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La gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá es muy deficiente. Esta es la principal conclusión del informe de la Auditoría General de la República que evalúa los avances del plan de mejoramiento del organismo de control. A cierre de diciembre de 2010, en criterio del auditor, Iván Darío Gómez, se requiere un monitoreo permanente sobre esa entidad, al tiempo que se cumplen los requisitos para emprender un proceso de carácter sancionatorio.
El Espectador conoció el texto de 26 páginas y nueve más de anexos del informe de auditoría, donde queda claro que persisten riesgos de que prescriban múltiples acciones de control fiscal y se advierte igualmente que el promedio de decisiones de fondo en los procesos sigue siendo muy bajo, pues cada profesional sustanciador de la Contraloría Distrital generó unas 19,3 decisiones en 2010. Un rendimiento que prueba que no se han aplicado todos los correctivos sugeridos.
De igual manera, el documento evidencia que del total de procesos de responsabilidad fiscal que, en el momento de la auditoría, el ente de control adelantaba (543), la mayoría se encontraba en su etapa probatoria inicial y muchos se archivaron por falta de méritos. En concepto de la Auditoría, por cada $1.000 de detrimento del patrimonio público distrital que investigaba la Contraloría a julio de 2010, solamente existía la expectativa de recuperar $3.
El seguimiento de la Auditoría al trabajo que desarrolla el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, viene haciéndose desde mediados de 2010. En un primer reporte al mes de junio, ya se habían advertido algunos de los vacíos que hoy son notorios en sus labores, según el documento.
Por ejemplo, la Auditoría detectó que la Contraloría no contaba siquiera con un sistema de información que le permitiera monitorear la contratación del Distrito, que en ese momento ya ascendía a 105.000 contratos con aproximadamente 180 frentes de obra. Por eso mismo, no pudo establecer hasta dónde trabaja el organismo de control para evitar que continúen las irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a obras.
Respecto al capítulo de los trabajos de la Fase III de Transmilenio, origen del escándalo del llamado cartel de la contratación, y la vinculación del grupo empresarial Nule y de Moralesrussi al mismo, el informe reconoce que la Contraloría presenta avances en la vigilancia fiscal a la contratación de obras públicas, y lo hace en el caso de la cesión de un tramo de la construcción del sistema por la calle 26, pero dice que no es tan clara su gestión en lo que tiene que ver con los sobrecostos generados en dicha cesión.
Según la Auditoría, el despacho de Moralesrussi indicó los porcentajes y valores amortizados de los anticipos, pero no evidenció en el análisis que hizo si éstos se invirtieron efectivamente en la obra.
En cuanto al control fiscal al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en un principio la Auditoría encontró deficiencias evidenciadas en la etapa de planeación de los proyectos analizados. Precisamente, la de la planeación es la etapa que refleja el mayor porcentaje de irregularidades, que inciden en costos adicionales para la ciudad.
A partir de noviembre de 2010, la Contraloría General de la República tuvo que asumir un control excepcional sobre los contratos de movilidad en la capital, razón por la cual la Contraloría de Bogotá se vio forzada a entregar todas las actuaciones adelantadas hasta la fecha. Para la misma época, ya la Auditoría le había advertido a Moralesrussi que aplicara correctivos para garantizar celeridad en la vigilancia fiscal de la contratación, sobre todo de las investigaciones pendientes.
La Auditoría asume que a diciembre de 2010, del total de procesos a consideración de la Contraloría Distrital, 254 ya excedieron los términos de manera significativa. Es decir, el 80,63%. Este diagnóstico constituye una de las razones fundamentales por las cuales el Auditor determinó dar lugar a un hallazgo sancionatorio, pues se mantienen los incumplimientos que ya habían sido detectados en las distintas evaluaciones a la gestión del Contralor.
En general, son múltiples los hallazgos de la Auditoría: riesgo de prescripción, excesivos tiempos promedio para el trámite procesal, dilación e inactividad procesal e inconsistencias en la versión libre, entre muchos otros, que igualmente ameritan un buen número de propuestas de acción correctiva.
Más allá, el asunto se convierte en otra piedra en el zapato para el funcionario que, por su presunta participación en el llamado cartel de la contratación, hoy está bajo la lupa de las autoridades. Moralesrussi ha negado tales acusaciones. La justicia tendrá la última palabra.
Moralesrussi frente al Procurador
Hoy desde las 8 a.m. el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, será escuchado por el procurador general, Alejandro Ordóñez, en una audiencia pública disciplinaria. La jornada se realizará en el marco de la investigación que adelanta la Procuraduría contra Moralesrussi y el exrepresentante a la Cámara Germán Olano Becerra, dentro del llamado cartel de la contratación. La cita es en la sala de audiencias de la entidad, a donde llegará el funcionario seguramente para explicar las menciones que de él ha hecho el empresario Miguel Nule, quien ha asegurado ante la Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría que le habrían pedido una comisión para Moralesrussi a cambio de un contrato.