la Libertad de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil “Directrices de Riad” de 1990.
El sistema es articulado por el ICBF e incluye fiscales, jueces especializados, defensores públicos, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo, ICBF, Comisarías de Familia, entre otros.
Centros especializados
A pesar de estas normas, la realidad de estos centros plantea dudas. Catalina Duarte* es una madre bogotana de 37 años que una madrugada de 2021 recibió una noticia que daría un vuelco a su vida: su hijo llegó herido de bala a las 4:00 de la mañana, anunciando que estaba implicado en el homicidio de un joven conductor. En las investigaciones salió a la luz que el joven de 16 años, con un grupo de mayores de edad, protagonizó un robo que salió mal. El menor había sido el enviado para robar al conductor de un taxi precisamente porque era el único menor. La sanción fue de 40 meses y, tres años después de estar internado en el centro especializado El Redentor, el proceso, según su madre, no ha aportado a su resocialización.
Nadia Zambrano es otra madre cuyo hijo menor de edad fue recluido en El Redentor en agosto de 2023 por violencia intrafamiliar. Su sanción es de 22 meses, aunque no podrá cumplirla por completo en el Centro de Atención Especializada, ya que en un motín realizado en diciembre de ese año, el joven habría recibido una golpiza tan fuerte que perdió capacidad cerebral. En su caso, posteriormente le notificaron que el motivo de los actos violentos de su hijo era una condición psiquiátrica relacionada con un trastorno bipolar.
“Entregué a mi hijo Isaac Granados Zambrano el 23 de agosto de 2023 para cumplir su sanción y me lo devolvieron con el cerebro de un niño de 2 años; tiene una lesión cerebral progresiva”, dijo a El Espectador la madre, que continúa luchando por justicia, pues afirma que su hijo fue golpeado por el staff del lugar en medio del intento de fuga, en el que insiste, él no participaba. Claudia Duarte, dice que “muchas mamás están inconformes” con la aplicación de la sanción en El Redentor, a pesar de que el SRPA tiene un enfoque restaurativo, pedagógico y diferenciado del sistema penal para adultos.
En este punto es clave mencionar que, si un menor es infractor o incurre en un delito, el SRPA contempla dos procesos: uno judicial y otro de restablecimiento de derechos: si el o la menor ingresa al sistema y se le dicta una medida de internación, están el Centro de Atención Especializada (CAE), el Centro de Internamiento Preventivo (CIP) y el Centro Transitorio.
En el país, para 2022, se registraron 27 CAE y 28 Centros de Internamiento Preventivo para menores. En Bogotá, se registraron 5 CAE y 2 CIP. Según datos de la Procuraduría, cerca del 53 % de las unidades atienden población masculina, el 31 % población femenina; el 16 % tiene carácter mixto.
Otros datos reseñados por la Defensoría indican que los hombres son los que mayoritariamente ingresan al SRPA, sumando el 87,3 % de las entradas, y las mujeres el 12,7 %. Además, el ICBF reportó el mayor número de ingresos durante el periodo 2019 al 2022 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.
Desde 2019 hasta 2022, los delitos por los que más ingresaron menores al SRPA fueron: hurto, con una representatividad de 18,9 %; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 18,3 %; y violencia intrafamiliar, con 8,9 %.
El Redentor es el centro especializado más conocido en Bogotá, ciudad que encabeza el número de ingresos al sistema del país con el 18 %, por encima de Medellín (13,4 %), Bucaramanga (7,3 %), Cali (6,4 %) y Barranquilla (5,5 %), según datos del informe de la Defensoría del Pueblo de 2023. A pesar del enfoque restaurativo, lo que sucede al interior de los centros cuestiona que las sanciones sean efectivas.
Desde hace tiempo es sabido que los planes de fuga y motines son constantes en este lugar, lo que ha llevado a cuestionar su funcionamiento. “Este año ha estado medio calmada la situación, pero ya en dos fines de semana ha habido intentos de evasión. Les quitaron la visita a los chicos, muchos quedaron en ‘separación’, en un lugar como unos calabozos. Los meten allá como castigo y únicamente les llevan los alimentos, no pueden salir de ese lugar”, dijo una de las madres.
Sobre esto, un dato que preocupó a la Defensoría del Pueblo en su informe es que en el 11,8 % de los centros se reconoció la existencia de cuartos de aislamiento. “Es importante mencionar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de la Infancia y la Adolescencia (numeral 9), las personas en el SRPA no pueden ser sometidas a ningún tipo de aislamiento o medidas de carácter similar con fines disciplinarios, independientemente de su denominación”, dijo el ente.
Otro hallazgo de la Defensoría es que el 76,5 % de los centros cumple con la medida de hacinamiento, pero en 4 centros, ubicados en los departamentos de Bogotá, Santander, Tolima y Valle del Cauca, se encuentran más de seis personas por dormitorio.
La misma fiscal Camargo indicó que: “Cada vez somos más conscientes de que es necesario avanzar hacia un tipo de justicia que garantice que el infractor se sienta motivado para desistir de cometer delitos. Hay situaciones graves en el país como la extorsión desde las propias cárceles. Esto es bien desalentador: necesitamos una cárcel que cumpla esas labores restaurativas y no una que facilite la comisión de delitos”.
Claudia añade: “En vez de ellos resocializarse, salen como peor. Mi hijo ha concentrado mucho odio”. Nadia sugiere: “Si estamos hablando de un centro especializado para menores de edad que está bajo la supervisión del ICBF, lo ideal es que en realidad ellos reciban toda la ayuda psicosocial, para que en realidad logren cumplir su sanción y cuando salgan a la calle, de verdad, verdad, salgan ya con otra mentalidad”.
Sobre las propuestas para que se trate a los niños como a los adultos, el docente de la U. Rosario opina que es “absurdo”: “En los pocos países que así se hace, eso es bastante cuestionado. Niños de 13 años condenados a cadena perpetua o de 14 años sometidos a ejercicios policiales. Seguramente habrá que buscar vías un poco más serias en la forma en que se tratan, quizás algo un poco intermedio”.
Desde el Concejo de Bogotá, Armando Gutiérrez ha advertido la necesidad de revisar la aplicación de las sanciones: “los impactos son profundos y preocupantes. Estamos hablando de menores que, lejos de recibir un enfoque restaurativo o de protección, terminan siendo revictimizados. Se ha documentado la ausencia de rutas claras para garantizar sus derechos, carencia de personal calificado y condiciones indignas de detención”, dijo a este diario.
¿Qué va a pasar con el menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe?
Luz Adriana Camargo dio a conocer que el menor, quien no aceptó los cargos imputados por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, será internado en una celda del búnker de la Fiscalía, una vez salga de la Clínica Colombia en donde está recuperándose de una herida de bala. Esto, como solicitud del ente investigador para mantener su seguridad durante el proceso de inclusión al SRPA. Posteriormente, se seguirán evaluando las medidas, entre ellas que la familia de joven sea parte de un programa de protección a testigos.
Lo que debiéramos preguntarnos como sociedad es cómo acaba un menor inmerso en una red sicarial y qué acciones debemos tomar para evitar que esto suceda.
Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación.
Por otro lado, las madres sostienen que un joven que ha cometido este tipo de crímenes no puede ser abandonado. “Mi hijo también está por un tema de homicidio, y como yo le digo a él, un menor de edad mata a otra persona y le dan 8 años porque la pena máxima de los menores. Donde existiera otra norma, habría más temor a la hora de cometer estos delitos. Ellos piensan, y les meten la cabeza que, porque son menores, pueden hacer tal cosa, matan a este y mato al otro y voy a pagar con 5 o 6 años”.
Cabe resaltar que solo en 2019 ingresaron 14.948 adolescentes; en 2022 la cifra fue de 8.149 jóvenes en el sistema. Más allá de las normas, la fiscal añadió a la pregunta inicial: “Lo que debiéramos preguntarnos como sociedad es cómo acaba un menor inmerso en una red sicarial y qué acciones debemos tomar para evitar que esto suceda. Desde el sistema penal de adultos debemos repensarnos cómo es el sistema de castigos que nosotros aplicamos, porque si el sistema de castigos lo que hace es alimentar las formas de comisión de delitos, tenemos seriamente que plantearnos como sociedad cómo superar esas falencias de nuestro sistema de aplicación de penas o sanciones”.
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
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Por Juan Camilo Parra
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