Con techo pero sin ley

En la periferia bogotana los asentamientos ilegales son un problema creciente. Algunos están ubicados en zonas de estratos 1 y 2,  otros, de alto estatus,  en áreas de reserva forestal, como es el caso de la urbanización Bosque Mirador, ubicada en la calle 129 arriba de la carrera séptima. Catalina Ramírez, secretaria de Hábitat de Bogotá, afirmó que “hay 33 barrios pendientes de la decisión del Consejo de Estado en torno a los límites de la reserva forestal y la suspensión del fallo de la acción popular sobre la resolución 463 de 2005”, que establece la división de las áreas de reserva en zonas para garantizar su adecuado manejo y administración.

Según Ramírez, son 397 áreas que esperan ser legalizadas. Esta cifra corresponde a 206 desarrollos asentados antes del 27 de junio de 2003, fecha límite estipulada en el Plan de Ordenamiento Territorial para adelantar legalizaciones.

Además, hay 253 zonas que no pueden ser legalizadas, dado que su desarrollo es posterior a la fecha estipulada en el POT. En total, éstas suman 3.468 hectáreas.

Édgar León, quien trabaja con las comunidades de la localidad de Usaquén, afirma que “el problema  es que hay una incompatibilidad entre los  procesos  de las autoridades distritales en el marco de las leyes nacionales”. Según León, “existen zonas que se encuentran en situación de inseguridad jurídica”. Esto se debe a que  por un lado hay barrios que se encuentran en vía de legalización al ser  anteriores  a la fecha estipulada en el POT, pero que presentan la imposibilidad de ser legalizados al encontrarse en zonas de reserva forestal.

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, “de las 20 localidades de Bogotá, 13 presentan surgimientos ilegales”. Usaquén, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar presentan los casos más graves.

El problema  tiene diversas  caras: por un lado, representa el surgimiento de barrios con críticas condiciones de calidad de vida, puesto que no pueden atraer inversión pública ni equipamientos de salud, educación o cultura. Por otro lado, implican una serie de complicaciones en la tasación de los servicios públicos que terminan siendo cobrados  por pérdida. Otro problema son los costos. “Legalizar una zona con todas las implicaciones jurídicas y de inversión, le cuesta al Distrito el triple de lo que cuesta construir un barrio nuevo”, dijo Ramírez. En lo que va del año, el índice de ocupación ilegal disminuyó del 22 al 2% en relación con 2008.

Sin embargo, para Adriana Parias, docente e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, “la preocupación por estos fenómenos no puede partir solamente del hecho de incorporar a legalidad”. Para la investigadora, “es necesario incorporar otro tipo de instrumentos de gestión y de políticas de suelo, porque la ciudad formal se expande, pero también se densifica y la preocupación no sólo debe ser por controlar la expansión”.