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Está próxima a abrirse la licitación para la construcción del Corredor Verde por el icónico corredor de la carrera séptima. Según el Distrito, ultiman detalles para publicar los prepliegos, claves tanto para los interesados en el contrato como para quienes desean encontrar argumentos para tumbarlo. El anuncio se conoce luego de meses de ajustes y silencio de la administración que, al igual que en otras ocasiones (diciembre y mayo), no tiene fecha exacta para dar a conocer las condiciones técnicas y financieras del contrato, que se estima en $2,6 billones.
En términos generales, el proyecto es claro: la intervención de 22 kilómetros (desde la calle 26 hasta la 200) para construir una troncal, por donde rodarán buses BRT o Transmilenio ligero, que beneficiará a localidades como Santa Fe, La Candelaria, Chapinero y Usaquén, razón por la cual este proyecto es fundamental para la actual administración. No solo porque dotará de transporte masivo el corredor oriental, sino que conectará un circuito con la troncal de Transmilenio de la 68 y hará parte de las obras complementarias de la primera línea del metro.
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Firmas contra el Corredor
No obstante, algunos de los vecinos insisten en oponerse, como se ve en las pancartas y los afiches pegados en las ventanas de sus apartamentos, y ahora con un proceso de recolección de firmas. Mientras el Distrito ajusta los prepliegos de la licitación, desde el 17 de mayo, grupos de ciudadanos adelantan un proceso para recolectar más de 30.000 firmas y promover un cabildo abierto y que la Alcaldía responda a las dudas de los vecinos. “Hemos recolectado 20.000 firmas digitales y 6.000 físicas. Lo que queremos es decirle a la alcaldesa, Claudia López, que el proyecto que plantean no es el que le conviene a la ciudad”, indicó Camilo Rubiano, líder del proceso ciudadano detrás de la recolección de las firmas.
Los vecinos se oponen a la redistribución del espacio público con carriles exclusivos para Transmilenio, pocos carriles mixtos, ciclovías y andenes, y particularmente que el proyecto contemple una restricción para la circulación de vehículos particulares, entre las calles 32 y la 92 (sentido norte-sur), por sus traumatismos para ingresar al centro de la ciudad.
Esta molestia, según algunos expertos, es producto de la poca participación de la ciudadana en la estructuración del proyecto. “Una tendencia es que las campañas de divulgación se vuelven jornadas informativas y no de participación. Si bien hay presentación de lo que se quiere hacer, no está claro cómo las inquietudes se trasladan a los diseños”, precisó José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional. Vale recordar que, desde marzo, los opositores pidieron acompañamiento preventivo a la Procuraduría para verificar los procesos de participación y su incidencia en el proyecto.
Los retrasos
Algo que ha permitido la prolongación del debate son sus evidentes retrasos. Según Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la demora para abrir la licitación se debe a los ajustes en los diseños, que debe aprobar la interventoría, ya que son la base para que los oferentes hagan sus propuestas económicas. “En las últimas semanas, hemos trabajado en las aprobaciones completas. En este momento se puede decir que el 90 % de los entregables están aprobados. Falta poco”.
De esta manera, el IDU aclara que de 16 productos que se deben entregar, el 60 % están aprobados; el resto cuenta con un avance del 95 %. A pesar de las demoras, el Distrito asegura que la prioridad es blindar el proyecto de posibles sobrecostos, así como para asegurar la solidez jurídica y técnica. En ese sentido, cabe recordar que en marzo la Personería advirtió riesgos para el proyecto, por no haber adquirido los predios en Lagos de Torca (Suba) para el Patio Portal del Corredor Verde. Sin esto, no se puede abrir la licitación. “En ese momento está pendiente un acuerdo, debido a observaciones sobre el avalúo del terreno, pero una vez se obtenga este documento, se firmará un acta para la entrega de predios. Esto ser podría dar en las próximas semanas”, indicó el director del IDU.
La desconfianza ante las obras
Según la última encuesta de percepción ciudadana de Invamer (contratada por Caracol, Blu Radio y El Espectador), el 75 % de la gente considera que las cosas han empeorado en Bogotá. En ese sentido, entre las personas, organizadas o no, en contra del proyecto mencionan el escepticismo al proyecto, por los traumáticos antecedentes de las obras y los proyectos de movilidad inconclusos en la ciudad. “La administración dice que el corredor se va a construir en tres años, pero hoy vemos que varias obras, por ejemplo, de valorización, se han demorado más de cuatro años”, aseguró Camilo Rubiano, líder del movimiento ciudadano en contra del proyecto, quien menciona otra incertidumbre: el impacto ambiental de intervenciones como los puentes de la carrera 94 y la carrera 11, que se ampliarán para mejorar y redireccionar el tránsito particular, que circula rumbo al centro de la ciudad.
Frente a esto, el IDU asegura que, en lo ambiental, se tiene un plan de manejo en la carrera 11, en el que se trasladarán al menos 50 árboles, como parte de las intervenciones de las vías. Además, sobre la ejecución de las obras, aseguró que en la estructuración de los contratos se incluirán cláusulas para obligar al contratista a tener tres turnos diarios, con el fin de asegurar la continuidad y el cumplimiento del cronograma. Así las cosas, está por verse cómo la Alcaldía logra obtener un consenso en un proyecto históricamente disputado, pero con una alta necesidad de ser concretado para mejorar la movilidad en la capital del país.
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Por Fernán Fortich
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