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Para el establecimiento de peajes, la Contraloría pone a consideración de la Alcaldía la opción de establecer un convenio interadministrativo de cooperación entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Movilidad.
Este convenio, mediante el cual el IDU pondría a disposición del Inco durante 20 años la infraestructura vial de los tramos de la Autopista Norte y de la carrera 7ª, garantizaría la rehabilitación y ampliación de la Autopista Norte a cinco carriles entre las calles 192 y 236, la rehabilitación de la carrera séptima entre las calles 181A y 236, así como la operación y mantenimiento de las dos vías. El costo del peaje podría ser del 55% o del 75% del valor que actualmente se cobra a los vehículos que salen de Bogotá por el peaje de Andes.
Según la comunicación, es evidente que los recursos del presupuesto distrital han resultado insuficientes para la sostenibilidad de la malla vial de Bogotá, “hasta el punto que hoy sólo se encuentra en buen estado el 38% del subsistema vial de la ciudad”.
El Contralor, además, señala en su misiva que “resulta imposible que Bogotá, junto con el Departamento y la Nación, puedan financiar los $360.858 millones que, sin incluir predios, cuestan las obras de rehabilitación y ampliación” de estas dos vías.
En la comunicación de la Contraloría se plantea la posibilidad de que este modelo se replique en corredores de integración regional como la calle 13, la Autopista Sur y la Avenida Longitudinal de Occidente.
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