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A poco más de un mes de la instalación de un nuevo gobierno nacional, la Red de Ciudades Cómo Vamos expone una hoja de ruta para abordar la crisis de seguridad y convivencia que soportan las capitales colombianas. Felipe Mariño, director Bogotá Cómo Vamos, hace su diagnóstico donde la percepción de inseguridad desborda la victimización real, alimentada por la impunidad, el hacinamiento carcelario y las limitaciones financieras de los alcaldes locales. A través de propuestas para el proceso de empalme —que van desde un modelo de financiamiento multinivel y la urgente reforma al sistema de inteligencia—, Mariño traza el camino necesario para arrebatarle los jóvenes a la delincuencia y devolverle la tranquilidad a los territorios.
¿Cómo funciona la Red de Ciudades Cómo Vamos, qué ciudades hacen parte y cuál es ese panorama ahora que inicia un nuevo gobierno?
Este es un esfuerzo que estamos haciendo en el marco de la Red de Ciudades Cómo Vamos, que representa buena parte del país donde tenemos programas Cómo Vamos. Estamos en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín y, por supuesto, Bogotá. Lo que hicimos fue construir, a partir de una encuesta comparada de percepción ciudadana, un diagnóstico sobre cómo nos sentimos en términos de seguridad.
¿Cuál es el diagnóstico que hacen sobre la seguridad?
Bogotá tiene una percepción de inseguridad más alta que otras ciudades y eso eleva el promedio nacional. En el país estamos hablando de una percepción de inseguridad cercana al 50 %, mientras que en Bogotá está alrededor del 67 %. Sin embargo, hay varios elementos comunes. El primero es una percepción de inseguridad muy alta en un contexto en el que la victimización no supera el 15 %. Es decir, cuando les preguntamos a las personas si fueron víctimas de algún delito, no más de 15 de cada 100 responden que sí.
¿Y en materia de homicidios?
También observamos que los homicidios han venido aumentando respecto al último año, aunque en Bogotá se redujeron en 2025. La tasa nacional está alrededor de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá es cercana a 15 por cada 100.000 habitantes. Aunque es menor, sigue estando por encima de los estándares internacionales.
¿Qué otros aspectos impactan la seguridad urbana?
A lo anterior se suma la situación del sistema penitenciario y carcelario. Bogotá no escapa al problema del hacinamiento ni al estado inconstitucional de cosas que existe en las cárceles. Estas condiciones terminan reproduciendo conductas violentas y delictivas. En lugar de ser espacios para la resocialización, muchas cárceles se convierten en lugares donde se aprenden nuevas prácticas criminales que luego se replican cuando esas personas recuperan la libertad.
Eso se enlaza al tema de la justicia…
Exacto. Hay una sensación de inseguridad que está alimentada por la falta de acceso a la justicia. En Bogotá, cerca del 85 % de las personas no denuncia los delitos. Algunas creen que no va a pasar nada y otras ya denunciaron y comprobaron que, efectivamente, no ocurrió nada. Todas estas causas, sumadas a otros factores sociales, configuran un escenario muy complejo para las ciudades y Bogotá sigue siendo un reflejo de esa situación.
¿Qué limitaciones tienen las ciudades en temas de seguridad y que impulsan estas propuestas?
Las limitaciones son varias. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se financia la seguridad. Necesitamos mecanismos más eficientes y con mayor alcance, pero eso depende de los fondos territoriales de seguridad y de decisiones que se toman desde el Gobierno. Otra limitación es el pie de fuerza. Hemos visto que distintos alcaldes prometen aumentar el número de policías. Ocurrió con Claudia López y también con Carlos Fernando Galán. Sin embargo, esa no es una decisión que dependa de los alcaldes.
Profundicemos en la primera propuesta, relacionada con el financiamiento de la seguridad. ¿Cómo funcionaría ese modelo multinivel del que hablan?
Tenemos una propuesta inicial que queremos poner en discusión en este empalme. Lo que estamos proponiendo es ampliar las fuentes de financiación. Hoy las fuentes con las que se financia la seguridad a nivel territorial son muy limitadas. Por ejemplo, el porcentaje de la obra pública destinado a seguridad puede funcionar para una ciudad como Bogotá, sin embargo, en otros lugares del país esa realidad no existe y ese mecanismo no responde a las necesidades de todos los territorios.
¿Qué proponen al respecto?
Lo que proponemos es revisar qué otras fuentes pueden incorporarse. Hemos planteado algunas alternativas, por ejemplo relacionadas con los servicios públicos. No son necesariamente ideas novedosas, pero son mecanismos que ya se han probado y que vale la pena discutir. Hay aspectos de la propuesta que aplican directamente para Bogotá y otros que responden más a las necesidades de otros territorios. La idea es construir un sistema flexible que reconozca esas diferencias.
Dentro de esas nuevas fuentes de financiación también hablan de “fuentes tributarias estables”. ¿Podría darnos algún ejemplo de cómo podrían obtenerse esos recursos?
En materia tributaria ha habido varios intentos. Lo que planteamos —y quiero insistir en que son propuestas sujetas a discusión— es la posibilidad de crear algunas sobretasas o herramientas tributarias que les den mayores capacidades de financiación a las entidades territoriales. No quisiera referirme a un mecanismo específico porque no queremos limitar la discusión a una sola alternativa. Por ejemplo, si uno hablara de establecer una sobretasa sobre el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, seguramente encontraría una gran resistencia por las dificultades que ya existen con las tarifas en esa región. Lo que puede funcionar en un territorio puede no ser conveniente en otro.
Pasemos a la segunda propuesta. Usted ya había mencionado la necesidad de actualizar la Ley de Inteligencia. ¿Cuáles son los principales vacíos que han identificado y cómo los resolvería esta propuesta?
Básicamente estamos proponiendo dos cosas fundamentales. La primera es establecer estándares internacionales para el funcionamiento de la inteligencia. La inteligencia es un componente estratégico dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía, precisamente por la información tan sensible que maneja sobre personas, organizaciones y situaciones relacionadas con la seguridad.
¿Qué vacíos leen que hay en inteligencia?
Un ejemplo muy claro es el Grupo Egmont, del cual Colombia fue suspendido desde 2024. Ese es el principal espacio internacional para compartir información estratégica relacionada, por ejemplo, con el narcotráfico y otras modalidades de crimen organizado transnacional. Lo que proponemos es fortalecer nuestro sistema de inteligencia para que el país pueda volver a cumplir los estándares exigidos y recuperar su participación en ese grupo. La segunda propuesta tiene que ver con fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre las actividades de inteligencia.
¿Por qué Colombia salió del Grupo Egmont?
Este gobierno reveló información reservada relacionada con el software Pegasus, un contrato que se había suscrito durante el gobierno anterior. Como consecuencia de esa divulgación se incumplieron los protocolos de confidencialidad exigidos por el Grupo Egmont y eso llevó a que Colombia perdiera su condición de miembro.
Pasemos a la propuesta sobre el sistema penitenciario y carcelario. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde la Red de Ciudades Cómo Vamos?
Lo que estamos buscando es fortalecer dos grandes frentes de la justicia, teniendo en cuenta los altos niveles de conflictividad que estamos viendo en el país. Dentro del diagnóstico encontramos que una parte importante de la ciudadanía considera válido resolver sus problemas de convivencia o acceder a la justicia por mano propia. Nuestra propuesta plantea una reforma a la justicia en dos niveles principales.
¿Cuáles son esos niveles?
El primero consiste en definir con mucha mayor claridad cuáles son los delitos, conflictos o situaciones de convivencia que pueden resolverse por canales distintos a la justicia penal ordinaria. Hoy esa justicia está completamente saturada. Esto implica fortalecer figuras como los conciliadores en equidad, los conciliadores en derecho y otros métodos alternativos de resolución de conflicto.
Es decir, no serían medidas judiciales…
Sí. Proponemos fortalecer esa justicia no judicial, siempre bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia y de toda la institucionalidad correspondiente. Incluso planteamos la creación de un fondo especial para financiar estas iniciativas.
¿Qué tipo de situaciones entrarían a resolverse por medio de este mecanismo?
En Bogotá, mientras algunos delitos contra el patrimonio y la vida han venido disminuyendo, la violencia intrafamiliar continúa creciendo. Más del 70 % de las víctimas son mujeres. También siguen aumentando los delitos sexuales, donde nuevamente las principales víctimas son mujeres. Por eso creemos que la justicia debe incorporar un enfoque diferencial de género. Las violencias no afectan a todas las personas de la misma manera y requieren respuestas institucionales especializadas.
Finalmente, proponemos fortalecer la justicia frente a fenómenos de mayor complejidad mediante la creación de tribunales especializados para crimen organizado, corrupción y delitos graves.
¿Cómo entra el enfoque de prevención en las propuestas?
Debemos trabajar para reducir los riesgos sociales y materiales que hacen que muchas personas, especialmente jóvenes en zonas rurales y urbanas vulnerables, terminen siendo reclutadas por organizaciones criminales. Muchos jóvenes ingresan muy temprano a esas estructuras y van desarrollando una carrera criminal en la que son utilizados para cometer delitos cada vez más graves, incluso homicidios. Casos como el atentado contra Miguel Uribe Turbay muestran precisamente cómo menores y jóvenes pueden ser instrumentalizados por organizaciones criminales.
Por eso planteamos fortalecer los entornos protectores y generar más oportunidades para esas poblaciones vulnerables.
¿Cuáles serían los caminos para implementar estas propuestas en un eventual gobierno que decida adoptarlas? Entiendo que algunas reformas ya se han intentado impulsar, pero no han prosperado.
Nuestra hoja de ruta contempla principalmente dos caminos. El primero es el legislativo. Todas estas propuestas tienen vocación de convertirse en proyectos de ley que podrían ser presentados por iniciativa del nuevo Gobierno que asume el próximo 7 de agosto. Naturalmente, ese camino requiere un trabajo político importante en el Congreso para superar los distintos debates legislativos que implica cada iniciativa.
El segundo camino es el administrativo, mediante decretos. Nosotros proponemos una secuencia de implementación que combina ambos mecanismos.
¿Cómo sería?
La primera etapa comienza con el nuevo periodo legislativo. Allí se deberían formular y radicar los proyectos de ley que desarrollan estas propuestas. Al mismo tiempo, hay medidas que pueden adoptarse mediante decreto, especialmente aquellas relacionadas con la auditoría de la UIAF y otros asuntos administrativos que dependen directamente del Ejecutivo. Después vendría una segunda etapa, de mediano plazo, entre uno y tres años, enfocada en fortalecer la institucionalidad. Finalmente, en un horizonte de tres o cuatro años, debería consolidarse una nueva ley estatutaria sobre inteligencia y completarse el resto de las reformas legislativas que estamos proponiendo.
¿Cómo ve las fuerzas del Congreso ante estas propuestas?
Sabemos que tendremos un Congreso muy dividido, con una oposición fuerte y con distintos sectores políticos que deberán definir si apoyan o no estas iniciativas. Por eso será determinante la capacidad de gestión política para sacar adelante el componente legislativo, mientras que el Ejecutivo podrá avanzar paralelamente mediante decretos y otros instrumentos administrativos.
Desde la Red de Ciudades Cómo Vamos, ¿hay alguna propuesta que consideren especialmente urgente para el nuevo gobierno?
Si tuviera que priorizar una, sería replantear la forma en que estamos financiando la seguridad territorial. Es fundamental que esa discusión se resuelva antes de las próximas elecciones locales, porque también está relacionada con el papel que cumplen los departamentos en el apoyo a los municipios más pequeños y vulnerables. En muchos casos son los departamentos los que terminan sosteniendo buena parte de las capacidades de seguridad de esos municipios.
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