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La escena ocurrió en la estación Pradera y no tardó en volverse viral: varios usuarios señalados de colarse fueron reducidos por personal de seguridad a punta de bolillos. Algunos terminaron con heridas en la cabeza. Más allá del hecho puntual, las imágenes reabrieron una discusión incómoda: ¿en qué momento la cotidianidad del sistema derivó en este tipo de respuestas?
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El episodio no es aislado. Es la expresión visible de una tensión que se viene acumulando desde hace años dentro de Transmilenio, donde el control de las autoridades, la frustración de los problemas diarios del sistema y la precariedad conviven en un mismo espacio.
Pero también es un punto de quiebre: uno en el que la respuesta institucional y las lecturas sobre lo ocurrido empiezan a chocar.
La exacerbación de la violencia aparece como un síntoma inequívoco de un sistema con fallas, pero también como expresión de una ciudad hostil, donde estar a la defensiva , particularmente en el transporte público, se ha vuelto casi una norma.
Un sistema sin herramientas y una violencia que se acumula
Para Germán Prieto, profesor de la especialización en Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo que hoy ocurre responde a un problema que no es nuevo y que se dejó escalar. En su lectura, el punto de partida es estructural: la falta de herramientas efectivas para controlar la evasión.
En la práctica, colarse casi no tiene consecuencias. “Las sanciones son bajas, difíciles de cobrar y, en muchos casos, simbólicas. Esto ha instalado una percepción generalizada entre los usuarios: no pasa nada”, señala el profesor.
Ese vacío ha terminado por normalizar la evasión y, al mismo tiempo, por debilitar a las autoridades. Policías y personal de seguridad privada operan con márgenes difusos de cómo ejercer la fuerza y, al tiempo, cuando intentan ejercer control, se enfrentan a un escenario hostil en el que también son agredidos. Incluso hay casos de ataques con armas blancas en casos de control de colados.
El resultado es una acumulación de tensiones. De un lado, usuarios que actúan bajo la idea de que pueden evadir sin consecuencias. Del otro, personal que trabaja bajo presión constante, expuesto a insultos, agresiones e incluso a riesgos mayores.
Prieto describe este proceso como un círculo vicioso: entre más desorden hay, peor se comportan los usuarios; y entre peor se comportan, más se deteriora el sistema. En ese contexto, la violencia deja de ser excepcional y empieza a volverse parte de la rutina.
Una ciudad que desborda la regulación emocional
Carlos Garavito, coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas del Colegio Colombiano de Psicólogos, se sitúa en otro ángulo plantea que el problema no puede reducirse a una falta de control. Su lectura parte de otro lugar: Transmilenio es, en sí mismo, un entorno que genera riesgo psicológico. La hostilidad que se percibe en las calles de la ciudad, con una percepción de inseguridad disparada, se expresa ampliamente en el transporte público.
El hacinamiento, los tiempos de desplazamiento, la incomodidad y la presión diaria afectan la capacidad de las personas para autorregularse. En esas condiciones, disminuye la empatía, aumenta la irritabilidad y se reduce el control emocional. “No es un sistema amable, ni una ciudad amable”, advierte el profesor Garavito.
Desde esa perspectiva, la violencia que se observa —incluyendo casos como el de la estación Pradera— no es una anomalía, sino una consecuencia esperable. A esto se suman otros factores: la presión económica, la falta de cultura ciudadana consolidada y la ausencia de políticas psicosociales sostenidas.
Garavito insiste en que el problema no es que no existan políticas, sino que fallan en su implementación. Sin recursos, continuidad y personal suficiente, cualquier intervención pierde impacto.
Entre el control y la cultura
Leídas en conjunto, ambas miradas no se contradicen, pero sí cuestionan el enfoque actual. Mientras Prieto insiste en la necesidad de fortalecer la capacidad de control y sanción, Garavito advierte que sin intervenir las condiciones sociales y emocionales de la ciudad, cualquier medida coercitiva será insuficiente.
En el fondo, lo que aparece es una fractura más amplia: la ruptura entre el sistema y sus usuarios.
Esa ruptura se expresa en la normalización de colarse, en la desconfianza hacia el servicio, en la percepción de injusticia frente al costo del pasaje y, cada vez más, en la disposición a la confrontación.
La estrategia 2026 en el centro del debate
Más allá de lo ocurrido en la estación Pradera, la respuesta de Transmilenio se articula alrededor de una apuesta de mediano plazo: su estrategia con horizonte a 2026.
Allí, el foco no es solo reaccionar a hechos puntuales, sino reducir la evasión de manera estructural, a través de un fortalecimiento del control dentro del sistema. La hoja de ruta plantea una combinación de medidas operativas, tecnológicas y pedagógicas, pero con un énfasis claro en cerrar espacios a los colados y recuperar el orden en estaciones y buses.
En esa lógica, el incremento de presencia de personal, los ajustes en infraestructura y los mecanismos de control no aparecen como respuestas aisladas, sino como parte de una política más amplia que busca modificar comportamientos normalizados dentro del sistema.
Sin embargo, es precisamente ese énfasis, donde el control se vuelve el eje visible de la estrategia, el que genera fricciones en el debate público. Desde el Concejo de Bogotá, la crítica apunta directamente a ese enfoque.
“Aquí lo que se ve claramente es la decisión de esta administración de proteger, violentamente si es necesario, las ganancias del oligopolio que hoy opera el SITP”, señaló la concejala Heidy Sánchez. “El gobierno de Carlos Fernando Galán prefiere invertir en represión, en lugar de mejorar las condiciones y la experiencia para el pasajero o pasajera”.
La concejala, además, cuestionó los límites de esa estrategia: “¿Es la orden de la empresa ejercer violencia física contra quienes evaden el pasaje en el sistema?, ¿qué norma habilita a la empresa para ejercer cualquier grado de violencia física contra cualquier persona? Absolutamente nada justifica esta agresión”.
Así, lo que para la empresa es una política de control para enfrentar la evasión, para sectores políticos y sociales empieza a leerse como un endurecimiento que puede escalar en episodios de violencia, en un sistema ya tensionado por el hacinamiento, los tiempos de desplazamiento y las condiciones económicas de los usuarios.
En ese sentido, la idea que crece en una buena parte de los usuarios es que el endurecimiento del control no solo responde a un problema operativo, sino también a una lógica de protección económica del sistema. Hecho que puede “desembocar en casos aún más graves”, advierte el profesor Garavito.
El síntoma de un problema más profundo
En medio de ese cruce, el caso de Pradera deja de ser un hecho aislado para convertirse en síntoma. Síntoma de una ciudadanía que reconoce el problema: la evasión que se volvió paisaje, la pérdida de legitimidad de la autoridad y una convivencia que se erosiona bajo la presión cotidiana de la ciudad.
La pregunta de fondo, entonces, ya no es solo cómo evitar que alguien se cuele. Es si Transmilenio y la ciudad tienen hoy la capacidad de contener una violencia que lleva años incubándose.
No es una discusión nueva ni abstracta. En 2024, la justicia condenó a 16 años y seis meses de prisión a un patrullero por el homicidio de un joven de 19 años que se coló en el sistema, en un procedimiento calificado como injustificado.
Ese antecedente traza un límite claro: muestra hasta dónde puede escalar un sistema tensionado cuando el control se impone sin mediaciones suficientes.
Hoy, con una estrategia que refuerza ese control y una ciudadanía que responde desde la frustración, la pregunta deja de ser cómo frenar la evasión. Es otra: hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema para hacerlo, y qué tan lejos está la ciudad de pagar las consecuencias.
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