Comerciantes indignados

Hace 18 años Arnulfo Soto decidió dejar sus labores en la bodega del Aeropuerto Internacional Eldorado con las Aerolíneas Centrales de Colombia para independizarse y manejar su propio negocio. Entonces tomó en arriendo un local de un predio ubicado en la calle 13 con avenida 68 (junto al puente vehicular) e instaló el restaurante La Cascada, con un montaje que requirió una inversión de más de $80 millones. Hoy esos recursos, ese tiempo, ese trabajo, están a punto de irse al traste por cuenta de un proceso de expropiación adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La angustia de Soto, y de cerca de 60 personas más que trabajan en los otros siete locales de la edificación de la calle 13, empezó hace tres años, cuando el IDU profirió la resolución para la expropiación administrativa y formuló una oferta de compra a los propietarios, a los que Soto y otros inquilinos les pagaban el arriendo.

“Desde esa época hemos manejado una tensión y un estrés tremendo con el IDU. Ellos querían que entregáramos fácil y nos iban a reconocer sólo $15 millones, sin tener en cuenta que ese dinero no alcanza para montar un nuevo negocio como el que ya tenemos. Además, acreditarlo en otro punto lleva mucho tiempo y esto genera pérdidas al principio”, dice Soto.

El reclamo del comerciante frente a la suma ofrecida por el IDU se funda en que la entidad les canceló a los dueños del predio más de $1.800 millones e indemnizaciones por $242 millones, sin tener en cuenta que Soto y los demás inquilinos del predio todavía estaban pagando el arriendo de cada local.

Respecto a este reparo, Camilo del Busto, uno de los propietarios del inmueble, asegura que él y sus familiares tenían derecho a recibir el arriendo de cada local hasta que el predio fuera de su propiedad, es decir, hasta noviembre de 2011. Sobre las indemnizaciones indica que sólo hasta esa fecha recibieron el pago total por parte del IDU.

Soto, por su parte, cuenta que luego de que los dueños entregaron el predio, el IDU ha intentado desalojarlos por vía policiva en dos ocasiones. “La última vez nos pusimos de acuerdo y les dijimos que íbamos a cerrar la avenida 68”, agrega el hombre de 49 años.

Doris Pinto, quien tiene un bar en uno de los locales del predio, anota que además de su propia suerte le preocupa el rumbo de los trabajadores de los establecimientos, ya que casi 60 familias se quedarían de brazos cruzados.

A viva voz, los comerciantes reclaman que el IDU les reconozca una mayor indemnización para empezar de nuevo con sus negocios, así como una asesoría en la reubicación. Pero, además, Yolanda Páez, su abogada, presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidiendo la nulidad de las resoluciones de expropiación del IDU, pues hay otros predios en la calle 13 donde se podría construir el puente peatonal sin perjudicar a los comerciantes.

El director técnico de predios del IDU, Jaime Landínez, aseguró a este diario que los reconocimientos económicos ofrecidos a los comerciantes se basan en lo permitido por la ley y aunque no cumplan las expectativas de ellos, la entidad no puede sobrepasar los topes establecidos. Agrega que la condición para la entrega del dinero es el desalojo del predio y hasta ahora “sólo uno lo ha hecho. Los demás han incumplido y han presentado ocho tutelas para dilatar el proceso”.

Los comerciantes aseguran que van a dar la pelea para no quedarse sin nada luego de años de trabajo en ese punto. Por ahora su suerte está en manos del Tribunal y de la Corte Constitucional.