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«Contratación a dedo en Acueducto es permitida por ley»

Un concejal de Bogotá progresista reaccionó al informe de auditoría fiscal revelado por este diario.

01 de agosto de 2012 – 03:12 a. m.

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Diego García, uno de los concejales ambientalistas de Bogotá y miembro de la bancada oficialista de los progresistas, le salió al paso la mañana de este miércoles al informe de auditoría fiscal a la Empresa de Acueducto revelado por este diario en su edición impresa, en el cual la Contraloría distrital señala que en esa empresa no se han tenido en cuenta los principios constitucionales para contratar.

Según el ente de control, que tendrá lista la auditoría definitiva al Acueducto en 15 días, la empresa de servicios públicos gastó entre enero y mayo de este año $4.164 millones en asesorías judiciales y el 42% de sus contratos se hicieron bajo la modalidad de prestación de servicios.

En opinión del concejal García se trata de una modalidad “permitida por la ley”, que en nada denota ningún tipo de corrupción.

“Eso se llama ejecución presupuestal, me preocupan son las entidades que no ejecutan, y habría que ver que en épocas anteriores era la modalidad más utilizada”.

“Lo que sí puede tener claro la ciudadanía es que en esta administración no hay corrupción”, agregó el cabildante del alcalde Gustavo Petro.

En contraste, el concejal verde Antonio Sanguino advirtió que esta auditoría, revelada por El Espectador, “evidencia las aguas turbias que campean en la gerencia de la Empresa de Acueducto. Lo más grave es que esta feria de contratos ocurra cuando hay una caída del 30% de las utilidades de la empresa en los últimos tres años”.

Sanguino remató asegurando que le resulta paradójico que el gerente del Acueducto, Diego Bravo, “con sus actuaciones contradiga el informe que sobre la corrupción en el gobierno de Samuel Moreno hizo su actual jefe, el alcalde Petro, al realizar una contratación directa del 42%”.

Este lunes pasado, el contralor de Bogotá, Diego Ardila, había sacudido la administración con la publicación de una primera auditoría a toda la contratación distrital. Allí reveló presuntas irregularidades como contratos con el mismo objeto, concentración de algunos de ellos en unas mismas personas y falta de idoneidad en algunos contratistas.
 

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