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Conseguir trabajo en la capital, para algunas personas, se ha convertido en una odisea. Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-, para julio la tasa de desempleo en Bogotá fue del 12,8 %, lo que representa que casi 451.000 personas buscan empleo. Sin embargo, para ciertos sectores históricamente discriminados lograr una vinculación es más difícil. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la población mayor de 50 años tarda en promedio 100,1 semanas para ser contratada, es decir, 43,2 semanas más que el promedio.
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En el caso de quienes desean acceder al primer empleo, el tiempo estimado está en 81 semanas, señala la Encuesta Integrada de Hogares del Dane. A este panorama se suma la brecha de género: en la misma encuesta, el 52 % de las mujeres desempleadas manifestaron sentirse discriminadas o en desventaja frente a los hombres. Un dato más: en el primer trimestre de 2022 las personas con discapacidad contaban con una tasa de desempleo del 21,5 %, una brecha de 6,9 puntos por encima de la general.
Con estas desalentadoras cifras, es claro que conseguir trabajo es peor para quienes pertenecen a poblaciones diferenciales. Ante esto, el Distrito firmó el Decreto 399 de 2022, para crear el programa Empleo Incluyente, que busca motivar la contratación de quienes tienen más problemas para conseguir trabajo como jóvenes, personas reincorporadas, mayores de 50 años, mujeres, personas con discapacidad certificada, víctimas del conflicto, pertenecientes a un grupo étnico o raizal, comunidad trans y población pospenitenciaria.
Beneficios para unirse al programa Empleo Incluyente
Tras la firma del decreto por la alcaldesa Claudia López, las empresas formalizadas en Bogotá podrán postularse para beneficiarse de este programa, que iniciará en noviembre.
Los incentivos económicos, para suplir en parte los costes de su salario, irán desde $600.000 para quienes contraten por lo menos seis meses a personas de grupos poblacionales vulnerables y hasta $1′200.000, a partir de un año.
Estos apoyos aumentarán según las características de los trabajadores vinculados: para mujeres pospenadas contratadas por menos de un año se otorgará $1′200.000 y para un período que supere los 12 meses será de $ 2′400.000.
En cuanto a los jóvenes que hayan pasado por privación de libertad, las empresas recibirán $1′500.000 por contratos inferiores a un año y $3′000.000 por contratos superiores al año. Si son personas trans, los beneficios por menos de un año serán de $2′400.000 y de $4′800.000 por contratos mayores a un año.
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Las segundas oportunidades
Desde el Centro de Pensamiento Pospenados de la Universidad Nacional afirman que a la fecha no hay una cifra realista del porcentaje de desempleo de quienes salen de las cárceles, tras pagar una condena, ya que las instituciones siguen por la senda de la punitividad y no por la resocialización. No obstante, es bien sabido que en su caso es doblemente difícil hallar trabajo.
“Las personas que recuperan la libertad se vuelven en los más vulnerables de los vulnerables. Su pasado judicial les cierra puertas, el sector financiero no les permite abrir cuentas de ahorro y hay una cantidad de trabas que deben ser desmontadas bajo marcos regulatorios más incluyentes y equitativos”, afirma Johana Bahamón, presidenta ejecutiva de la Fundación Acción Interna.
Para Ana María Montoya, una mujer trans que estuvo privada de su libertad 10 años, esto se debe a que no ha surgido un cambio cultural de base: “Sobre nosotres cae un estigma grande y es difícil trabajar, porque las pocas ofertas suelen ser de personas inescrupulosas que quieren sacar provecho de nuestras necesidades. Nos ofrecen malas condiciones laborales y nos pagan menos. Se aprovechan de nuestra condición y en la mayoría de los casos terminamos aceptando por la urgencia que tenemos”, describe Ana.
Conociendo estas realidades es necesario que el sector empresarial también se vincule y le abra las puertas a esta población para que, en efecto, su proceso de resocialización sea productivo. Punto que tiene claro el estudio artístico de uñas Rebèz, empresa que ha contratado a Ana, en compañía de Giselle Vega y Alejandra Céspedes, dos mujeres que también se toparon con barreras al salir de prisión.
“Abrimos la convocatoria con la oficina de Empleabilidad de la Fundación Acción Interna, para quienes estuvieran interesados en trabajar con nosotros. Buscábamos personas con tesón, para construir país, que mostraran pasión por el arte y que estuviesen familiarizadas con el sector de la belleza. Ellas se postularon y ahora son parte de nuestro equipo de artistas”, narra Zarai Ríos, una de las propietarias del establecimiento que abrirá sus puertas el próximo 18 de octubre en la carrera 13 con 79.
Cabe señalar que, de acuerdo con Ana María y sus compañeras, los propietarios de este spa de uñas les dieron un proceso de capacitación de dos meses, permitiéndoles no solo trabajar, sino formarse para hacerlo de una manera idónea. El establecimiento aún no es beneficiario del programa Empleo Incluyente, que empezará en noviembre. No obstante, su proyección social viene de antes: previamente adelantaron procesos pedagógicos en la cárcel La Picota.
Para Edna Camelo Salcedo, coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados, este caso demuestra la necesidad no solo de abrir plazas, sino pensar también en los proyectos de vida, los perfiles de formación y las habilidades que deben adquirir los integrantes de esta población:
“Este decreto es un aspecto positivo, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y las estigmatizaciones que atraviesan durante y después de su proceso en los centros de reclusión. Sin embargo, es importante medirlo en términos realistas. Puede que muchas empresas simplemente abran las vacantes para verse beneficiadas, y en ese caso hay que darle un acompañamiento integral”, comenta esta abogada, politóloga y magíster en Derecho Penal.
Su recomendación es que es necesario vincular a otras carteras del Distrito, como la Secretaría de Integración Social, para garantizar los procesos de concientización, para que las dinámicas laborales se gestionen desde el respeto y no desde el replique de prejuicios.
“Este tipo de estrategias nos dignifica el acceso al trabajo, pero también la vida. Este es mi primer trabajo digno, y que Rebèz crea en nosotras nos da una oportunidad para reiniciar y demostrar de que estamos hechas”, dice Ana, quien reconoce que su caso y de sus colegas no es el más recurrente entre sus excompañeros de encierro.
El decreto implica un avance para mejorar las oportunidades laborales de la población pospenitenciaria. No obstante, es indispensable hacer seguimiento a las empresas beneficiarias y aportar al cambio de paradigma, para que las empresas se centren más en el potencial de trabajo que en el pasado judicial de los aspirantes.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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