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Bogotá es una ciudad que, a diario, abre miles de procesos policivos por convivencia. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 240.237 comparendos, es decir, en promedio, casi 2.000 diarios. Porte de armas, colarse en Transmilenio y consumo de estupefacientes en vía pública son las tres acciones que más se sancionan. No obstante el volumen de sanciones, tan solo 197 han terminado con una decisión formal.
En el histórico, de 2022 a la fecha, el 96,4 % de los comparendos en Bogotá han quedado impagos. El debate lo abrió el partido MIRA en el Concejo de Bogotá, al revelar las cifras que iban a presentar esta semana en el cabildo distrital, antes de que aplazaran el debate de control. La preocupación no es menor: ¿qué pasa con los miles de comparendos impuestos? ¿Más allá del recaudo es una medida que no está teniendo efectos?
Lo que dicen los datos
Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes denunciaron la “ineficacia” en el sistema de convivencia de la ciudad. Aunque la bancada reiteró que el comparendo “bien aplicado” es un instrumento razonable para la convivencia, “el problema no es el volumen de comparendos: es que el Distrito no los cierra, no los cobra y no responde por ello”. Según datos oficiales de las secretarías de Gobierno y Seguridad, entre 2022 y abril de 2026, de 1.918.710 comparendos impuestos por las autoridades, solo el 3,5 % (68.632) se transformó en una multa efectiva.
A pesar de que el proceso determinado por la Ley 1801 de 2016 dice que el comparendo es solo una citación y requiere la ratificación en firme de un inspector para convertirse en sanción, el 96,5 % permanece represado en las Inspecciones de Policía sin una resolución.
Sin infraestructura
Al absurdo volumen de casos se suma otro factor: la sobrecarga con la que operan las inspecciones de Policía y Convivencia. En Bogotá operan cerca de 100, distribuidas a lo largo de sus 20 localidades, cada una con cuatro o cinco colaboradores, para un total de casi 500 empleados, divididos entre funcionarios de planta y contratistas por prestación de servicios, que suelen ser abogados sustanciadores, profesionales técnicos y auxiliares administrativos. Una cifra mínima para la cantidad diaria de reportes, que pueden llegar a más de 2.000.
El grueso del personal se concentra en las localidades con mayor densidad poblacional y demanda procesal. Kennedy encabeza la lista con 67 colaboradores (19 de planta y 48 contratistas) para sus siete inspecciones, y Bosa, con 62 trabajadores (15 de planta y 47 contratistas), que apoyan a cinco despachos. Asimismo, los datos muestran brechas en las sanciones por localidades: mientras sectores como Suba (0,07 %), Bosa (0,10 %) y Kennedy (0,21 %) presentan niveles casi nulos, Antonio Nariño alcanza un 16,76 % utilizando el mismo marco legal y recursos.
A esto se suman problemas físicos y operativos, caracterizados por el hacinamiento en las sedes, la falta de salas de audiencias, deficiencias en el archivo documental e infraestructura precaria, con filtraciones, y mobiliario deteriorado. Además, de una escasa disponibilidad de vehículos institucionales, lo que frena las diligencias en terreno, según los datos que entregó la Secretaría de Gobierno, en la respuesta que envió al derecho de petición que radicó el partido MIRA.
Porte de armas y consumo de drogas
Dos ejemplos concretos de comparendos que mayor disparidad causan son los que se imponen por porte de armas cortopunzantes o por consumo de sustancias psicoactivas en vía pública. En el primer caso, de 726.683 comparendos registrados en cuatro años, solo 9.404 terminaron en una sanción real. Frente a esto, el concejal Bedoya señaló que 98 de cada 100 personas sorprendidas con armas continúan sus vidas sin ninguna consecuencia.
En el caso del porte o consumo de sustancias, desde Policarpa, la clínica de justicia ambulante de Temblores ONG, expresaron su preocupación por una “práctica irregular que hemos identificado a partir del acompañamiento legal a personas que usan drogas: en 10 casos del último año, impusieron comparendos donde la Policía registró información que no corresponde con la realidad (…) En los 10 casos que acompañamos, la Policía afirmó que las personas estaban consumiendo marihuana en el espacio público. Sin embargo, según sus relatos y las pruebas aportadas a Temblores, no estaban consumiendo cuando fueron abordadas. En algunos casos, ni siquiera portaban su dosis personal”, señaló la fundación.
¿Qué dice el Distrito?
En las respuestas a los derechos de petición, el Distrito reconoció los retos a la hora de imponer comparendos y llevarlos a una sanción real. Además de las fallas que describen en las inspecciones por localidad, la propia Secretaría de Seguridad admitió que carecen de estudios que midan de manera directa y sistemática la relación entre la imposición de medidas correctivas, multas, actividades pedagógicas o programas comunitarios y la disminución de comportamientos contrarios a la convivencia.
“La Secretaría de Seguridad no es la autoridad que ordena la medida correctiva. La imposición u ordenación de la medida corresponde a la autoridad de la Policía Nacional, mientras que la SDSCJ programa, desarrolla y certifica la implementación de las actividades pedagógicas de convivencia y programas comunitarios a su cargo”, aclaró la entidad.
Entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2026 se reportaron 11.902 actividades pedagógicas de convivencia y 1.339 jornadas de programa comunitario, como parte del proceso de materialización de medidas correctivas, un volumen muy por debajo de los reportes anuales.
Con estos datos ¿cómo lograr que el código de convivencia y las sanciones realmente cumplan una labor disuasiva? De momento, más allá de resolver todos los comparendos represados, la misión será encontrar una estrategia para que realmente esta herramienta cumpla su función.
Con este panorama, la bancada del partido MIRA solicitó a la Alcaldía revelar el estado legal detallado de los casi 1,8 millones de expedientes represados en las Inspecciones de Policía, así como estructurar un plan de descongestión con metas trimestrales verificables.
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Por Juan Camilo Parra
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