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Colombia sigue de luto, pues no asimila el homicidio del pequeño Gabriel Esteban González, de cinco años, a manos de su padre, Gabriel Enrique González Cubillos, como acto de venganza contra su expareja Consuelo Rodríguez tras su reciente separación.
En la mañana del pasado lunes, 3 de octubre, fue encontrado el cuerpo del niño en la habitación 205 del Hotel del Rey, en Melgar (Tolima). Según los mensajes que el asesino le envió a la madre de la víctima, lo mató para que ella “empezara una nueva vida con su actual pareja”.
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Lo doloroso es que Gabriel Esteban fue una víctima inocente más, de las miles que ha cobrado la violencia, con sus múltiples rostros, en el país. De acuerdo con el “Informe sobre homicidios de niñas, niños y adolescentes” de la Alianza por la Niñez Colombiana, entre enero de 2015 y septiembre de 2021, 4.916 menores de edad fueron asesinados, de los cuales 84,2 % fueron niños y 15,7 % niñas. En promedio, a diario matan a dos infantes en Colombia.
La muerte del pequeño Gabriel fue el epílogo de una seguidilla de actos violentos de su padre y denunciados a tiempo (y en reiteradas ocasiones) por Consuelo. Solo basta recordar que lo había denunciado por acoso, luego de que, según relata, el sujeto se agazapara fuera de su casa para evitar que su actual pareja ingresara a su vivienda, la insultaba con mensajes, llamadas y textos de WhatsApp.
Su comportamiento era tan enfermizo, que la mujer se vio obligada a acudir a la Comisaría de Familia de la localidad de Usme, para que lo citaran a conciliación y tratar de encontrar una salida a la situación. La cita fue el 23 de septiembre y, a pesar de los antecedentes y las alertas, uno de los acuerdos fue autorizar a Gabriel Enrique para visitar y salir con su hijo.
El asesino lo recogió el fin de semana, pero el niño jamás regresó. De los detalles ya se ha hablado hasta la saciedad. Lo cierto es que hoy Gabriel Esteban es uno de los más de 426 niños asesinados en lo corrido del 2022. Según Medicina Legal, la mayoría, a manos de sus padres, padrastros o familiares cercanos. En 2021 la cifra cerró con 576 casos, de los cuales, 47 tenían menos de cuatro años.
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Fue un caso más
El trágico desenlace de esta historia solo tendría una explicación: la urgencia del caso de Consuelo quedó diluida en medio de los cientos de denuncias que llegan a diario a las comisarías de familia de Bogotá. De acuerdo con la Subdirección de Familia, de la Secretaría de Integración Social, hasta agosto de 2022 las 37 comisarías disponibles en la capital, tanto virtual como presencialmente, realizaron 84.847 atenciones relacionadas con violencia en contextos familiares, de las cuales 23.368 fueron catalogadas como violencia intrafamiliar. Es decir, en promedio, a diario 110 víctimas (74,5 % son mujeres) acuden a estas entidades por ayuda.
El panorama de la capital no dista mucho del nacional, en especial, cuando las víctimas son niños. Según Medicina Legal, en 2021 se reportaron en Colombia 5.145 casos de violencia intrafamiliar contra menores de edad. En el 35 % de los casos, el principal agresor es uno de sus padres. La cifra este año va en 3.828 denuncias, con un promedio de 12,5 señalamientos cada 24 horas.
Con esta problemática, reflejada en números y en el llanto de mujeres como Consuelo, resulta evidente que hay fallas al valorar la urgencia de cada caso. En este punto, es indispensable preguntar ¿qué se debe corregir en los procesos que adelantan las comisarías de familia, para que las medidas de protección a mujeres y niños sean efectivas? El cuestionamiento toma fuerza al saber que casos como el de la madre del pequeño Gabriel, donde la denuncia no evita la tragedia, son recurrentes.
Por ejemplo, en junio pasado, este diario dio a conocer el caso de una mujer que, a pesar de haber denunciado a su expareja treinta veces por lesiones personales y acceso carnal violento, nada evitó que el sujeto la agrediera con un agente químico. Entonces ¿cuál es la falla?
Según Alejandro Ruiz Caicedo, abogado y profesor de la Universidad Nacional, especialista en Derecho de Familia y Derechos de Infancia; uno de los principales problemas se origina en la capacidad instalada en las comisarias.
“La cantidad de procesos por violencia que ocurren en el país superan a los equipos psicosociales que hay. Estos profesionales no alcanzan a hacer un trabajo profundo. Lo que hacen es una evaluación superficial, cuando la ley exige una valoración técnica completa. Esto seguramente hubiera evitado esta tragedia, porque si se hubiese especificado que el señor Gabriel era o es un peligro y la ley lo percibía así, se le hubiese ordenado la prohibición de las visitas o la supervisión de las mismas”, asevera el experto.
Punto en el que coincide la psicóloga Sonia Margarita Leal, especialista en Gestión del Conflicto y psicoterapeuta de familia. De acuerdo con la profesional, era clave que se identificaran los antecedentes de violencia del padre, dado que esto aumenta de manera directa los factores de riesgo para el niño.
“En un análisis riguroso se hubieran identificado las causales de los conflictos internos, para evitar que esto se repitiera y siguieran afectando, tanto a la madre como a su hijo. En este caso ya había una medida de protección para la mujer por acoso. Sin embargo, se dejó abierta una puerta para que el señor González tuviese acercamientos con Consuelo, a través de su hijo. Esa fue una entrada que se dejó abierta y que pasó factura en este desencadenante fatal”, afirma la psicóloga Leal, quien agrega que en la mayoría de los casos las medidas de protección dictadas por las comisarías tienen efectos, pero no son totalmente reparadores, dado que “quien quiere hacer daño siempre busca la manera de ejercer dominación”.
El Espectador buscó una declaración, por varios canales, de la Comisaría de Familia de la localidad de Usme para conocer el contexto del caso. Sin embargo, los funcionarios alegaron que todo proceso de este tipo se mantiene en reserva, por la privacidad de lo que ocurre en los hogares. Pese a ello, el caso está en la mira de los entes de control.
La Procuraduría, por ejemplo, les solicitó a los comisarios de familia de la localidad información sobre las medidas que adoptaron en el caso de violencia intrafamiliar en contra de Gabriel Enrique González Cubillos. Además, le solicitó a la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- informar si se adelantó el restablecimiento de derechos a favor del menor, entendiendo el efecto que un ambiente marcado por la violencia pudo tener en el bienestar del niño.
Esto último seguro hubiera ayudado a evitar la tragedia, pues, según Catalina Botero, psicóloga de la Fundación Santa Fe y directora del programa “Porque quiero estar bien”, de la Fundación Santo Domingo, en definitiva este entorno de agresiones constantes repercutía en el pequeño Gabriel Esteban:
“En el proceso de desarrollo, los niños aprenden de lo que observan. Un menor expuesto a situaciones de violencia puede empezar a normalizar estas conductas e, incluso, puede replicarlas con sus pares. En algunos casos, pueden vincularse al círculo de violencia como dominadores o víctimas”, explica Botero, quien cuestiona, de paso, la calidad del seguimiento terapéutico del equipo de las comisarías.
Para la Red Jurídica Feminista, el error en este caso es que estas entidades priorizaron la conservación del núcleo familiar, sin tener en cuenta las denuncias de la víctima: “Tuvieron una visión ‘familiarista’, que prefirió que el niño tuviera papá y mamá, sin importar la violencia. Decidieron que, a pesar de las agresiones hacia la madre, podía visitar a su hijo. Se puso en riesgo la vida del niño, suponiendo que un abusador de mujeres sería buen padre”.
A su vez, el abogado Ruiz reconoce que el comportamiento del señor González corresponde a lo que denominó como “los patrones de crianza de hombres bajo modelos patriarcales” e invitó a replantear la forma en la que se ejerce la masculinidad y se educa a los hombres del mañana.
“Hay que pensar qué clase de niños estamos criando, para que no sean adultos que se crean dueños de sus parejas. Hay que trabajar desde las pautas de crianza y en los colegios. En este país hemos firmado un acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas del continente, pero no hemos logrado un acuerdo en los hogares”.
No se trata de hallar culpables, sino de identificar errores que, según los expertos, pudieron estar en la deficiencia de profesionales frente a los casos y en el seguimiento en cada situación.
Desde el Gobierno Nacional y distrital se tendrán que hacer ajustes para mejorar los procesos y garantizar la protección de quienes acuden en búsqueda de ayuda por violencia intrafamiliar, a la espera de que la muerte no visite sus hogares y se lleve a los que más quieren.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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