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“No es un proyecto, es un contrato de $22,3 billones”, esas es la aclaración que ha hecho constantemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde que creció la expectativa entre los colombianos, de nuevo, respecto a esta obra, por la que han bregado las administraciones de la capital durante los últimos 60 años.
¿Qué pasó con el Metro de Bogotá?
Cuando todo venía sobre la marcha, y la capital ya contaba con un avance del 18% del patio taller, la demolición del 98% de los predios previstos para su construcción, 4.200 colombianos trabajando en las obras, y lo más importante, un contrato firmado por $22.3 billones que costaría el metro de Bogotá, en el que la Nación aportaría el 70% de ese valor y Bogotá el 30%, para la primera línea, el Gobierno de Gustavo Petro solicitó unos estudios que cambiarían el rumbo de la obra de infraestructura más cara del país.
Esta petición se hizo en octubre de 2022, así lo informó la alcaldesa, y aunque en ese momento, el Gobierno y López vendieron la idea de que esa solicitud que le hizo el presidente Petro al consorcio chino a cargo de la primera línea, Metro Línea 1 S.A.S., era una “cotización” para saber los costos y el diseño del metro si en el tramo de la avenida Caracas el metro ya no fuera elevado sino subterráneo desde la calle primera hasta la 72, hoy no parece una curiosidad que quería resolver el mandatario, sino prácticamente una orden con la que la alcaldesa no está de acuerdo.
Y es que después de conocer la “cotización” presentada por el consorcio, se conoció que los costos no solo aumentaría, sino que habría algo más grave con que los habitantes de la capital tendrían que lidiar: las consecuencias jurídicas.
¿Y si se acata la orden de Petro?
Antes de pensar en si se hace o no el metro subterráneo en la Caracas, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía, señalando que si se llegaran a cambiar los planes para la primera línea: “se corren muchos riesgos penales, en donde los colombianos pueden terminar con demandas y no con metro. Tenemos muchos riesgos fiscales, sanciones, pleitos jurídicos y penales”.
Todo esto, teniendo en cuenta que en el informe presentado por el consorcio a la presidencia, se incluyeron distintas opciones para no incurrir en estos problemas jurídicos, teniendo en cuenta que para modificar este contrato la ley colombiana exige, al menos, siete análisis para aprobar los cambios.
Entonces, las posibilidades podrían ser: subterranizar desde la calle 53 a la 72 o agregar tres estaciones adicionales desde la 72 hasta la calle 100. Respecto a esta última, López señaló que es la que más le conviene a la ciudad, teniendo en cuenta que se corren menos riesgos jurídicos, para la movilidad sería útil, ya que este cambio significa poder trasportar 20.000 pasajeros más, y este cambio solo cotaría $6.5 billones y no 15 (si se hace subterráneo en toda la Caracas).
“En el 2028 Bogotá tendría lo que ya se contrató y añadiríamos una conexión con la 68, la 100 y el Regiotram del norte, esas son las ventas”, agregó la alcaldesa, sin embargo, el presidente no está de acuerdo con ninguna de estas opciones e insiste en que sea subterráneo.
¿Un pleito también político?
Después de que Claudia López hiciera público su desacuerdo con el metro que quiere Petro, por las consecuencias que esta decisión podría ocasionar, el ministro de Transporte Guillermo Reyes tomó la vocería del Gobierno respecto al tema y señaló que “si no se aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, en la medida que el gobierno financia el 70% de otros proyectos, pues esos también se van a tener que parar”, dando a entender que otras obras que financiaría la Nación como el Regiotram del Norte, el cable aéreo para Usaquén, la ALO, entre otras, podrían detenerse.
Estas palabras no solo desataron una polémica entre los habitantes de la capital, sino una tensión entre la alcaldesa de la capital y el presidente. Por su parte, López insiste en que fue el Gobierno el que se saltó a la Alcaldía de Bogotá y fue consultando estos cambios con el consorcio Chino.
“A mí ni siquiera me preguntó, sino que se lo dijo directamente a la empresa china. Yo le ruego que si el presidente le va a pedir algo a un contratista del Distrito, por lo menos me informe, que yo no me entere por los medios”, agregó la alcaldesa.
Sin embargo, por su parte, el Gobierno señala que fue López quien incumplió lo pactado, ya que de acuerdo con Reyes, los cambios solicitados pro el presidente ya habían sido aprobados por López, pero según él, la mandataria cambió de parecer a último momento y sin comunicárselos.
Y aunque la mandataria insiste en que “el problema no es que me guste o no (el metro subterráneo), sino en que ya está contratado y no podemos modificar los contratos)”, Petro seguirá insistiendo para que el metro de Bogotá salga con ese tramo subterráneo, “solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en lo que se refiere al metro de Bogotá”, señaló el mandatario.
Cabe recalcar que el futuro también depende de las juntas directivas de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales están integradas por tres representantes del Ditrito, tres de la nación y tres particulares, dentro de estos últimos hay uno de la Universidad Nacional, otro de Probogotá y un delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Aquí puede revisar los avances en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá:
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Por Sara Caicedo
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