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Tres días completan cerrados los cuatro cementerios distritales de Bogotá, por orden del consorcio Jardines de Luz y Paz, que los administra desde 2021. La decisión la adoptó en respuesta a la notificación de una nueva sanción, que lo inhabilita para continuar prestando el servicio y lo obliga a ceder el contrato o a liquidarlo. El futuro de la operación de los camposantos se definirá el jueves 26 de septiembre, cuando el concesionario tome alguno de los dos caminos que le quedan. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre la población vulnerable, que es la mayor beneficiada de los servicios funerarios en los cementerios públicos.
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El cierre lo calificó el Distrito como una rebelión, ya que, pese a que al operador le quedaban seis días para dejar todo organizado y facilitar una transición tranquila, optó por retirar a su personal y ponerle candado a los accesos, causando dolor a quienes se quedaron sin visitar a sus muertos y generando un caos, que amenaza con convertirse en emergencia sanitaria, al no tener habilitados los servicios funerarios que subsidia la administración.
En cuidados intensivos
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
Incumplimientos
Durante el proceso de empalme, en enero de este año, el contrato 415 de 2021 era uno de los puntos frágiles entre la administración Galán y la de la exalcaldesa Claudia López. Jardines de Luz y Paz sostuvo desde un inicio que el contrato financieramente no era viable y esto lo reflejó con constantes incumplimientos. Indpendiente de la explicación del contratista, al Distrito no tuvo más que abrir procesos sancionatorios, que hoy derivan en la inhabilidad, que el gerente de la empresa contratista calificó como el resultado de un proceso “arbitrario”.
“En el proceso de empalme se evidenció que había una gran cantidad de informes, en los que la interventoría, advertía presuntos incumplimientos, pero no se había tomado medidas, salvo cuatro multas de apremio”, explicó Estrada Sánchez. Ante este escenario, la actual administración, una vez asumió el mandato, buscó resolver la situación de raiz. Al estudiar el contrato encontró otros 86 incumplimientos, que generaron siete multas de apremio más. “Seis de estas han sido dilatadas por recursos y maniobras del contratista”, agregó Estrada.
Entre los incumplimientos que resalta la Uaesp aparecen pagos a proveedores, los servicios de vigilancia, y el más grave, que las garantías económicas que otorgó el concesionario al comienzo, al parecer, no cubrían el valor del contrato. “El contratista estaba obligado a manejar los recursos y a trasladar un porcentaje a la Uaesp, a través de una fiducia, la cual nunca creó, argumentando que el dinero quedaría congelado”, señaló el asesor.
El pleito también desató cuestionamientos desde el Concejo de Bogotá, donde varios cabildantes pidieron la renuncia de la directora Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, a raíz de la denuncia penal que interpuso Éder Parada, gerente de Jardines de Luz y Paz. De acuerdo con el documento, supuestamente Ordóñez le propuso una prórroga por 3 años, siempre y cuando se hiciera la entrega de coimas, por un valor cercano a los $5.000 millones. Ordóñez calificó el señalamiento de absurdo.
En el nuevo escenario de 2024, con dos sanciones en un año, el contratista Jardines de Luz y Paz quedó sin posibilidad de seguir operando los cementerios. Si bien, tenía hasta el 26 para buscar a quién cederle el contrato (el cual debe aprobar el Distrito) o aceptar su liquidación, prefirió tomar las vías de hecho y ponerle candado a las puertas de los cementerios, dejando el fin de semana a miles de personas sin la posibilidad de visitar las tumbas de sus seres queridos. El jueves sigue siendo un día clave para el futuro de la administración de los mausoleos capitalinos.
¿Hay emergencia en los cementerios?
Aunque el cierre causó revuelo en la ciudad, el Distrito sostiene que no hay una crisis o emergencia. Si bien los parques cementerios están cerrados para visitas, los servicios no están del todo detenidos. “No hay afectaciones, ninguna persona se ha quedado sin servicios”, indicó la Alcaldía. De cara al jueves, Jardines de Luz y Paz tiene dos opciones: ceder el contrato o abandonarlo.
Si cede el contrato, la UAESP deberá arrancar los proceso pertinentes para abrir la licitación pública y ceder a otra empresa el contrato de la discordia. Entre tanto, la Alcaldía ya trabaja en los mecanismos para contratar con un administrador privado, mientras se resuelve el pleito. Si se rompe el contrato, se declarará una emergencia, que durará lo que tarde en elegir a un nuevo operador, a través de una licitación que podría tres meses. Entre tanto, el Distrito asegura que la prestación del servicio no se verá afectada para las personas que requieran alguno de los servicios. Adicional, si continúa la no prestación del servicio, el contrato prevé sanciones adicionales.
Por esto, el asesor del Distrito, dice que no hay una crisis en la prestación del servicio, sino una dificultad transitoria, que se resolvió cuando la Uaesp tomó el control de la vigilancia y el servicio de aseo interno. En el evento tal de que la operación de los cementerios se vea amenazada, la entidad está preparada para asumirla.
“No vamos a permitir que la calumnia y la mentira impidan que Bogotá recupere la gestión adecuada en los cementerios distritales y en cualquier otro servicio público. Aunque pretendan asustarme con absurdas acusaciones, mantendré mi posición de exigir el cumplimiento estricto de la ley en las funciones que me han encomendado”, concluyó Ordóñez, quien también interpuso una denuncia por injuria contra Parada.
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Por Juan Camilo Parra
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