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Bogotá es una ciudad en la que, en el último mes, han aparecido múltiples cuerpos calcinados. No son casos conectados (eso dicen las autoridades), pero dejan en evidencia una realidad del delito: el crimen muta rápidamente y aumenta en violencia. Lo que hace un par de años era un patrón exclusivo de los ajustes de cuentas entre bandas criminales, ahora también está impactando al ciudadano de a pie. Casos como el de los homicidios de dos profesores, reportados como desaparecidos, validan esta realidad y, de paso, abren una pregunta: ¿qué hay detrás de la proliferación de este tipo de violencia en la capital?
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Todo comienza con el reporte inicial: una persona o una comunidad avista la presencia de cuerpos abandonados. Ya sea la esquina de un parque, un potrero o una zona rural a las afueras de la ciudad. La postal es la misma. Lo que viene después es el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y el pánico generalizado que genera la confirmación de detalles mínimos: que los cadáveres presentaban signos de tortura y violencia.
El anterior es apenas un resumen de los últimos meses en Bogotá, en los que tanto el profesor Neill Felipe Cubides como Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, aparecieron con estos signos. A estos se suma el hallazgo de tres cuerpos incinerados en límites de Ciudad Bolívar y otros más hallados en caños y otras zonas rurales de la capital.
¿Qué hay detrás de este patrón? ¿Un nuevo capítulo de violencia en la ciudad, o un patrón de ocultamiento de pruebas en casos de envergadura?
Transformaciones de la violencia en Bogotá
Para Andrés Nieto, experto en seguridad, los hechos violentos que hoy generan alarma en Bogotá no son completamente nuevos, pero sí reflejan una transformación importante de las dinámicas criminales. Según explica, la ciudad ha convivido durante décadas con fenómenos como cuerpos descuartizados, embolsados, incinerados o personas desaparecidas. Sin embargo, “lo que ha cambiado es la forma en la que operan las estructuras delincuenciales y la frecuencia con la que ciertos patrones de violencia extrema aparecen en el espacio público”.
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Nieto ubica un punto de inflexión tras la intervención del Bronx en 2016. La desarticulación de ese gran centro criminal provocó que muchas de las rentas ilegales se dispersaran por distintas localidades de Bogotá. Barrios que antes concentraban sus actividades en puntos específicos comenzaron a disputar territorios en zonas como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe. Esa fragmentación generó nuevas confrontaciones por el control del microtráfico, la extorsión y otras economías ilegales”.
El cambio también se refleja en las cifras de homicidios. Mientras que durante años la mayoría de las muertes violentas estaban asociadas a conflictos de convivencia y riñas, actualmente el fenómeno predominante es el sicariato. Según datos citados por el experto, siete de cada diez homicidios registrados en Bogotá tendrían relación con asesinatos por encargo o ajustes de cuentas, una señal de que gran parte de la violencia letal está ligada a disputas entre organizaciones criminales.
Según datos de la Secretaría de Seguridad, corte a abril, en Bogotá se han registrado 354 homicidios, que en comparación con los 384 homicidios del año pasado en el mismo periodo. El dato retrata una reducción del 7,8 %, una leve disminución que deja mucho que desear en Bogotá y que realmente no es estadísticamente significativa.
Las localidades con más homicidios en Bogotá siguen siendo Ciudad Bolívar con 57 homicidios, Kennedy con 39, Santa Fe con 34, Suba con 22, Rafael Uribe con 26, Bosa con 26, San Cristóbal con 25 Este ranking permite mostrar cuáles son las localidades en las que más peligro se corre.
En ese contexto surge lo que Nieto denomina el “sicariato de mensaje”. A diferencia de los homicidios tradicionales, en los que los responsables procuraban ocultar el crimen y eliminar pruebas, hoy algunos asesinatos buscan exactamente lo contrario: exhibir la violencia. Los cuerpos abandonados en vía pública, embolsados, descuartizados o incinerados parcialmente se convierten en advertencias dirigidas a bandas rivales. No se trata de mensajes para la ciudadanía, sino de demostraciones de poder destinadas a intimidar, marcar territorio y reforzar el control criminal sobre determinados sectores de la ciudad”.
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La tasa de homicidios parece incontrolable.
La preocupación también radica en que esta transformación ocurre después de décadas en las que Bogotá había logrado reducir de forma sostenida sus niveles de homicidio. Dice Nieto: “Desde comienzos de los años noventa, la capital pasó de registrar cerca de 98 homicidios por cada 100.000 habitantes a convertirse en una referencia nacional en materia de reducción de violencia. Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019, la tasa se ubicó por debajo de los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, y al cierre de la administración siguiente alcanzó alrededor de 13 casos por cada 100.000 habitantes”.
Sin embargo, esa tendencia comenzó a revertirse en los últimos años. Para Nieto, el incremento reciente de los homicidios está estrechamente relacionado con el auge del sicariato y con el fortalecimiento de estructuras criminales que disputan territorios y economías ilegales.
El fenómeno, además, ha evolucionado hacia formas cada vez más sofisticadas. Según el experto, el asesinato por encargo dejó de ser una tarea ejecutada directamente por las organizaciones criminales para convertirse en una renta ilegal independiente.
“Desde el observatorio de Seguridad de la Universidad Central hemos denunciado que, en zonas como San Bernardo, asegura, existen denuncias sobre alquiler de armas, venta de municiones y servicios sicariales que operan bajo una lógica de mercado. El costo del crimen varía según factores como la cantidad de testigos, la complejidad del lugar o la experiencia del sicario contratado”.
“Hoy el hecho sicarial es una renta criminal”, resume Nieto. En ese sentido, las bandas ya no necesariamente ejecutan los homicidios que ordenan, sino que subcontratan a personas especializadas en cometerlos. Esta tercerización de la violencia no solo facilita los asesinatos por encargo, sino que también dificulta las investigaciones y alimenta un ecosistema criminal cada vez más complejo y profesionalizado.
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Cuando la violencia extrema alcanza a los ciudadanos
Mientras el crimen local organizado se disputa el control de cada esquina, a sangre y fuego, la ciudadanía se ha visto también impactada por esos mismos patrones, sin que ello signifique que sea un ‘modus operandi’ en casos de delincuencia común. Un ejemplo, lamentable pero esclarecedor, es el de Neill Felipe Cubides, profesor de 54 años, que cruzó la carrera 15 el pasado jueves 15 de enero y tomó un automóvil para dirigirse a su casa, luego de acompañar a su esposa e hijo a una cita pediátrica en la Clínica del Country, en Bogotá.
Esto fue lo último que su familia supo del maestro. Tras varios días de búsqueda, el lunes 19 de enero las autoridades notificaron que el cuerpo del docente había sido encontrado en una zona rural de Usme el viernes 16, un día después de su desaparición. Pero no se supo, sino días después, lo que había ocurrido con el docente: de ser torturado para ser robado a ser calcinado y arrojado en un potrero. Este “desprecio” por la vida y señales que indicarían incluso que el mensaje se puede traducir en otro patrón que no encaja con el delictivo o criminal: se trata de los intentos por borrar las huellas de un crimen. Cuando un grupo criminal hace uso de las herramientas de violencia, pero no para enviar mensajes macabros, sino para ocultar un crimen.
Sin embargo, Nieto advierte que no todos los casos de cuerpos calcinados o con signos de violencia extrema responden a la lógica del sicariato entre bandas. Algunos hechos recientes, entre ellos los que involucran a ciudadanos sin aparentes vínculos con estructuras criminales, podrían obedecer a una dinámica distinta. Caso que también se puede analizar a partir de lo ocurrido con el docente Kevin Santiago, quien, tras desaparecer en un gimnasio, su cuerpo fue hallado al día siguiente, pero su búsqueda siguió porque el estado en el que fue hallado el cuerpo impidió su inmediata identificación.
Según explica el experto, cuando una organización busca enviar un mensaje a sus rivales, necesita que el cuerpo sea encontrado y reconocido. Por eso suele abandonarlo en espacios visibles dentro del territorio que pretende controlar. “En contraste, los casos en los que existen intentos de incinerar los cadáveres o de destruir evidencia apuntan a un propósito diferente: ocultar el crimen”.
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Nieto agrega que estos episodios podrían estar relacionados con delincuentes comunes que, tras cometer un robo u otro delito, terminan ejerciendo una violencia desproporcionada contra la víctima. Cuando la situación escala hasta causar la muerte, los responsables intentan borrar rastros y deshacerse del cuerpo para evitar ser identificados. Sin embargo, al no contar con la experiencia o capacidad logística de organizaciones criminales más sofisticadas, suelen cometer errores que terminan facilitando el trabajo de los investigadores.”
Esa diferencia es clave para entender el actual panorama de la violencia y el crimen en Bogotá. Mientras una parte del fenómeno sigue vinculada a disputas entre bandas y a la expansión del sicariato como servicio criminal, otra parece reflejar una creciente brutalidad en hechos asociados a la delincuencia común. El resultado es el mismo: una ciudad donde los métodos utilizados para intimidar, desaparecer pruebas o eliminar adversarios están al orden del día, alimentando la percepción de inseguridad y el temor cotidiano ante cualquier desaparición.
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Por Juan Camilo Parra
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