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La exploración que hoy adelanta el Distrito para vender el 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB) no es una idea nueva ni una decisión aislada. Se trata de la continuidad de una política pública que se tomó hace casi una década y que ha atravesado varias administraciones, con enfoques distintos, pero con un mismo propósito: usar parte del patrimonio público para financiar grandes obras de la ciudad.
Esta puerta se abrió en la administración de Enrique Peñalosa. En 2016, el Concejo de Bogotá le autorizó la venta de hasta el 20 % de la participación del Distrito en el GEB, bajo la idea obtener recursos para infraestructura en la ciudad, pero sin perder la mayoría accionaria. En 2018, la Alcaldía hizo uso de la autorización, pero solo vendió el 10,6 % de las acciones. Con una acción a casi COP 2.028, recaudó casi COP 2 billones, que se invirtieron en obras como las troncales de la avenida Ciudad de Cali y la 68.
Tras la negociación, la Alcaldía redujo la participación en GEB del 76,3 al 65,7 %, dejando abierta la posibilidad de vender el 9,4 %. Pero La administración de Claudia López no hizo uso de la opción, a pesar de haber sido un mandato marcado por la pandemia y las necesidades. Aunque en 2022 se contempló, la tendencia a la baja del precio de la acción llevó a descartar la venta. En febrero de 2023, por ejemplo, bajó a COP 1.331.
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Ahora, con el alcalde Carlos Fernando Galán y un precio de acción cercano a los COP 3.000, se revive el tema. Sin embargo, no se habla de una venta inmediata, sino del inicio de una fase exploratoria, en un contexto de mercado más favorable y con una empresa con indicadores financieros sólidos. La diferencia, según el Distrito, es el momento de ciudad: Bogotá tiene 1.200 frentes de obras y debe sostener el ritmo de ejecución de proyectos estratégicos, especialmente en movilidad.
¿Cuánta plata está en juego?
La pregunta, insiste la administración, no es si se puede vender —porque la autorización existe—, sino si es el momento. Aunque la exploración avanza y no existe una cifra cerrada, el Distrito tiene proyecciones claras. El antecedente más cercano fue la venta del 10,6 % en 2018, cuando el precio de la acción rondaba los COP 2.028. Hoy, seis años después, el título se ha fortalecido casi 50 % y supera los COP 3.000, monto que fluctuará en los próximos meses dependiendo del comportamiento del mercado.
La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, ha sido enfática en que el monto dependerá de la valoración del mercado y de las condiciones macroeconómicas. Por eso insiste en que no se trata de un proceso automático ni irreversible. Si las condiciones cambian o el precio no resulta conveniente, el Distrito puede suspender la operación, como ocurrió en 2022, cuando el precio de la acción estaba en picada.
¿Para qué obras se usarían los recursos?
La lógica del Distrito es transformar activos: convertir parte del patrimonio financiero en infraestructura con beneficios económicos y sociales de largo plazo. Esto, ligado al momento que atraviesa la ciudad. De acuerdo con Cadena, los recursos de una eventual operación se destinarían a proyectos estratégicos de movilidad: la Primera Línea del Metro, que ya supera el 70 % de avance y cuya posible ampliación hasta la calle 100 está en estudio; la Segunda Línea del metro, próxima a abrir licitación; la troncal de la calle 13, clave para la movilidad y la logística, y el Corredor Verde de la séptima, proyectos bandera en movilidad sostenible.
Dividendos, caja y sostenibilidad fiscal
Uno de los puntos más sensibles del debate es el impacto que tendría la venta del 9,4 % en los dividendos que el GEB entrega cada año al Distrito, una de sus principales fuentes de ingresos no tributarios. Para Cadena, la experiencia demuestra que vender una parte del activo no implica necesariamente perder ingresos. “Tras la venta de 2018, el Distrito no dejó de recibir dividendos; por el contrario, estos siguieron creciendo”, señaló.
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Ese comportamiento, explicó, se debe al fortalecimiento del GEB, que desde 2020 ha invertido cerca de USD 930 millones, ha ampliado su operación regional y ha mantenido utilidades crecientes. En esa lógica, sostuvo que puede ser más conveniente tener una participación menor en una empresa que se valoriza, que una mayor en una que no crece. Además, aseguró que ya existen proyecciones de dividendos hasta 2026 y que, incluso con una menor participación, los ingresos seguirían aumentando.
La mirada empresarial
Desde la perspectiva del Grupo de Energía de Bogotá, su presidente, Juan Ricardo Ortega, insistió en que la exploración no puede leerse como una decisión apresurada. “Hay demasiadas variables económicas, políticas y regulatorias como para anticipar qué va a suceder”, señaló al mencionar el ciclo electoral, así como la coyuntura internacional y las señales regulatorias del país.
Ortega también se refirió a los retrasos en algunos proyectos de transmisión eléctrica, que atribuyó principalmente a trámites administrativos y conflictos con comunidades, más que a problemas financieros. Según explicó, esos procesos avanzan con el Gobierno y podrían destrabarse en el corto plazo.
Frente a las críticas sobre una supuesta privatización encubierta, Ortega fue enfático: el Distrito mantendrá al menos el 51 % de la participación y, por lo tanto, el control de la empresa.
El objetivo de una eventual operación no sería atraer un socio estratégico, sino aumentar la liquidez de la acción y fortalecer el gobierno corporativo.
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En últimas, el debate no es ideológico ni simbólico. Se trata de si Bogotá logra convertir parte de su patrimonio financiero en infraestructura bien ejecutada, sin comprometer su sostenibilidad fiscal ni el papel estratégico del GEB.
Las alertas de los expertos
Para Juan Manuel Guio Jaimes, director del Doctorado en Estudios de Desarrollo y Territorio de la U. de La Salle, vender una parte del Grupo Energía Bogotá puede ser una buena decisión, pero solo si se hace con cautela. Explica que tiene sentido cambiar un activo financiero por obras únicamente si esas obras mejoran realmente la economía de la ciudad a futuro, ya sea con más empleo, mayor recaudo o menores costos para el Distrito.
El problema —advierte— surge cuando esa ganancia social no se traduce en ingresos reales. “Bogotá puede ganar bienestar hoy, pero perder ingresos mañana”, resume. Por eso insiste en que los recursos de la venta deben quedar claramente amarrados a proyectos bien planeados, con cronogramas definidos y una estrategia clara para reemplazar los dividendos que hoy recibe la ciudad. Sin esas garantías, el riesgo es cambiar un ingreso estable por obras que se retrasan o no se terminan.
Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado, sostiene que la eventual venta del 9,4 % de las acciones del Distrito en el Grupo Energía Bogotá (GEB) no debería afectar la compañía ni su planeación estratégica. Por el contrario, una diversificación accionaria fortalecería el gobierno corporativo y elevaría los estándares de gestión, siempre que el Distrito conserve la mayoría accionaria y el control de la empresa.
En conclusión, ambos expertos coinciden en lo esencial: la discusión no es ideológica ni técnica, sino práctica. El verdadero reto es que Bogotá logre usar bien esos recursos —si decide vender—termine las obras prometidas y no debilite una empresa que sigue siendo estratégica para la ciudad y el país.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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