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Lina María Vitucai tenía tres meses cuando falleció, en la madrugada del domingo 9 de junio, en el asentamiento indígena del Parque Nacional, producto, según su padre Aleison Vitucai, de un ahogamiento, al ser dejada abandonada en una hamaca. “Yo llevo dos meses separado de la mamá. A la niña la dejaron sola desde las 6:00 de la tarde, mientras la mamá estaba borracha. Yo no sabía donde estaban viviendo”, relató.
Según un informe detallado de la secretaría de Salud, desde la gestación, cuando la madre se encontraban en la UPI La Florida, le realizaron los controles prenatales. El día del nacimiento, tuvieron que dejar hospitalizada a la bebé, por bajo peso. Luego le dieron de alta, pero no se le pudo hacer seguimiento médico, según el Distrito, porque los líderes indígenas le impidieron el ingreso al personal de salud.
El día en el que murió la bebé, fue la misma madre, quien la llevó hasta la ambulancia permanente, que se encuentra a las afueras del Parque Nacional. La pequeña llegó sin signos vitales. Tras informar a la Policía y a la Fiscalía, el cuerpo lo trasladaron a Medicina Legal y se espera su dictamen, para determinar las causas del fallecimiento.
La muerte de Lina María de nuevo pone en evidencia las fallas que han cometido, tanto los indígenas como las autoridades, en este largo capítulo de las comunidades que se asentaron como protesta en la capital. A la fecha, con el caso de esta bebé, se contabilizan 24 menores Embera fallecidos desde 2021 en Bogotá.
En diálogo con este diario, Favio Arias Estévez, vocero de más de 120 familias indígenas embera Katío, desplazadas forzosamente del Chocó, reconoció algunas de sus fallas. Por ejemplo, que efectivamente no permiten el ingreso de personal médico de la secretaría de Salud al asentamiento que él lidera.
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“Hace ocho meses estamos en el Parque Nacional y no nos quieren contratar como Embera Katío. No le gustamos a la secretaría. Solo quiere hablar con los líderes Embera Chamí, Olga y Jairo”. Lo grave es que mientras Arias alega problemas de contratación, asegura que tres niños, de 5, 8 y 14 años, están enfermos con fiebre, vómito o tos. “No sé cómo vamos a cuidar de ellos. Estoy preocupado. Solo dependen de una ambulancia 24 horas”.
Nadie se pone de acuerdo
La situación con los niños, niñas y adolescentes asentados en el Parque Nacional se hace más compleja, en especial, si se tiene en cuenta que representan el 55% de la población. A las dificultades para la atención en salud, se suma la ineficiencia de la administración y la Nación que, luego de tres años, no han logrado brindar una solución definitiva a los reclamos de las comunidades indígenas.
La situación llegó a tal punto que un concejal tuvo que interponer una acción de tutela para exigir el amparo de los derechos de los menores, que falló favorablemente el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y le dio al ICBF 30 días para hacer seguimiento a los menores de edad indígenas y verifique los casos de inobservancia de sus derechos, con apoyo de otras entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
¿Cuál es la solución? Para la administración, la comunidad Embera, asentada en el Parque Nacional, debe ser retornada con urgencia a sus territorios. Para ello, cuentan con una ruta que, en dos meses, pemitiría que el 83 % de los indígenas, que han manifestado querer irse, puedan regresar a sus pueblos en Chocó. Frente al 17 %, que desea quedarse, también hay planes, para que lo hagan en condiciones dignas. Así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
“Lo que le hemos dicho al Gobierno Nacional, en recientes conversaciones, es la necesidad de fortalecer y apresurar el trabajo que estamos haciendo y les demos una oferta de retorno, aunque no sea una solución definitiva, pues esta población Embera es seminómada, es decir, van a ir y volver a la ciudad”.
Aunque la mayoría de los Embera aprueba el plan, para Usiel Villazón Arias, presidente de la Asociación de Cabildos por Colombia, supone para el Estado retos en seguridad, pues en un departamento como Chocó hay alta presencia de grupos armados como el Eln. “Se necesitan también 150 viviendas, para que puedan retornar, y que la Unidad de Víctimas nos acompañe un año con proyectos productivos. Y sobre todo, beneficiar a los que están allá, pues, de lo contrario, retornarían a Bogotá”.
Por otro lado, para el 17 % de las familias que se quieren quedar en la ciudad, el panorama no es claro. Si bien, el Distrito dice que tiene una ruta para atenderlos, no saben dónde los van a asentar. Aunque esta decisión corresponde al Gobierno Nacional, lo cierto es que, según la SAE, hace un año vienen ofreciendo predios urbanos y rurales a la Alcaldía de Bogotá y a la Unidad de Víctimas, pero a marzo de 2024 no había una solicitud formal. “Se sigue manteniendo la conversación de encontrar lugares en Cundinamarca, por ejemplo”, respondió el secretario de Gobierno.
Por ahora, la situación con los embera en Bogotá, no parece tener un panorama claro. La falta de una vocería unificada y las diferencias entre Distrito y Nación no permiten una pronta solución. Y mientras los adultos siguen buscando caminos, los niños y niñas siguen asumiendo consecuencias de una vida que nunca pidieron.
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Por María Angélica García Puerto
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