Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La decisión de un juez de dejar en libertad al presunto feminicida de Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, reciente una herida que sigue abierta en el país: la de un sistema judicial con vacíos a la hora de responder con contundencia ante las violencias basadas en género (VBG). Más allá del caso concreto, el episodio evidencia fallas estructurales a la hora de impartir justicia.
Laura murió en el apartamento de su expareja, en el sector de Cedritos (Usaquén). Esta patinadora y estudiante de Ciencias Políticas había terminado meses atrás su relación con José David Celis, posible responsable del crimen. Ese día fue a recoger a su mascota. La información preliminar indica que a la joven la estrangularon, método que, según expertas en violencia de género, suele estar asociado a dinámicas de control extremo.
El escándalo que luego hizo el sujeto, al amenazar con lanzarse por la ventana de su apartamento (en un tercer piso) llevó a los vecinos a llamar a la Policía. Al llegar, encontraron a la víctima y, de inmediato, capturaron a Celis. Sin embargo, tras la audiencia de imputación, el juez ordenó su libertad al argumentar que el crimen no se habría cometido ni con arma blanca ni de fuego, y que no era un peligro para la sociedad.
El rechazo fue inmediato. Laura Tami, secretaria de la Mujer, calificó la decisión como un mensaje peligroso. “Rechazo con contundencia que el presunto feminicida, capturado en flagrancia, esté en libertad. No es aceptable, ni comprensible. No es un mensaje tolerable para las mujeres de esta ciudad”, dijo.
Menos muertes, más riesgo
El debate ocurre en un contexto que, si bien podría parecer alentador, es contradictorio. Datos de la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer hablan de 20 feminicidios en Bogotá durante 2025, dos menos que en 2024 (9 % menos). Sin embargo, las valoraciones por riesgo de feminicidio crecieron 8 %, al pasar de 2.868 a 3.110 casos. Este contraste revela que la violencia no desaparece, sino que se manifiesta antes del crimen.
Investigaciones recientes muestran que el feminicidio rara vez ocurre de forma repentina: en casi la mitad de los casos las víctimas sufrieron violencias previas y cuatro de cada 10 habían buscado ayuda institucional. Las cifras sugieren que, aunque las alertas existen, el Estado no siempre logra intervenir de manera oportuna y efectiva.
Este panorama lo complementa el subregistro. Estudios sobre muertes violentas de mujeres en la capital han evidenciado que solo una fracción se reconoce como feminicidio, pese a presentar señales claras de violencia de género. Esta falla en la tipificación no es menor: condiciona la investigación, la sanción y la percepción social sobre la gravedad de estos crímenes.
Las fallas institucionales
Para la Corporación Sisma Mujer el caso de Laura Valentina no puede leerse como un hecho aislado ni como un error puntual de un despacho judicial. Natalia Solís Arrieta, investigadora de la organización, advirtió que el feminicidio es “una forma extrema de violencia que ocurre en un contexto continuo de discriminación y agresiones previas”, habilitado por normas sociales, prácticas institucionales y una cultura que termina naturalizando el riesgo que enfrentan las mujeres.
Desde su experiencia, Sisma ha identificado al menos cinco nudos críticos en la administración de justicia. El primero es la inadecuada tipificación de los casos: muchas muertes violentas de mujeres se investigan primero como homicidios y no desde la hipótesis de feminicidio, pese a que los protocolos establecen que esta debería ser la premisa inicial. Esto debilita desde el inicio la investigación.
El segundo es la altísima impunidad. Cifras recopiladas por organizaciones de mujeres y el Ministerio Público indican que casi el 90 % de los casos de violencias contra las mujeres no termina en sanción. Incluso en aquellos que logran superar las barreras iniciales de la denuncia y la judicialización, los procesos suelen dilatarse años sin respuesta efectiva.
Un tercer nudo tiene que ver con la exclusión o limitación de la participación de las víctimas en los procesos. Aunque muchas cuentan con acompañamiento especializado, sus representantes no siempre tienen garantías para aportar pruebas o controvertir decisiones. A esto se suma la reproducción de estereotipos sexistas en fiscales y jueces, que se traduce en exigencias probatorias desproporcionadas, revictimización y cuestionamientos sobre la vida personal de las víctimas.
Finalmente, Sisma advierte una forma persistente de violencia institucional, expresada en dilaciones injustificadas, falta de preparación de los juicios y desestimación de alertas previas de las mujeres ante comisarías u otras autoridades.
La lectura psicosocial
El diagnóstico jurídico que plantea Sisma encuentra eco en una lectura psicológica y cultural del feminicidio. Para Nidia Cristina Betancourt, psicóloga del Centro de Justicia de la Colectiva Justicia Mujer, las fallas institucionales no solo tienen efectos procesales, sino simbólicos. “Cuando el sistema judicial minimiza estos crímenes, refuerza la idea de que la vida de las mujeres es negociable”, explica.
Desde su perspectiva, el feminicidio está ligado a un modelo de masculinidad que concibe a las mujeres como propiedad. La ruptura de una relación o la decisión de salir de una dinámica de control el agresor las puede interpretar como una pérdida intolerable de poder. “No son crímenes pasionales —subraya—, son crímenes de dominio”.
Visto en conjunto, el caso de Laura Valentina no solo expone las debilidades del sistema judicial, “sino la persistencia de un orden cultural que sigue tolerando el control masculino sobre la vida de las mujeres”, advierte la psicóloga. Cuando las decisiones judiciales relativizan el riesgo feminicida, no operan en el vacío: dialogan con imaginarios sociales que normalizan la posesión, el castigo y la violencia.
Mientras la justicia no incorpore de manera plena el enfoque de género —como lo exigen la ley— y no se transformen los modelos de masculinidad que sostienen estas violencias, las alertas seguirán llegando tarde. El riesgo, como advierten las expertas, no desaparece con fallos judiciales: se reproduce cuando la impunidad se vuelve costumbre.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Conoce más
Comentarios