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Nuevas suspicacias rodean el casi inagotable tema del relleno sanitario de Doña Juana. Esta vez, la voz altisonante vino por cuenta del concejal Fernando López, quien está convencido de que a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (Uaesp) haya concretado un convenio interadministrativo con la empresa Aguas de Bogotá para la operación del relleno durante los seis meses siguientes, prevalecen intereses para adjudicar a dedo el contrato de administración del relleno por los próximos siete años.
El pasado 2 de octubre, en rueda de prensa, el alcalde Samuel Moreno y la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, hicieron público un convenio con la empresa Aguas de Bogotá. Sin embargo, para el concejal López hubo un “sospechoso” ocultamiento de información, pues en ningún momento los funcionarios mencionaron que por medio de la resolución 574, del 1° de octubre, había sido declarada la Urgencia Manifiesta, una excepción legal que permitía a la Uaesp otorgar el contrato sin licitación previa. “No puede ser que por el desorden administrativo de una entidad se declare una Urgencia Manifiesta. Por más de cuatro años, cuando se venció el contrato con Proactiva, el tema del relleno ha debido ser prioritario para la Uaesp”, declara López, quien además indica que la resolución 574 no tiene fecha de vencimiento. “Así que en los próximos meses podría ocurrir que la licitación se convierta en una pantomima. Que digan que no se ha definido un ganador en el concurso y el contrato sea entonces adjudicado a dedo”.
Por otra parte, Miriam Martínez asegura haber cumplido con todos los requerimientos legales para avalar el trato con Aguas de Bogotá. “La Urgencia Manifiesta fue un requisito para poder firmar el convenio. De no haber sido declarada, la Ley 80, de contratación pública, no hubiera permitido a la Uaesp formalizar un contrato temporal sin previa licitación”.
Ante la pregunta de por qué no se había hecho pública la declaratoria de urgencia manifiesta, Martínez respondió que la información siempre estuvo disponible en el Registro Distrital y que se trataba de un asunto de trámite interno que carecía de relevancia. “La resolución 574 tuvo vigencia hasta que se concretó el arreglo con Aguas de Bogotá. Actualmente no la tiene porque al firmarlo, los requisitos que la motivaron cesaron”.
La directora de la Uaesp fue enfática en afirmar que la ciudad necesita que el proceso de adjudicación del contrato esté libre de toda sospecha y que por esa razón todos los documentos están siendo entregados a la Contraloría y a la Procuraduría, institución esta última a la que ayer se dirigió el concejal López para denunciar el caso.
De acuerdo con las palabras de Miriam Martínez, en noviembre se colgarán los pliegos para la licitación. Después de que eso ocurra, la administración distrital tardará cerca de tres meses para escoger a la firma que cumpla de la mejor manera los requerimientos.
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