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Las tradicionales inspecciones de policía, que desde hace décadas operan en las localidades, cambiaron de nombre: ahora son inspecciones de convivencia y paz, como lo ordenó la Ley 2492 de 2025. Sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos: acumulación de expedientes y equipos insuficientes para atender la gran demanda de casos que a diario llegan a esos despachos. Lograr una verdadera transformación en Bogotá ha sido todo un periplo, al punto de que el Tribunal de Cundinamarca ordenó a al alcalde Carlos Fernando Galán terminar de manera seria el proceso de implementación.
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Aunque la ley se promulgó el 23 de julio de 2025 y daba seis meses para su implementación, el Distrito solo formalizó el cambio mediante el Decreto 206 del 3 de junio de 2026, tras la orden judicial. Pese a los tropiezos, su implementación se ha visto como una oportunidad para enfrentar una problemática que muchos años rodeando estas entidades: la duda de la ciudadanía frente a su eficiencia.
Vale resaltar que las inspecciones reciben y se tramitan querellas, e intervienen en disputas entre vecinos; ocupación o perturbación de inmuebles; problemas por ruido; actividades económicas que incumplen normas, entre otra larga lista de conductas que afectan la convivencia. No obstante, la gran lista de tareas y lo limitado de su personal se traduce en congestión y desconfianza de la gente.
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Es situación la validan las cifras: en julio de 2026, por ejemplo, en el Concejo se denunció que hay 1,8 millones de expedientes represados, relacionados específicamente con los comparendos de convivencia impuestos entre 2022 y abril de 2026. Otro ejemplo, lo revela una auditoria de la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno: solo en Chapinero reportaron 50.728 expedientes abiertos y, de ellos, 37.285 (el 73,49 %) estaban “sin reparto”. Es decir, ni siquiera habían sido asignados a una inspección.
Algo similar encontraron en Bosa con 91.421 expedientes acumulados; Los Mártires, con 74.550, y Usaquén con 63.000. Lo anterior en una ciudad en la que, según el promedio anual, se pueden registrar más de 1.000 riñas diarias. En 2025, según las autoridades, Bogotá registró 451.823 riñas. En cuanto a ruido, otro de los procesos frecuentes, el año pasado la Secretaría de Salud recibió 1.084 quejas.
Ante esa avalancha, blindar las inspecciones no es fácil. Desde el Concejo han surgido intentos. Uno de ellos, del concejal Julián Uscátegui, que culminó con un Proyecto de Acuerdo aprobado este año, que apuntaba a generar estrategias de descongestión.
Este surgió en respuesta al cuello de botellas que se formó desde junio de 2024 cuando terminó su contrato la planta temporal de descongestión de las Inspecciones de Policía creada por Claudia López, para atender el represamiento de procesos.
Dicho esquema contó con 100 inspectores temporales, además de personal profesional y administrativo, con lo que Bogotá contó, de manera temporal, con 223 inspecciones. Al finalizar el contrato, esos despachos dejaron de funcionar y los expedientes que tenían a cargo se tuvieron que redistribuir entre todas las inspecciones, creando un caos y más congestión.
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Convivencia y paz
El cambio de “Inspectores de Policía” a “Inspectores de Convivencia y Paz” no debería ser solamente un cambio de nombre. La norma es clara en sus propósitos: fortalecer las inspecciones mediante mayores requisitos profesionales, capacitación, equipos interdisciplinarios y herramientas técnicas y administrativas, con el propósito de mejorar la atención de los conflictos de convivencia y garantizar el acceso a la justicia.
En Bogotá, el proceso es complejo. El concejal Óscar Ramírez Vahos, cuestionó, por ejemplo, que los cambios no implicaron aumentar el número de cargos: el Distrito, de momento, mantiene 209 empleos para 203 inspecciones.
Según información del Distrito, que le envió al concejal en respuesta a un derecho de petición, el costo anual de las inspecciones es de COP 41 mil millones. No obstante, con la nueva ley será de casi COP 68 mil millones, es decir un aumento de casi COP 27.000 millones (más del 65 %).
“Los cargos hoy exigen mayor formación, entendiendo que las funciones podrían equipararse a funciones jurisdiccionales, por el carácter de los procesos que se adelantan en estas inspecciones, exigiendo profesionalización en los inspectores. Pero es importante precisar que Bogotá no aumentó el número de cargos como consecuencia de la transformación”, indicó Ramírez Vahos a El Espectador.
Y agregó que, “el riesgo es dignificar y profesionalizar al inspector sin resolver la capacidad instalada del sistema. Si continúa el mismo número de inspectores, con la misma demanda y sin suficiente apoyo administrativo, tecnológico y jurídico, un grado salarial mayor no necesariamente reducirá la demora en la resolución de los expedientes que se adelantan en estas inspecciones”.
Entre las necesidades que señalan deberían tener inspecciones son dotación de herramientas suficientes; indicadores que midan el inventario y antigüedad de expedientes; casos recibidos y resueltos mensualmente por inspector; tiempos promedio de decisión; número y tasa de conciliaciones exitosa; disponibilidad real de equipos interdisciplinarios, entre otros.
Más allá del cambio de denominación y el aumento salarial, le lupa está en si el Distrito logra traducir la profesionalización de los inspectores en una mejora medible del servicio. ”Existe el riesgo de que la reforma produzca un fortalecimiento del empleo sin una transformación equivalente de la atención al ciudadano”, cerró Ramírez Vahos.
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Por Juan Camilo Parra
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