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El Concejo de Bogotá a través de la Comisión de Gobierno volvió a debatir la realidad de los clubes sociales en la capital en el marco de un debate de control político sobre los “Servicios de diversión y esparcimiento en zonas residenciales”, en desarrollo de una proposición de autoría de los cabildantes Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo Cardoso Salazar del Movimiento Mira.
Durante la discusión, los concejales solicitaron a la Secretaría de Gobierno para que en cumplimiento de las competencias legales y complementarias inste a las alcaldías locales y al Consejo de Justicia para que enmarquen sus actuaciones con severidad, eficacia, y prontitud.
“Se debe observar a cabalidad los requisitos sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en las diferentes localidades. No queremos más bares, más discotecas, establecimientos de comercio con venta y consumo de licor en zonas residenciales o aledañas a universidades, colegios, escuelas, centros geriátricos”, argumentó Olga Victoria Rubio Cortés.
Igualmente, el concejal Jairo Cardozo advirtió que la nueva normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hará menos efectivo el control de las autoridades, por las siguientes razones:
Los establecimientos dedicados a esta actividad estarán dispersos por la ciudad en las áreas de actividad económica intensiva y de integración.La ciudad se inundará de estos negocios generando problemáticas: movilidad, seguridad, contaminación auditiva y visual, venta de licor adulterado, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo de incendio y sobrecupo o aglomeración.Las Alcaldías Locales y la Policía no cuentan con la capacidad institucional para ejercer un verdadero control.Por su parte, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que en los últimos cinco años se han producido 335 fallos en Usaquén. Mientras que en Chapinero se han realizado127 cierres definitivos; en Usme 82; en Tunjuelito 237; en Bosa 210 y en Kennedy 455 órdenes en sitios que funcionan con esta modalidad.
Asimismo, en los últimos cuatro años se han producido, en Fontibón 248; Engativá 30 y Suba 627 órdenes de cierres definitivos.
Además, Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que el Consejo de Justicia no resuelve de manera definitiva, sino que se ocupa en segunda instancia de los recursos de apelación, el promedio es de 45 días aproximadamente.
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