Contraloría advierte presuntas irregularidades en licitación de Secretaría de Hacienda

Para el contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, resulta extraño que después de invertir 3.000 millones de pesos, correspondientes a la estructuración técnica, jurídica y financiera para la primera fase, que incluye el diseño, estructuración, montaje, operación, soporte, mantenimiento, capacitación de personal vinculado y transferencia total de los resultados y componentes al Distrito Capital únicamente se obtenga 50.000 tarjetas ciudadanas, cuando la meta definida es la expedición 2`490.000 tarjetas con una valor presupuestado de 3.500.millones de pesos.

Por medio de una carta enviada al secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, el Contralor expresó su preocupación porque desconoce qué pasará en las fases subsiguientes de este proceso, cuántos recursos se destinarán para el cumplimiento total del proyecto, quien asumirá la operación total del mismo, pero sobre todo que garantías reales existen para que la estructuración de los pliegos no deje amarrada a una única plataforma tecnológica o proponente las fases subsiguientes, que también deberán licitarse.

Frente a lo anterior, Moralesrussi recordó otros procesos licitatorios que han presentado inconsistencias como: el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con la empresa Siemens para el manejo de los semáforos en la ciudad o con UNISYS para el diseño y puesta en marcha de un software empresarial denominado SAS; el de la empresa Transmilenio para la contratación del sistema de comunicaciones de la flota troncal del Sistema con la empresa Tetramilenio, a partir de una consultoría elaborada por el señor Antonio Utria Arciniegas.

"Estos casos deben servir de ejemplo, para aprender todo aquello que no se debe hacer cuando se estructuran pliegos de condiciones, pues fijar condiciones que amarren de antemano la ejecución contractual a un solo tipo determinado de tecnología conlleva no solamente serios riesgos de dependencia del distrito a un proveedor o fabricante especifico, sino de falta de flexibilidad en la operación y ahorros por economías de escala", puntualizó Moralesrussi.

Así mismo, agregó que es deber de la Contraloría velar porque estos sistemas se puedan montar sobre protocolos abiertos o de lo contrario se estaría atando en un contrato para 50.000 tarjetas con un solo proponente, que tendría asegurado el total del proyecto, lo cual sería riesgoso y oneroso para las finanzas del Distrito capital.