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Presunta corrupción en el contrato de concesión 415 de 2021 de los cementerios distritales de Bogotá, supuesta profanación de tumbas y desaparición de personas (en el paro nacional del 2021) en los crematorios de los cementerios públicos de la capital, son los señalamientos que recaen sobre consorcios y funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
Estas acusaciones salieron a la luz después de que un operador de cementerios de Bogotá afirmara que durante septiembre de 2021 llegaron al Cementerio Parque Serafín, ubicado en la avenida calle 71 sur #4-09, en el barrio Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, un aproximado de 300 cuerpos.
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Sergio Venegas, exdirector comercial de Jardines Luz y Paz, le contó al medio de comunicación Cambio, que en el cementerio Serafín también hay cenizas de aproximadamente 15.000 personas y no todas están identificadas. Asimismo, que el Cementerio del Sur, ubicado en la calle 27 sur #37-83, “está lleno de incontables cenizas como si fueran basura” y que hay “1.500 tumbas N. N. en Serafín, que es el cementerio más nuevo del país y nadie sabe quiénes son”.
Esta información se conoce al tiempo de que la Uaesp intenta dar respuetas sobre otro escándalo. Se trata de un funcionario de la entidad que habría favorecido a un consorcio para quedarse con el contrato del manejo de los cementerios públicos, que está por $41.300 millones y que demandó una investigación de la Fiscalía
Líos que rodean a la Uaesp
Las investigaciones iniciaron cuando la Fiscalía conoció audios que señalan a Marcel Esquivel Reina como el funcionario de la Uaesp que habría ayudado a uno de los consorcios que ganó el contrato.
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Esta denuncia fue presentada por la misma entidad del Distrito, en la que afirman que Esquivel estaba a cargo de evaluar las propuestas para la adjudicación de los contratos a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, y con esa potestad habría excluido a uno de los consorcios. Asimismo, este hombre también llevaba los procesos de evaluación, selección y contratación en la entidad desde 2020.
Por otra parte, en los audios hay una conversación entre el funcionario y quien sería un ingeniero de uno de los consorcios ganadores, a quien Esquivel le dice: “al proponente uno ya lo vamos a rechazar, tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Queda el proponente dos y tres. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos?”.
La Fiscalía también revisa los procesos contractuales celebrados por la Uaesp, e investiga otros funcionarios que podrían estar involucrados, ya que en un audio se habla de que hay reuniones con “jefes” de la entidad.
A esta investigación, más las denuncias de la presunta cremación de los cuerpos de las personas que habrían desaparecido en Bogotá en el marco del paro nacional, se sumó la tan solicitada renuncia de la directora Luz Amanda Camacho, que ocurrió este 15 de enero.
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“Nuestro desempeño hoy, en cuanto a uno de nuestros servicios, está siendo cuestionado por supuestos malos manejos en una Concesión, la de Servicios Funerarios. Alcaldesa, mi equipo directivo, asesor y yo misma, no podemos más que decirte que somos no solo inocentes, sino denunciantes”, se lee en la carta emitida por la exdirectora.
La renuncia había sido solicitada por 45 concejales de Bogotá. María Victoria Vargas (Partido Liberal), señaló que desde el pasado 20 de diciembre había denunciado ante la Fiscalía un presunto soborno de $1.500 millones que se le habría entregado a Camacho por parte de algunos contratistas.
Sobre esto, la exdirectora también señala que ella no será “el instrumento que usen quienes, por costumbre, suelen ejercer estrategias sucias que definen claramente un modus operandi”.
Para Camacho, las acusaciones hechas son para entorpecer la actual administración, con lo que concuerda la alcaldesa.
Esto dice el Distrito
“Es falso que en Bogotá hubo desaparecidos en el paro nacional. Las 79 denuncias existentes las verificamos con Fiscalía, Defensoría, Personería, ONU, CIDH y todos están vivos. No hubo desaparecidos. Hay un corrupto desenmascarado mintiendo y oportunistas haciéndole el coro”, señaló Claudia López.
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Por su parte, la Policía Nacional negó que “los hornos crematorios fueron usados por instrucción de un general de la Policía para desaparecer cuerpos de personas asesinadas en las protestas de 2021″.
La institución agregó que estas afirmaciones “son tendenciosas, mentirosas, calumniosas, atrevidas y carecen de fundamento”, asimismo, agregaron que en las manifestaciones de ese año no hubo casos de desaparición forzada. La Uaesp, además de ser investigada por la Fiscalía, la Contraloría de Bogotá le abrió una investigación preliminar en contra de los cementerios distritales, después de realizar una visita a la entidad, en la que hubo diez hallazgos sobre el contrato de concesión 415 de 2021, que es el mismo de la operación y mantenimiento de los cementerios.
El contralor de Bogotá Julián Mauricio Ruiz, en conversación con El Espectador se refirió a esto y afirmó que “en la visita fiscal encontramos, por ejemplo, que de un contrato que tiene un valor superior a los $41 mil millones, el consorcio adeuda a la fecha más de $3.900 millones entre servicios públicos, proveedores, servicios bancarios y la nómina misma del personal encargado de la operación y administración de los cementerios”.
La Personería también tomó cartas en el asunto y suspendió por tres meses a Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno, subdirectora de servicios funerarios y alumbrado público, mientras adelantan una investigación disciplinaria en su contra y de Camacho.
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Aunque Claudia López fue reconocida por llegar a la alcaldía por sus ideales anticorrupción, está en tela de juicio el trabajo que ha hecho la Uaesp, que al fin y al cabo relaciona a todo el Distrito, no solo con denuncias de corrupción, sino con violaciones a los derechos humanos.
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Por Sara Caicedo
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