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Los drogodependientes ya pueden portar su dosis mínima sin temor a que se las decomisen e, incluso, consumirla en los parques sin miedo a un comparendo. Este es, en resumen, el efecto de las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que prácticamente dejan “sin dientes” el Decreto nacional (firmado en 2018 por el presidente Iván Duque), con el que buscaba contrarrestar las drogas en espacios públicos.
Ante este panorama, que se podría considerar el fin de una medida que enfrentó el libre desarrollo de la personalidad y la lucha contra las drogas, se abren varias preguntas: ¿cómo estructurar una estrategia que combine la lucha contra el microtráfico, blinde los entornos escolares y proteja el derecho de los consumidores? ¿Cómo combinar un enfoque de salud que atienda al consumidor, con otro que ataque a los dueños del negocio?
Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, tiene un punto de partida. Afirma que, en el campo de las drogas, el principal obstáculo para definir una estrategia es pretender clasificar a todos los actores con el mismo grado de responsabilidad. “Nos hemos fijado en el consumidor como si fuera el problema, cuando realmente es víctima de un sistema de narcomenudeo, que se encarga de distribuir esta droga en diferentes entornos”.
“Hoy metemos en una sola bolsa al consumidor y al repartidor, o mal llamado jíbaro, y no son lo mismo. Uno está en el marco del libre desarrollo de la personalidad, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y otro en el marco del delito”. Frente a esto, le sugiere al Distrito agilizar la creación de una política pública integral de prevención del consumo y atacar con fuerza las redes que se lucran de la renta ilícita, para procurar su desmantelamiento.
Julián Quintero, vocero de Échele Cabeza, complementa la visión de Nieto con un elemento fundamental: la convivencia. Para él, el Distrito debería crear un programa local de convivencia con las comunidades, organizaciones y consumidores, para llegar a acuerdos sobre el uso del espacio público. Asimismo, a trabajar con la fuerza pública, para que haga los procedimientos adecuados y evitar casos de abuso de autoridad.
Esta última advertencia la hace al considerar que, si bien el Consejo de Estado fue claro en que la incautación de la droga se puede hacer cuando hay pruebas de que quien la porta la está vendiendo, esto les da a los uniformados un poder discrecional que, a la hora de abordar a un consumidor, podría terminar en malas interpretaciones o en excesos. “Es un reto para la Policía y el Distrito, que deberían fijar un nuevo lineamiento para el manejo de estas situaciones”.
Frente a este último punto, John Anzola, experto en seguridad y convivencia, dice que perseguir a un consumidor, a la larga, no genera ningún impacto en la seguridad ciudadana ni en el desmantelamiento de bandas criminales. Por esto propone que se elimine el enfoque punitivo con los consumidores y se aborde como un tema de salud pública, desde la prevención.
La tarea no es sencilla, en especial cuando hay gente que sigue convencida de que las autoridades deben hacer todo lo que esté al alcance para mantener el espacio público libre de drogas. Así lo han expresado varios concejales, quienes desde el debate del año pasado —cuando se habló de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y cigarrillo en el espacio público— plantearon la necesidad de priorizar los derechos de los niños y las familias a tener un entorno sano.
Basada en este argumento, la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) considera la decisión del Consejo de Estado (que impide el decomiso de la dosis mínima) como un retroceso en el esfuerzo de combatir el microtráfico. “Los delincuentes conocen las normas y el aparato de justicia. Por eso juegan con los fallos y las decisiones del Estado para hacer de las suyas”.
Agrega que esto será un problema de convivencia en los barrios, porque no se tendrá claro el límite entre los derechos de los menores y de los consumidores. “Por eso, sugiero que, para no atentar contra su libre personalidad, quien quiera consumir, lo haga en su casa, pero no en el parque, donde están las familias con sus hijos”.
La crítica viene acompañada de una propuesta del concejal Emel Rojas (Colombia Justa Libres), quien cree que, para hacerle frente a lo que se viene por las condiciones que fijaron las altas Cortes alrededor de la dosis mínima, sería necesario reforzar la sección de inteligencia de la Policía, para perseguir a las estructuras criminales.
Con este panorama, el Distrito debe poner en marcha acciones para mantener una sana convivencia entre consumidores y no consumidores y a plantear nuevos lineamientos a la Policía, para que el abordaje del consumo de drogas en la calle no terminen siendo un foco más de denuncias contra la institución. En este punto, cabe recordar que, desde su candidatura, la alcaldesa Claudia López dijo que su gestión no se iba a dedicar a perseguir consumidores, sino atacar el problema desde su raíz, que es el microtráfico.
Si bien, el reto que se viene será complejo, está claro que el plan que se estructure debe ser un esfuerzo de salud pública, que reconozca a los consumidores como los actores más vulnerables de la cadena del narcotráfico y que promueva la convivencia ciudadana (entre consumidores y no consumidores), pues cuando los consumidores dejen de ser el foco, seguramente las autoridades se podrán dedicar a combatir el verdadero problema: los dueños del negocio.
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