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La Contraloría de Bogotá emitió un informe desfavorable acerca de la situación que atraviesan los vendedores informales y el Instituto para la Economía Social (IPES). En el primer caso, la política para la recuperación del espacio público no refleja avances significativos debido a las dificultades a las que se enfrentan los comerciantes informales, los cuales han tenido serios inconvenientes para pagar el arriendo de los quioscos en donde están ubicados y tampoco han alcanzado las metas de ahorro programado.
"En lo referente al programa de ubicación de quioscos se determinó que transcurridos dos años de haberse iniciado su instalación, el modelo de operación presenta dificultades que han impedido el cumplimiento a cabalidad de las actividades programadas; toda vez que carece de sostenibilidad económica y social para el vendedor, por cuanto el programa está diseñado para un plazo de dos años, al cabo de los cuales los comerciantes deberán devolver el módulo que les fue asignado; estas circunstancias fijadas al bajo nivel de ahorro programado, hacen suponer que los comerciantes no tendrán otra alternativa que ejercer nuevamente la venta no autorizada, invadiendo el espacio público", señala la Contraloría de Bogotá.
Así mismo, precisa que los vendedores no tendrán recursos para iniciar una microempresa duradera con viabilidad comercial y productiva que les permita hacer tránsito al comercio formal.
Según la Contraloría, el saldo de cartera por concepto de arrendamiento en los quioscos asciende a $13 millones. El organismo distrital le solicitó al Comité del Espacio Público replantear la política, pues uno de los objetivos de la dependencia es instalar 3.888 módulos de venta, es decir 1944 quioscos, hasta el año 2019.
Ipes
Para la Contraloría, la situación para el Ipes es igualmente preocupante debido a los gastos que debe asumir el Instituto para cumplir con el pago de arrendamiento, servicios públicos y administrativos.
"De un total de 2861 módulos distribuidos en 32 centros comerciales, se determinó que 928 de ellos se encuentran desocupados lo que equivale a un 32.4% del total de módulos", indica el informe.
El Ipes adicionalmente asume gastos de administración por los módulos que se encuentran cerrados, tal como se observó en el Centro Comercial Minicentro (Calle 60 con carrera 13), por $36 666.810; de los cuales está en proceso de formalización el arrendamiento de 11 locales. Para este centro comercial, la desocupación genera gastos mensuales por $2.390.300, es decirr $28.683.600 anuales, por concepto de pago de administración, servicios públicos y vigilancia, hecho que se presenta aproximadamente desde hace cuatro (4) años", agrega.
A octubre 31 de 2009 la cartera por concepto de arrendamiento y cuotas de sostenimiento ascendió a $422.4 millones, de los cuales $337,8 millones, equivalentes a un 80% del total, constituye cartera superior a un año, y por ende de difícil cobro.
Finalmente, el ente de control precisa que el saldo de cartera por concepto de arrendamiento en los centros comerciales asciende a $422.4 millones.
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