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Lizarazo tenía sanciones por vertimientos al Tunjuelo desde 2006, época en la cual el DAMA, hoy Secretaría de Ambiente, le impuso varias medidas preventivas de suspensión de actividades. Sin embargo, desacatando los llamados de las autoridades, la curtiembre siguió operando sin los respectivos permisos.
De acuerdo con la Secretaría, el negocio de Lizarazo requería de una planta de tratamiento de aguas residuales que, según quedó constatado en una visita del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, nunca fue instalada.
Según los estudios de las autoridades, la curtiembre Nápoles incumplía seis de siete parámetros de funcionamiento ambiental. El no cumplimiento de estas normas ocasionó, entre otras cosas, la disminución considerable en el nivel de oxígeno del Tunjuelo, así como la acumulación de metales pesados en el agua, elementos de gran toxicidad para los seres humanos y para la fauna que habita el río aguas abajo.
Esta es una de las condenas más duras que se han impartido por delitos ambientales, que en el Código Penal se castigan con multas de hasta casi $40 mil millones y encarcelamiento entre 48 y 108 meses.
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