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La construcción de un nuevo colegio en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, hoy enfrenta a quienes, se podría decir, luchan contra dos injusticias. Por un lado están los que se oponen a la obra y a una orden de tala, en la cuarta localidad de la ciudad con menos árboles por habitante (0,11 por ciudadano). Por el otro el Distrito, que busca minimizar una cruda realidad: el déficit de cupos escolares que se vive en el sur de la capital y que obliga a que centenares de niños deban estudiar lejos de sus hogares.
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El rechazo, que es de vieja data, se reafirmó el pasado 29 de diciembre, cuando el Distrito llegó en la madrugada junto con el Esmad a tomar posesión y hacer el cerramiento del parque La Paz, para dar paso a la construcción. El conflicto se recrudeció esta semana cuando empezó la tala, lo que motivó la protesta de los vecinos e incluso una residente se encadenó a un árbol para evitar la ejecución de la orden.
Producto de la acción hubo enfrentamientos con la Policía, que, según la comunidad, dejó seis personas lesionadas y una supuesta denuncia por violencia sexual contra la Fuerza Pública. Al final, ya cuentan, 12 árboles caídos. Aunque la nueva edificación aumentará la oferta educativa, para los habitantes representará no solo un grave daño ambiental, sino perder la única zona verde en ese barrio.
“Hay más colegios en Kennedy”
Son varios los argumentos de los vecinos para oponerse a la obra. El primero: en la localidad hay otros colegios públicos que pueden atender el déficit, como el Nicolás Esguerra y el Marsella. “El rector del Esguerra, donde tuvieron que cerrar 40 cursos por falta de estudiantes. Además, la solicitud del rector va enfocada en que esta institución tiene problemas estructurales, se puede caer en cualquier momento, nos ha dicho que él dona parte del terreno. Mejor hagan algo por los colegios que existen o lleven la obra donde se necesite más, como al occidente de Kennedy, donde más cupos piden”, dijo Diego Mendoza, vecino del sector, quien pide que se conserve el parque.
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Eso sí, aclara que el reclamo no es por la llegada de estudiantes al barrio, sino por la ubicación de la institución. “No es que no queramos niños de estratos 2, 1 o 0. No, bienvenidos todos. De hecho, al colegio Marsella vienen niños de Bosa, Soacha y El Tintal, que son casi obligados a salir a las 4:00 a.m. para recibir clases a las 6:00 a.m. ¿Por qué torturarlos así? ¿Por qué no hacerles un colegio más cerca? Sí, queremos educación, pero donde se necesite”, agregó Mendoza.
Daño ambiental
A pesar de que Kennedy es la segunda localidad con el mayor número de árboles sembrados en la ciudad, con 133.864 (solo la supera Suba, con 304.842), su densidad poblacional (casi un millón) cambia el panorama. Actualmente es la cuarta zona de la ciudad con la menor cantidad de árboles por habitante, con 0,13. La superan Bosa (0,05), Ciudad Bolívar (0.08) y Los Mártires (0.09). Esto les da una razón para pelear por cada individuo arbóreo que pretendan talar.
Por lo tanto, el daño ambiental es otro argumento de los vecinos contra la obra, la cual, denuncian, no contó con plan de manejo ambiental, ni de rescate de flora y fauna, ni mitigación de ruido.
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Recalcan que no hubo revisión de especies vivas o nidos en los árboles, solo talaron. “Esto era un parque de concesión tipo A, que nos dejó la constructora Ospinas hace 35 años. Los árboles los sembró la comunidad. Aquí hay lechuzas, pechirrojos y ese ecosistema lo hemos visto afectado por la tala” dice Catalina Dimian, habitante del sector que lleva encadenada a un árbol y en huelga de hambre por más de 48 horas, en sentido de protesta.
No obstante, otra cosa dicen las autoridades. Según un policía ambiental, “sí, hay rastros de que en algún momento hubo nidos con especies vivas, pero también encontramos heces petrificadas. Además, ellas por instinto buscan otro lugar”, dijo el uniformado, quien agregó que los daños los debe resarcir la constructora, pero es la Secretaría de Ambiente la que debe tomar la vocería. “Ese edificio (dirigiéndose al conjunto de los habitantes que protestan) también dejó daños ambientales, pero al ser una estructura antigua nos olvidamos”.
¿Qué dice el Distrito?
La Secretaría de Educación defiende la obra, pues “no solo permitirá atender a población que actualmente no estudia y la que tiene que desplazarse a otras localidades, sino seguir avanzando en la implementación de la jornada única en la localidad, que es mandato de la Ley General de Educación”.
La cartera recalcó que Kennedy es una de las localidades históricamente más afectadas por falta de cupos. “Para alcanzar la jornada única habría un déficit de 60 mil cupos, es decir, 60 colegios para 1.000 estudiantes. Esta administración se puso la meta de llegar, por lo menos, al 25 % de su matrícula en jornada única, lo que significa un déficit de 8.000 cupos (7 a 8 colegios) para la localidad”.
Según la Encuesta Multipropósito de 2021 del DANE, se estima que 15.000 menores, entre cinco y 16 años, que estudian en colegios públicos, reciben clases fuera de la localidad, y otros 16.000 del sector privado salen a estudiar en otras localidades o fuera de Bogotá. La encuesta agrega que en las UPZ de Bavaria y Castilla, 1.432 niñas y niños no asisten a ningún colegio, entre otras razones, porque no hay cupo cerca. “Específicamente en las UPZ de Castilla y Bavaria, de los estudiantes de 5 a 16 años en los niveles de preescolar, básica y media que residen en esta zona, 2.633 niños estudian en colegios oficiales fuera de la localidad y 5.624 en colegios privados. El nuevo colegio permitirá que algunos de ellos no lo hagan más”, informó la Secretaría.
Resaltan que en la UPZ Bavaria, donde se construirá el colegio, solo hay dos colegios. “Para 2023, se recibieron 1.143 solicitudes de cupos nuevos, pero solo se pudo asignar cupo a cerca del 30 %. Las restantes, fue necesario asignarlos a colegios de otras localidades”.
Aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló el rechazo de la comunidad como el producto del clasismo de unos pocos residentes de Marsella, también agradeció a quienes apoyan las obras. Sin embargo, la comunidad de ese barrio insiste en que el problema es ambiental, incluso hay una acción popular admitida en primera instancia, radicada el pasado 6 de enero, y están a la espera de cinco días (que dio el juzgado) para que las otras entidades aporten pruebas y se dicten medidas cautelares.
Por lo pronto, los habitantes insisten en quedarse en la obra para impedir su construcción. Asimismo las autoridades, para evitar inconvenientes. Por su parte, el Distrito reafirma que no hay autorización de ingreso a la obra de nadie diferente a los operadores. Por ahora el malestar va aumentando, pero nadie cede.
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