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Al pasar por el Páramo de Letras, en Manizales, se aprecia en las colinas decenas de toros de lidia, que resaltan por su negro intenso, sus imponentes encornaduras astifinas y corpulencia. Se pasean tranquilos a campo abierto, pero con una postura que infunde respeto. Y no es para menos, es un animal bravo, aguerrido y que, ante el peligro, lucha hasta la muerte. Hoy, legalmente, los crían para morir en medio de una plaza y bajo el estoque de un torero.
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Con el mismo brío de los astados, vienen luchando, tanto los amantes de la fiesta brava por conservar lo que la Corte Constitucional ha declarado expresión artística y cultural, como quienes, enarbolando la bandera de la eliminación del sufrimiento animal, buscan la prohibición de las corridas. Cada día los que luchan por la vida tienen más adeptos, mientras los taurinos, que ven belleza en la muerte, son minoría.
Opinión: Corridas de toros
Ha sido una batalla larga, que se ha intensificado en los últimos 10 años, no solo en las calles, sino en los círculos políticos y en los tribunales, desde donde los taurinos recibieron recientemente un espaldarazo que, de momento, les permite mantenerse en pie. Sin embargo, la última palabra la tendrá un Congreso, hoy de mayorías progresistas, donde avanza con firmeza un proyecto que, de ser Ley, sería el puntillazo a una vieja tradición.
Lucha contra las corridas
La lucha por abolir las corridas de toros en Bogotá es de vieja data. Desde que se aprobó el estatuto de protección animal en 1989, que sancionaba el maltrato, se exceptuaron las corridas, lo que motivó demandas sin éxito. A la par, los taurinos lograron una victoria, al lograr en 2004 la expedición como ley de la República del Reglamento Nacional Taurino, con los detalle de su práctica y protagonistas. Gracias a esto, siguen en pie.
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Y se afianzaron, gracias a las demandas que pedían derogar dicha Ley, al considerar que los espectáculos taurinos vulneraban el principio de la dignidad humana, “al permitir ritos crueles, bajo el pretexto de ser manifestación de la cultura”. La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-1192 de 2005, ratificó que sí eran expresión artística del ser humano.
No obstante, en 2010 se entreabrió una puerta. Ante una demanda contra el artículo de Estatuto de Protección Animal, que exceptuaba las corridas como objeto de sanciones por maltrato, la Corte, a través de la Sentencia C-666 de 2010, desestimó la petición, pero señaló que esto se mantendría así, hasta tanto el Congreso no dictara lo contrario. Desde entonces, quedó claro que la clave está en el capitolio, pero en cinco oportunidades han fracasado los intentos por prohibir los espectáculos taurinos.
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Palacio Liévano antitaurino
Con la elección de Gustavo Petro (hoy presidente) como alcalde de Bogotá, la continuidad de la fiesta brava se interrumpió. Desde que asumió en 2012 anunció su propósito y luego, de manera unilateral, terminó el contrato de arrendamiento que tenía el Distrito con la Corporación Taurina. Producto de otro proceso judicial, el Tribunal de Cundinamarca validó ese año su decisión, al ordenar la terminación del contrato, por no por estar en contra de las corridas, sino por errores en la celebración. El entonces alcalde usó la decisión a su favor.
Los taurinos ese año presentaron una tutela, que perdieron ante los juzgados civiles en primera y segunda instancia, hasta que el caso llegó a la Corte Constitucional y les dio un salvavidas, que sigue vigente: la Sentencia T-296 de 2013. Consideró que el Distrito asumió competencias que no le correspondía, vulnerando el debido proceso y restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión artística y cultural. Ordenó restituir de inmediato y rehabilitar el escenario como plaza para espectáculos taurinos. Además, abstenerse de actuaciones que impidieran la fiesta brava.
De nada valió la solicitud de nulidad que promovió el Distrito, pues la declaratoria de expresión artística y cultural se mantuvo en pie. Pero para cumplir la promesa de que no se realizarían corridas en su mandato, la administración de Petro aprovechó la orden de rehabilitar el escenario. Desde 2013 hasta 2016, en medio de pleitos y obras, la Plaza de Santa María estuvo cerrada. Finalmente, en 2017 las fiesta brava volvió al ruedo. En la administración de Enrique Peñalosa, Bogotá tuvo temporada taurina hasta 2020.
Con el cambio de administración, los animalistas hicieron un intento más: lograron que el Concejo aprobara en julio de 2020 el acuerdo 767, para desincentivar las prácticas taurinas, prohibiendo el uso de instrumentos que hirieran al animal y obligando al organizador a destinar el 30% de la publicidad para informar sobre el sufrimiento animal. El acuerdo lo firmó la alcaldesa Claudia López.
Pero su efectividad no se pudo poner a prueba, porque la emergencia del Covid impidió la temporada taurina de 2021. Solo se pudo hacer en 2021, cuando el IDRD abrió el proceso de selección del organizador de la temporada taurina de Bogotá para 2022, en el que aplicaron la nueva norma distrital. Esto llevó a que el trámite se declarara desierto. Los requisitos cumplieron su propósito. Celebraron los animalistas.
No obstante, la reciente decisión de la Corte Constitucional deja el acto administrativo en el limbo. Si bien no lo revocó (porque no es su competencia), lo dejó sin efectos prácticos. Al menos, en lo concerniente a prohibir el uso de banderillas, picas y espadas y demás elementos que pueden causar la muerte del animal.
Un acuerdo en el limbo
Como era de esperarse, tras el fallido proceso de selección del operador para organizar la temporada taurina de 2022, los taurinos reaccionaron y solicitaron a la Corte tramitar el de desacato (por la aprobación del Acuerdo 767) y una acción de cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, contra la alcaldesa Claudia López, el Concejo y el IDRD, al desobedecer la orden de “disponer lo necesario para reanudar el espectáculo taurino en Bogotá”. Decían que el Acuerdo apuntaban a limitar actividades inherentes de la estructura del espectáculo taurino, reglada por la Ley 916 de 2004 (Reglamento Taurino).
Argumentaron que el proceso que abrió el IDRD para seleccionar el organizador de la temporada 2022, incluían términos que obstruían, impedían y dilataban el restablecimiento de la Plaza de Toros, ya que el proceso se abrió el 30 de diciembre de 2021, dio plazo hasta el 4 de enero a los interesados para presentarse, y pretendía adjudicarlo el 20 de enero. Además, disminuía la cantidad de corridas de 6 a 3; se adjudicaba el derecho de seleccionar las fechas y exigían la eliminación del tercio de muerte. Al final el proceso se declaró desierto.
Aunque la Corporación pidió declarar que el Concejo, la alcaldesa y el IDRD incumplieron la sentencia T-296, los magistrados solo encontraron responsable al IDRD. Concluyeron que, en efecto, la convocatoria tenía plazos imposibles de cumplir y que al aplicar el Acuerdo 767 incidieron en las características del espectáculo taurino, reglamentado por una norma superior, como lo es una Ley de la República.
Resaltaron que el Reglamento Taurino contempla tres momentos de la corrida: vara, banderillas y muerte, etapas en las que está autorizado por ley el uso de banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y puyas, entre otros instrumentos y, que el IDRD, al “exigir la eliminación de todos los instrumentos está concediendo el espacio para la realización de otra actividad sustancialmente distinta al espectáculo taurino
En resumen, el asunto era que, aplicando el Acuerdo Distrital, se fijaron condiciones que modificaban la esencia del espectáculo taurino y, en especial, el ritual que termina en la muerte del toro, el cual está protegido por una Ley Nacional y es declarado expresión artística y cultural en el país. De esta manera, la reciente tensión la resolvió la Corte Constitucional, al señalar que en estos casos, se impone la norma de mayor jerarquía, mientras esté vigente.
Ahora, por orden de la Corte, el IDRD debe facilitar la realización de la temporada taurina del próximo año, en cumplimiento de el pleno cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, la cual se debe desarrollar “bajo las condiciones del espectáculo taurino tradicional”, para garantizar la protección de esta expresión cultural.
Mientras el Distrito anunció que pedirá la aclaración de la reciente decisión, por ahora, los taurinos tienen en marcha varios procesos legales contra el Acuerdo Distrital que desincentiva las actividades taurinas, y los animalistas, por su parte, trabajan en convencer al Congreso de expedir una ley que prohíba las corridas, tarea que parece ir por buen camino. La realidad, a la fecha, es que las corridas de toros en Bogotá recuperaron su protección. No obstante, la próxima gran faena será en el Congreso, que tendrá la última palabra frente al futuro de la tauromaquia en el país.
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Por Alexánder Marín Correa
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