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Al sombrío panorama para la Nueva EPS, la más grande del país, la Secretaría de Salud presentó unas cuentas que parecen validar el escenario de crisis y sus efectos negativos en Bogotá. Según la administración Distrital, en el último año se han triplicado las deudas con la red pública de la ciudad y han llegado pacientes de otras regiones, para cubrir la debacle de la entidad de salud.
Este panorama, en su concepto, fortalece la tesis de que las intervenciones del Gobierno a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) solo han afianzado la crisis. Sin embargo, Nueva EPS muestra otro panorama ¿Qué muestran los datos del Distrito con respecto a los de la Nueva EPS?
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No solo en redes sociales el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, ha salido a advertir un panorama preocupante sobre las finanzas del sistema de salud capitalino. También ha señalado la causa: la intervención del Gobierno a algunas EPS del país, entre ellas, la más grande a nivel nacional: Nueva EPS, con más de 11 millones de usuarios.
Las entidades prestadoras deben contratar servicios con las subredes del Distrito, para cubrir tanto urgencias como hospitalización, cirugías, medicamentos y otros servicios de alta demanda. Pero, en el último año, según Bermont, “no hay un solo indicador de las EPS intervenidas por el Gobierno que no haya empeorado. Han disminuido su patrimonio y su capacidad de respuesta; han aumentado sus costos administrativos. Realmente han sido un desastre las intervenciones”.
Para el secretario, este panorama, incluyendo las deudas de las demás EPS, tiene un efecto directo sobre la prestación del servicio en la capital y sobre las entidades que contratan para atender a la población afiliada. “Una EPS tiene que contratar una red pública y privada suficiente, para garantizar la salud de sus afiliados”.
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Y agrega: “En Bogotá observamos el aumento sostenible de la cartera que estas EPS generan sobre la red pública y privada. Puedo dar detalles de la red pública: antes de la intervención le debían a las cuatro subredes COP 136.000 millones en promedio. Hoy, un año después, les deben COP 296.700 millones, es decir, hay un incremento del 100%”.
Las deudas, dice Bermont, ni siquiera se deben a servicios vendidos, sino a que los pacientes llegan por urgencias, porque las EPS no tienen suficiente contratación con la red pública ni con la privada. “Hoy tenemos las urgencias otra vez al 320% y el 16% de los pacientes son de fuera de Bogotá. La gran mayoría son de Famisanar y de la Nueva EPS. Esto nos está reventando financieramente a todos”.
Cruce de cifras
Las afirmaciones del secretario de Salud no se quedaron sin respuesta. Nueva EPS, no solo las rechazó, sino que sostuvo: “Esta entidad no está de acuerdo y rechaza las aseveraciones, considerando necesario aclarar a la opinión pública la información real sobre sus compromisos financieros con las subredes de Bogotá”, indicó y entregó otro panorama.
Para el Distrito, la deuda real de Nueva EPS con la red pública muestra un deterioro marcado desde la intervención del Gobierno en abril de 2024. Bermont asegura que las cuatro subredes pasaron de reportar una cartera neta de COP 35.334 millones al inicio del proceso a COP 90.558 millones con corte a septiembre de 2025, es decir, casi el triple. Este cálculo se basa exclusivamente en cartera exigible, es decir, cuentas ya prestadas y reconocidas por los hospitales.
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Los datos que hizo públicos el funcionario dejan ver cómo la deuda creció de forma sostenida en las cuatro subredes de salud de Bogotá: La subred Centro Oriente pasó de COP 4.986 millones a COP14.303 millones; la Norte, de COP 15.522 millones a COP 33.140 millones; la Sur, de COP 9.307 millones a COP 21.470 millones; y Suroccidente, de COP 5.520 millones a COP 21.645 millones. Para el Distrito, estas cifras reflejan la presión creciente sobre los hospitales y respaldan la afirmación de que la intervención no mejoró la solvencia de la EPS.
Nueva EPS, en cambio, presenta un panorama distinto. Explica que contabilizan “glosas”, devoluciones y cuentas en conciliación, lo que reduce el monto que reconoce como deuda exigible frente a los hospitales. Por ejemplo, entre abril y diciembre de 2024, la EPS reportó una radicación de COP 69.407 millones, de los cuales COP 16.149 millones están en conciliación.Señala, además, un saldo por pagar de COP 53.257 millones y giros por COP 45.057 millones.
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Adicional, en el periodo entre enero y septiembre de 2025, reportaron una radicación de COP 86.396 millones, de los cuales COP 23.637 millones están en conciliación; un saldo por pagar de COP 62.759 millones y giros por COP 74.636 millones. Descontando esos valores discutidos o glosados, la EPS afirma que sus obligaciones netas son menores a las que calcula el Distrito y que, al contrario, ha incrementado el flujo de pagos tras la intervención, aunque aún persisten saldos significativos.
“Como se evidencia”, señaló la Nueva EPS, “las cifras presentadas públicamente por el señor secretario de Salud de Bogotá no corresponden al estado real de la cartera con las Subredes y presentan imprecisiones. La diferencia a conciliar se encuentra hoy en proceso de revisión conjunta, mecanismo establecido para garantizar transparencia y exactitud en los pagos”, aseguró.
Más allá de la cartera
Más allá de la disputa por las deudas, otros datos muestran que la crisis ya está golpeando a los usuarios y a la red hospitalaria. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2025, según la Personería de Bogotá (una de las tantas entidades que han inspeccionado la situación de Nueva EPS), la entidad recibió 1.943 quejas de afiliados que no lograron ser atendidos, una señal evidente del deterioro en el servicio.
Las barreras son especialmente graves: el 49% de las quejas corresponden a demoras en la entrega de medicamentos y el 36% a la imposibilidad de conseguir una cita médica, fallas que la Personería no considera incidentales, sino síntomas estructurales de una crisis técnica y financiera.
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Al mismo tiempo, las dificultades de pago se extendieron más allá de Bogotá. Otros reportes de semanas anteriores indican que en departamentos como Cesar, ocho clínicas advirtieron que no podrán seguir atendiendo usuarios por falta de recursos, y la Defensoría del Pueblo ya había pedido a la EPS estabilizar sus pagos en el Eje Cafetero. La propia Contraloría General advirtió en un informe que la intervención del Gobierno “no ha sido eficaz para corregir las deficiencias estructurales” y que la entidad podría volverse “inviable”.
La presión no solo recae sobre Nueva EPS, sino que se enmarca en una crisis más profunda del modelo, como es el caso de las críticas a la UPC, la tarifa que paga el Gobierno a las EPS por cada afiliado, la cual, según alertan expertos y funcionarios como Bermont, es insuficiente para cubrir el costo real de los servicios.
Mientras Bermont instó a los demás secretarios de Salud del país a mostrar sus cuentas y exigir terminar las intervenciones, la Nueva EPS insta a revisar a fondo cada número. Para salir de la crisis, el secretario capitalino dice que, “lo primero es tener responsabilidad. ¿A quién se le ocurre cambiar cada seis meses al superintendente y a los interventores? Llega un nuevo superintendente con nuevos interventores y estos con una nueva cuadrilla. La curva de aprendizaje es de seis meses como mínimo y a los seis meses ya los están cambiando”.
Sobre la anterior crítica, vale señalar que el pasado 15 de noviembre se anunció a Luis Óscar Gálvez, como nuevo interventor, después de dos interventores en poco más de un año de intervención. Gálvez no solo viene de ser interventor de Savia Salud EPS, también lo fue de la Subred Centro Oriente de Bogotá, que duró un año intervenida por el Gobierno, un tiempo que Bermont consideró “perdido” para recuperarla.
Detrás de los números, empero, hay una tensión entre lo público y lo privado: en parte porque las cifras del secretario de Salud dejan mal parada la intervención y dejan abierta la petición de devolver el control de la entidad a lo privado, todo en medio de una crisis que la tiene tambaleando a la EPS más grande del país, la cual se encuentra negociando con el Gobierno su futuro financiero.
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Por Juan Camilo Parra
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