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En una decisión histórica, tras meses de presión social y análisis, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) renovó la concesión de agua a Indega S.A.S. (que embotella agua para Coca Cola) en La Calera, pero bajo condiciones drásticas: la multinacional pierde tres de siete manantiales; aprovechará menos caudal, y su tiempo de explotación se reduce a la mitad. La decisión, según la autoridad ambiental, está “soportada en un riguroso análisis técnico y jurídico”.
La noticia se conoce tras un largo proceso, mediado por las exigencias de los vecinos de la vereda Santa Helena, que acoge las corrientes de aguas subterráneas de la cuenca Tres Quebradas, que abastecen desde los años 90 el negocio del gigante empresarial. Sus reclamos tuvieron eco en el racionamiento, cuando cuestionar que mientras a ellos les restringían el agua, la embotelladora la explotaba a borbotones.
A partir de ahí se desataron una serie de denuncias por posible sobreexplotación del recurso; ínfimos pagos al año frente a la cantidad de agua captada; obras en zonas protegidas, así como presuntos incumplimientos en los planes de compensación a la comunidad. Todo esto llevó a las autoridades locales y a los entes de control a poner la lupa sobre el licenciamiento.
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Todo esto ocurrió en un momento clave: en 2025 se vencía la concesión y la empresa apuntaba a una tercera prórroga. Hoy, tras casi dos años de audiencias y estudios, la autoridad ambiental accedió a prórroga, pero la limitó. Las medidas fueron bien recibidas por las organizaciones civiles que acompañaron el proceso, al considerar que, luego de 43 años, marcan un precedente al priorizar el consumo humano sobre el industrial.
Vigencia: de 10 a 5 años (El nuevo reloj ambiental)
La última vez que la CAR aprobó una prórroga a Coca-Cola fue en el 2014. Autorizó la captación por 10 años de 3,23 litros por segundo (l/s) de caudal de siete manantiales. Bajo estas condiciones, la empresa tenía la capacidad de producir cada hora 19.380 botellas de agua de 600 mililitros.
Todo esto cambió con el reciente pronunciamiento. La autoridad ambiental no solo redujo el tiempo del permiso a cinco años, sino que autorizó el aprovechamiento solo en cuatro de los siete manantiales que aprovechaba inicialmente. El permiso puntualmente fue para explotar los pozos 1, 2, 3 y 4, del predio San José, en la vereda Santa Helena (negó los pozos 5, 6 y 7, del predio Los Cerritos). Esto implicó una reducción del volumen de captación a 1,9 l/s, con lo que la capacidad ahora será de 11.400 botellas de 600 ml por hora (una reducción del 42%).
Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de planificación y ordenamiento ambiental de la CAR, explicó de manera general el análisis técnico para el permiso, el cual incluyó estudios del caudal de los siete nacimientos; la demanda en el sector producto de concesiones asociadas a acueductos veredales, así como criterios geológicos y análisis de isotopía, para saber el agua de dónde venía. Todo esto lo compararon con el informe que presentó Indega S.A.S. durante el trámite de la solicitud.
¿Qué perdió la multinacional?
Estudios que también, dice, se usaron para concluir qué manantiales se eximían de esta nueva concesión. “Encontramos que los pozos 5, 6 y 7 están muy cerca de la cuenca Tres Quebradas y podrían generar un impacto de recarga. De ahí la decisión de liberarlos, para que esa agua pueda discurrir directamente a la quebrada San Lorenzo (principal fuente de abastecimiento del municipio de La Calera). Mientras que los otros cuatro manantiales no tienen cercanía ni por pendiente a ninguna de las dos quebradas, por eso se otorgó el permiso”.
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De acuerdo con el subdirector, sobre tres de los nacimientos de agua ya no hay placas de cemento, y en los restantes cuatro manantiales (1, 2, 3 y 4) se deberá retirar. Sobre este punto, cabe recordar que cursan dos procesos sancionatorios en la Dirección Regional Bogotá-La Calera, de la CAR, por dicho recubrimiento y un presunto incumplimiento del plan de compensación. El trámite está en etapa de formulación de cargos.
¿Cómo se vigilarán estas condiciones?
En un informe de la Dirección de Recursos Naturales de la CAR (2024), la Corporación encontró que no había un sistema de control en los entonces siete manantiales, para comprobar si efectivamente Indega S.A.S. extraía los 3,23 litros por segundo que tenía autorizados.
Para esta nueva prórroga, el director de la corporación, Alfred Ballesteros, resaltó que una de las obligaciones impuestas a la empresa será instalar sistemas de micromedición, que permitan conocer en todo momento el caudal captado de los nacimientos. “Eso nos va a permitir hacer un seguimiento segundo a segundo de la operación. Si la sociedad peticionaria desatiende estas obligaciones o evidenciamos que capta un caudal mayor a los 1,9 l/s, procederemos a suspenderla de forma inmediata y a revocar el respectivo permiso de concesión de aguas, previo a los trámites administrativos que establece la norma, garantizando el debido proceso”.
La suspensión de la captación de agua también se daría, de acuerdo con Ballesteros, durante eventos naturales de sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, “porque es nuestra obligación garantizar que prioritariamente el agua de la microcuenca sea para el consumo humano de los habitantes del territorio y de las respectivas veredas”, sentenció el director. Finalmente, la Resolución advierte a Coca-Cola la obligación de remitir anualmente el registro de los volúmenes, mes a mes, del año inmediatamente anterior, con el fin de calcular el cobro de la Tasa por Utilización de Agua.
El beneficio para los habitantes de la vereda Santa Helena
Dentro de las obligaciones de Coca-Cola está también presentar un plan de compensaciones ambientales para resarcir a los ecosistemas y a sus comunidades en cuatro ejes: adquirir 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos en la zona de influencia, para su conservación y protección con la plantación de más de 60 mil árboles nativos.
También, realizar estudios, diseños y obras de un sistema alterno de abastecimiento de los manantiales no prorrogados, para garantizar que el agua llegue a los habitantes de las veredas Buenos Aires, Santa Elena y casco urbano de La Calera. De igual forma, instalar una estación hidrometeorológica para la transmisión de datos en tiempo real a la CAR, y finalmente, vincular a las comunidades en actividades para la conservación de flora y fauna, mediante programas de capacitación, aves silvestres e instalación de 10 cámaras trampa en zonas boscosas para monitoreo de animales silvestres.
Estas compensaciones complementan la visión de líderes como Lorena Barreto, hidróloga e integrante de la Corporación Ambiental Terrae, quien estuvo al frente de la revisión del informe de Indega S.A.S., durante el trámite. En entrevista con El Espectador aseguró que esta decisión es un hito histórico. “Lo vemos de manera positiva. Las comunidades lograron elevar este conflicto local a un debate de relevancia nacional sobre la justicia hídrica y la transparencia en estos licenciamientos. Valoramos que la CAR haya escuchado los argumentos de las organizaciones. Ahora, el éxito de la Resolución dependerá del seguimiento riguroso que se haga”.
A su voz, se sumó también la abogada Jessica Morales del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones que solicitó la audiencia pública. “Reconocemos la importancia de la decisión, entre otras, porque la CAR escuchó a la comunidad. Esto también tiene que leerse en un mensaje para el país. Las concesiones hoy han cambiado. Si bien es cierto que la ley no hace esa exigencia clara y expresa de estudios ambientales, hoy tendrían que hacerse, porque sí hay variabilidad climática”.
Desde Indega S.A.S señalaron a este diario que analizarán a detalle la Resolución “en las etapas formales del proceso, con pleno respeto por la institucionalidad, sus decisiones y el marco legal vigente. Reiteramos nuestro compromiso con el uso responsable y sostenible del recurso hídrico y el relacionamiento respetuoso con las comunidades”.
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Hoy, tras 43 años del primer licenciamiento a Coca-Cola, será la primera vez que la autorización se otorgue por cinco años, se reduzcan los volúmenes de captación y uso de manantiales. Una licencia que puso a discutir sobre la prioridad del agua para el consumo humano por encima del productivo, en medio de una realidad por el desabastecimiento hídrico que golpea al país.
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Por María Angélica García Puerto
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