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El fin de semana estuvo marcado por una noticia que dio un giro inesperado. La denuncia ciudadana de un supuesto abuso sexual contra un niño rápidamente se descartó, tras un examen médico-legal y el testimonio del menor, de 7 años. Al final, todo se trató de una mala interpretación de quienes (de buena fe) decidieron activar y difundir la alerta, que pronto se viralizó.
El caso inició cuando transeúntes del barrio Chicó Navarra, en Usaquén, vieron una confusa escena en el balcón de un apartamento, entre el adulto y el menor. Ellos lo interpretaron como un presunto caso de abuso y, de inmediato, empezaron a gritar y a grabar con su celular.
La indignación se propagó y las autoridades llegaron. Uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia ingresaron al apartamento, arrestaron al sospechoso y lo sacaron en medio de una comunidad que intentó lincharlo.
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Sin embargo, horas después, tras la valoración médica y psicológica a la supuesta víctima, se supo que nunca se trató de un caso de abuso sexual. Es más, se conoció que el adulto y su pareja (ambos estadounidenses) estaban con el niño y sus dos hermanos, porque adelantaban un proceso para adoptarlos.
Hubo consecuencias emocionales
En entrevista con El Espectador, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, resaltó que la alerta ciudadana siempre será fundamental, pero de conocer una sospecha, se debe acudir a los mecanismos institucionales.
“Hay algo importante y es que la sociedad ya está sensibilizada frente a estos temas, pero hay que enseñarle a la ciudadanía que esto tiene un procedimiento que se cumple con rigor. Este caso, en particular, era una acción evitable”.
La preocupación también partió de la exposición de los menores en redes sociales y las consecuencias de lo mediático del caso. “Ellos tienen una interpretación de los hechos. Preguntas del porqué le gritaban palabras soeces, que incluso la niña tuvo que interpretarle a la mamá”, relató la directora del ICBF.
Esto desencadenó una afectación emocional, pues de manera abrupta se interrumpió el proceso de adopción, que para esa fecha ya eran los últimos días de integración, antes de viajar con la pareja.
“La familia lleva tres años en el proceso y, en este punto, ya han tejido un vínculo. Ahora, el proceso se congeló hasta que la Defensoría revisen el caso (…) Pero hasta esta mañana, nos informaron que la voluntad de adopción continúa. La mamá tenía claro y les había prometido a los niños que no los iba a dejar solos e iban a tener una familia”,
El 90 % de los abusos ocurre en el hogar
Este caso se enmarca también en un contexto donde, según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS, el 90% de los casos ocurre en el entorno doméstico.
En paralelo, según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de este año, se han realizado 4.815 exámenes médico-legales en menores por presunto delito sexual. El grupo de edad más afectado estaría entre los 10 y 14 años.
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De ahí, el papel de quienes rodean al menor sea crucial en identificar señales como cambios repentinos en el comportamiento, señales físicas inexplicables o los relatos de los mismos niños.
Un llamado a usar los mecanismos institucionales
En Colombia, en caso de que se presente un delito sexual infantil, se debe activar una Ruta de Atención Integral (o código blanco), que involucra a la Fiscalía, Medicina Legal y psicólogos especializados para realizar entrevistas forenses en espacios seguros. Esto garantiza el debido proceso y permite esclarecer si realmente existe una conducta delictiva antes de señalar a alguien.
Danitza Marentes. Directora de Valientes Colombia, recuerda tres pasos que deben tenerse en cuenta al momento de denunciar.
“La prudencia no significa indiferencia. Pero ahora, debemos canalizar ese miedo y esa rabia con un proceso de articulación con las autoridades. De entrada, debemos pensar tres cosas: la integridad del menor, evitando un daño a su integridad, no ponerse en riesgo y tampoco alertar al victimario. Recordar que ahora, con las redes sociales, hay una huella digital. Una información que queda para toda la vida”.
Tras el caso que se registró este fin de semana en el norte de Bogotá, son muchas las lecciones que quedan para la ciudadanía y los medios. Allí, se demostró que la “justicia por mano propia” y la exposición mediática pueden ser devastadoras, incluso para los mismos menores, quienes escucharon y vivieron los señalamientos a su familia adoptiva.
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El llamado es, por supuesto, a una sociedad con cero tolerancia al abuso, pero también una que acude a los mecanismos de ley para proteger siempre el entorno y privacidad del menor.
Si usted conoce un caso de abuso sexual infantil, recuerde que puede denunciar a la Línea 141 del ICBF o la Línea de emergencias 123.
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Por María Angélica García Puerto
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