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El inicio de la contienda electoral en Bogotá supuso el incremento de reportes por amenazas y hechos violentos contra los líderes comunales, sociales y políticos. Así lo alertó la Misión de Observación Electoral (MOE) y lo confirman los propios líderes, que piden que se garantice su participación política y su seguridad. Según la MOE, en lo corrido del año, a corte del 29 de abril, se han registrado 34 hechos de violencia, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz las más afectadas.
“Nos preocupan estos registros. Los hechos de violencia son amenazas directas y la circulación de panfletos contra partidos políticos o coaliciones”, indica Aura Rodríguez, coordinadora de la MOE Regional Bogotá, quien agrega que nunca había registrado cifras tan altas en la ciudad, bajo el marco de una contienda electoral. “El promedio era de 10. Sin embargo, no debe mirarse desde la intensidad o el número. En una democracia no deberíamos tener ningún acto de este tipo. Debería respetarse la participación política”.
Para Daniel Salguero, líder y aspirante a la Junta Administradora Local (JAC) de Usme, ha crecido un estigma hacia los liderazgos de izquierda, queriendo relacionarlos con organizaciones criminales. Ante las amenazas, no solo él, sino su familia, abandonaron sus casas. “Denunciamos que nuestro movimiento Colombia Humana no pertenece a ningún grupo armado. No obstante, mi familia está fuera de la ciudad por los panfletos que nos han llegado, donde dicen que no podemos seguir ejerciendo nuestra labor. Los firma una organización criminal reconocida, pero sabemos que esta estructura que nos amenaza solo usa ese nombre como fachada”.
Debido a las amenazas, Salguero inició un proceso con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero afirma que ha sido “largo y tedioso”. Fue su partido el que le brindó medidas de seguridad, como la posibilidad de alojarse en otro espacio. Además, impulsó un proceso jurídico junto con otros compañeros ante la Fiscalía General de la Nación.
El experto en seguridad Andrés Nieto explica que las dificultades para los líderes y lideresas cuando piden protección está relacionada con el incremento de las amenazas. “Si bien las secretarías de Gobierno y de Seguridad tienen un protocolo para generar alertas, la protección está a cargo del Ministerio del Interior y el estudio de riesgo de la UNP. Ahí hay que llamar la atención, porque estos estudios los ha estado pidiendo la ciudadanía desde hace más de ocho años y no se les ha prestado atención”.
De hecho, en abril, la Personería de Bogotá hizo un “llamado de emergencia” a la UNP y a la Fiscalía ante los registros de amenazas a líderes y al asesinato de Carlos Julio Tautiva, líder social y músico de la localidad de Sumapaz. La entidad alertó que en el primer trimestre de 2023 se reportaron 68 amenazas a líderes y defensores de derechos humanos en la capital (casi 23 mensuales) y que en 2022 fueron 212 (17 mensuales).
El de Tautiva no ha sido el único homicidio de un líder social en Bogotá este año. El 16 de abril murió Luisa Isabel Moreno, lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal en el barrio Santo Domingo, en Ciudad Bolívar, quien había alertado amenazas en su contra. “Ser un líder social en Colombia es casi que tener un gatillo en la cabeza”, menciona Wílder Andrey Téllez, aspirante a la JAC de Ciudad Bolívar, quien cuenta que hace cinco años debió mudarse por seguridad.
“La participación política es problemática. Nuestra seguridad está en riesgo. En Ciudad Bolívar la violencia está exacerbada, hay un incremento de asesinatos y un hostigamiento contra los líderes sociales y políticos. Esto, consideramos, se va a incrementar en los siguientes meses, con el desarrollo de la campaña electoral”.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas (tres vigentes), en las que advierte un reacomodamiento de las dinámicas criminales, así como una puja por la retoma de zonas y corredores claves en la capital para las rentas criminales, algunos líderes consideran que estas han sido desestimadas.
“Como mujer que le apuesta a la paz y a un país reconciliado, le pido a las instancias que nos acompañen en este difícil caminar de la defensa de los derechos humanos, como en dignificar la situación de la mujer lideresa”, apunta Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas, entidad que, con las 20 mesas locales, hizo un llamado a las autoridades para que respondan a los requerimientos ciudadanos por amenazas.
El difícil panorama que atraviesan los líderes y lideresas, y el incremento de sus denuncias, dice Nieto, responden a varias dinámicas. Por un lado, el impacto que ha tenido en pequeñas bandas criminales la política de la “paz total” y las eventuales mesas de negociación con grupos armados, las cuales, aprovechando la tensión y la ola mediática, suplantan estas organizaciones para generar miedo.
A su vez, al reacomodamiento criminal, después del alto índice de desarticulación de bandas en 2021, en lo que es conocido como “La medialuna del sur”: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y parte de Rafael Uribe Uribe, que limitan con Soacha, municipio clave para el ingreso de grandes cargamentos de drogas, armas y municiones. “Hay bandas que quieren quedarse con el control territorial, para garantizar las rentas criminales, y eso se logra evitando que la ciudadanía denuncie y genere alertas a las autoridades. Por eso los líderes sociales, políticos y comunales se convierten en una piedra en el zapato”.
Por su parte, la Personería asegura que estas amenazas o ataques impactan en el derecho a la participación efectiva de los líderes, afectando las condiciones para un ejercicio libre de su trabajo de representación, por lo que “son necesarias medidas idóneas de protección individual y colectiva, con investigaciones y resultados para la no repetición”.
La contienda electoral apenas comienza, poniendo en duda si estas amenazas a los liderazgos podrían recrudecerse en los siguientes meses. De igual forma, los llamados por seguridad en la capital no cesan. ¿Podrán el Distrito y el Gobierno atender estas peticiones y garantizar una participación política segura y transparente? Esa es la pregunta que queda por resolver.
Por Laura C. Peralta Giraldo
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