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En lo corrido del año, según la Policía, en Bogotá se han realizado cerca de 17.734 capturas por diferentes delitos, es decir, casi 98 diarias. No obstante, en el que ha sido un discurso constante de la administración de Claudia López, estos esfuerzos parecen en vano, ya que un gran número de los detenidos, según la Alcaldía, quedan libres.
“Ocho de cada 10 delincuentes, sobre todo ladrones capturados en flagrancia terminan libres por ambigüedades legales o procedimientos engorrosos. Todos sabemos que con capturar a un atracador de celulares y mandarlo 10 años a La Picota no vamos a resocializarlo, pero dejarlo en libertad y que robe el próximo día, tampoco es la solución”, dijo la alcaldesa López.
El reto es mayor debido a que las cifras de delitos en la localidad del país están al rojo vivo, con el aumento de los registros de de extorsión (3,6 %), homicidios (11,1 %), hurto a entidades financieras (66,7 %), hurtos a personas (28,1 %), robo de automotores (13,3 %) y secuestro (80 %). Lo que es cierto es que el esfuerzo de las autoridades, que han aumentado en 5% la cantidad de capturas, no se está reflejando en mejoras de seguridad. ¿Qué está fallando?
¿Impunidad en la ciudad?
“A veces se trata de una lucha entre percepción y es realidad. Si todo el tiempo estamos viendo que el atraco o la extorsión, pero raras veces vemos las capturas, es muy difícil que la ciudadanía crea que se está actuando”, analiza Leonor Merchán, directora de la seccional Bogotá de la Fiscalía.
Uno de los casos más críticos son los avances penales contra la extorsión. Así, según cifras de la seccional Bogotá de la Fiscalía, de 772 denuncias interpuestas ante el ente acusador, solo 85 cuentan con avance penal, es decir, en cerca de 11 %. “Estos casos se concentran principalmente en las localidades del centro de la ciudad y en Kennedy. Actualmente, contamos con 12 fiscales que están priorizando estos delitos con el Gaula, en donde, no solo nos estamos enfocando en casos particulares, sino en bandas que tenemos identificadas. Esperamos entregar resultados los próximos dos meses”, precisa Merchán.
La dificultad para judicializar este tipo de hechos, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se debe a que “es uno de los delitos que más genera temor en los ciudadanos, en el que se genera presión psicológica continua a las víctimas, lo que impide un mayor nivel de denuncia.”
Pero, más allá de la percepción ciudadana y de los resultados operativos frente a los delitos que se observan en la ciudad, la impunidad es una realidad compleja. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las capturas efectivas por la Policía en la ciudad han aumentado este año, lo que pone mayor énfasis en los resultados de estos procesos y la parte del sistema que está fallando. De acuerdo con el Distrito, se trata de un problema estructural en la rama judicial.
Según estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se recomienda que en las ciudades haya al menos 86 jueces por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Colombia se llega solo a 11, lo que hace que uno, por ejemplo, deba asumir siete veces más casos que un juez en Argentina.
“El problema hoy en día es la Justicia, sin llegar a estigmatizar a jueces y fiscales, que hacen lo que está en sus manos. Es un hecho que alrededor del 85 % de las personas capturadas que quedan sin antecedentes por diversos factores”, explica el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto.
Sin embargo, según Juan José Castro, abogado especializado en derecho penal, también es importante visibilizar problemas estructurales como los errores en la captura o las falencias en la sustentación de un fiscal, que obstaculizan la legalización de las capturas. “Además, en ocasiones las autoridades denominan capturas en flagrancia a las realizadas en procedimientos, como los allanamientos, sin tener una carga probatoria clara.”
El factor denuncia
La impunidad en la ciudad tiene que ver también, en gran parte, con la falta de denuncia por la ciudadanía. Así parece demostrarlo en la evolución de los procesos penales en contra del hurto, en donde se individualiza al presunto responsable de los hechos.
Para junio de 2023, se tenían más de 1.556 denuncias procesadas, con una tasa de avance penal (al menos una persona imputada) del 65 %, lo cual es un avance, según las autoridades, debido a un mayor nivel de denuncia y de pruebas técnicas.
En contraste, la falta de denuncia de las víctimas hace que delitos que se volvieron mediáticos no tengan justicia. Este es el caso de hurto a cinco menores de edad, en la localidad de Bosa, en el sur de la capital del país, que quedó registrado en cámaras de seguridad. No obstante, a pesar de la visibilidad del incidente, a una semana de los hechos las autoridades no han recibido una denuncia formal, lo que ha impedido la judicialización.
Percepción y justicia por mano propia
De acuerdo con un estudio de la Universidad Central, en el país se estima que de cada diez personas siete no confía en el sistema judicial, pues consideran que esta no impartirá justicia frente a los delitos que se presentan en el territorio. La situación podría verse reflejada en los casos de la mal llamada “justicia por mano propia”, que se registran diariamente en la capital.
Así, videos de presuntos delincuentes siendo golpeados por la ciudadanía se ha vuelto escenario común, en donde los habitantes, desalentados por el funcionamiento de la Rama Judicial, parecen preferir imponer su propio castigo.
“El reto no es solo judicializar a los delincuentes, al ladrón de cuello blanco, sino también a sus estructuras y a sus testaferros, es decir, aquellos que los ayudan a robar, y mostrarle resultados a la ciudadanía”, indica la concejal Diana Diago (Centro Democrático)
Frente a esto, las autoridades aseguran estar capacitando a sus funcionarios para realizar mejores procesos, y para mostrar a la ciudadanía que una colaboración armónica con las fuerzas del orden pueden resultar en procesos positivos.
“Tenemos consolidadas más de 700 redes de cuidado, en las que se capacitan a las personas en la convivencia pacífica, en planes de resolución de conflictos y así lograr descargar a la Policía de labores que pueden ser resueltos a través de la autorregulación de la ciudadanía”, precisó el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto.
Así las cosas, en un año crítico para la seguridad en el país, el cóctel de la seguridad parece pasar por un mejoramiento de las actividades policiales y judiciales, junto con un mayor apoyo de la ciudadanía para lograr que el castigo le llegue efectivamente a los que rompen la ley.
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Por Fernán Fortich
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