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La Secretaría de Seguridad de Bogotá, en los últimos días, ha tenido que responder por dos supuestos líos en millonarios contratos de soluciones tecnológicas, para avanzar en la lucha contra el crimen y mejorar la reacción a emergencias. Se trata de la instalación de cámaras de reconocimiento de matrículas y la innovación en procesos del sistema de geolocalización en la recepción de denuncias a través de la Línea 123. Ambos ilustran los retos para poner a la capital a la vanguardia de los sistemas de seguridad que tienen las principales capitales del mundo.
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El retraso de las cámaras
La bancada del Centro Democrático en el Concejo tiene en la mira a la cartera de Seguridad. No solo citó al secretario César Restrepo a debate de control político, sino que en redes ha lanzado dardos contra el sistema de videovigilancia de la capital que, dicen, se quedó rezagado en comparación con otras ciudades del mundo. A la fecha, Bogotá tiene conectadas 6.464 cámaras al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4), de las cuales 5.824 son del Distrito. No obstante, el dato de cámaras en servicio varía con los días.
Cifras que solicitó la concejala Diana Diago, con corte al 9 de octubre, señalan que de los dispositivos del Distrito, 1.789 estaban fuera de servicio, es decir, el 30 %. Días después, el concejal Andrés Barrios recibió la respuesta, con corte al 15 de octubre, y ya eran 1.843 (32 %.). Son varias las razones: 814 dispositivos estaban fuera de servicio por fallas de conectividad (65 % del total), y 667, por mantenimiento.
A estas se suman 103, por fallas en la energización; 117, por siniestros, y 88 por obras del IDU. La situación preocupa, en especial, en zonas con grandes retos de seguridad, como la localidad de Santa Fe, donde funcionan solo 189 de las 304 cámaras instaladas, o en Kennedy, donde están habilitadas 315 de 502.
Adicional a este panorama, los esfuerzos por fortalecer el sistema, también presenta líos. Diago llamó la atención por un contrato que suscribió la secretaría de Seguridad en 2023, para instalar 200 cámaras nuevas LRP, las cuales capturan imágenes de vehículos en movimiento y contrastan la información de las placas con los datos que reposa en los archivos de la Policía. Esta promesa de innovación tecnológica, de la pasada administración, sigue en veremos.
Diago halló que, si bien, las 200 cámaras las entregó el contratista el pasado 16 de julio y fijó el 5 de agosto como fecha de instalación, hoy los dispositivos siguen en una bodega. ¿Cuál es la causa? Según la secretaría de Seguridad, esto se debe a que “por las diversas obras en ejecución en la ciudad, ha sido necesario seguir un proceso con actividades como la ingeniería de detalle, con el objetivo realizar ajustes conforme a las necesidades de cada proyecto y de garantizar que Ia instalación se realice de manera adecuada“.
El secretario Restrepo, a su turno, explicó: “El sistema de videovigilancia es todo un reto. Una ciudad en obra impone desafíos en la reubicación del servicio. De las 200 LPR, están instaladas 70 y las otras no se han podido instalar, porque a quien firmó el contrato el 30 de diciembre del año pasado se le olvidó que había que pagar obras adicionales, por ejemplo, que obligaban a mover el punto de las cámaras. El proceso se aplazó para no declararle caducidad al contratista. Estas cámaras serán instaladas en febrero de 2025. Por otro lado, ya están instaladas 310 nuevas cámaras multisensor”.
El contrato de geolocalización
Desde el Concejo surgió otro debate por un contrato que la secretaría iba a adjudicar el 18 de diciembre, pero que aplazó para resolver el revuelo que generó la contratación del proveedor de una herramienta tecnológica, con la que la ciudad experimentó en 2023, para geolocalizar llamadas a la Línea 123. En este caso, la concejala Sandra Forero le puso la lupa al proceso de “Subasta Inversa SCJ-SIF-SASI-010-2024″, por $9.343 millones.
Como antecedente se tiene que la pasada administración contrató 73 licencias para reforzar ese mismo número de estaciones de trabajo de la Línea 123, por un valor cercano a los $5.000 millones. El nuevo contrato, aunque casi duplica el valor, abarca el 100 % de las estaciones y cambia el modelo de negocio.
La idea es que el software permita geolocalizar la ubicación del usuario en tiempo real; interactuar con el usuario en video; permitirle al usuario compartir su ubicación, video en tiempo real e, incluso, un chat silencioso. Con el cambio de año, la administración debía decidir si renovaba el contrato que dejó la pasada administración o habría una nueva licitación. El secretario Restrepo optó por lo segundo, debido a que “las condiciones de los oferentes cambiaron en el último año”.
Forero denunció: “Según el Secretario de Seguridad, los estudios de mercado arrojaron que existían más de 800 proveedores con la capacidad de brindar estos servicios técnicos. Sin embargo, para el nuevo contrato, elige la modalidad de selección abreviada por Subasta Inversa (escoger al oferente del precio más bajo). El resultado es que solo una empresa presentó la oferta. La cual en la primera evaluación se encontraba no habilitada”.
La denuncia se extendió a tal punto que la secretaría tuvo que aplazar el proceso de contratación e, incluso, pedir acompañamiento de entes de control como la Contraloría, la Veeduría y Personería, que respondieron a las críticas: “se han detectado presuntos riesgos identificados a través de quejas de la ciudadanía, denuncias públicas formuladas por concejales de Bogotá y observaciones de los interesados”.
Restrepo aclaró que el C4 tiene 210 estaciones de trabajo en la Línea 123. “El anterior contratista vendió 73 licencias, que cubrían el 34,76 % de las estaciones y lo hacía vendiendo las licencias. Nosotros tuvimos que rehacer el mapeo de oferentes y se encontraron mejoras en la contratación, cuesta más, pero los beneficios son más grandes, con una herramienta que se necesita”.
El lunes 23 de diciembre se realizará la Audiencia Pública para que la secretaría de Seguridad ponga sus cartas claras sobre la mesa y, ese mismo día, adjudique el contrato con el nuevo contratista. De momento, ambos contratos siguen en la mira del Concejo.
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Por Juan Camilo Parra
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