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El feminicidio de Érika Aponte revive la discusión sobre las rutas de atención a quienes sufren la violencia intrafamiliar. Hoy el diagnóstico es claro: está enquistado en las mismas zonas y afecta a un perfil específico: menores de edad y mujeres de estrato dos. Un eslabón clave es la Secretaría de Integración Social, que maneja las comisarías de familia, encargadas de atender y adoptar las medidas de protección para las víctimas. Su secretaria, Margarita Barraquer, habló del diagnóstico del delito, las estrategias y de las críticas sobre las comisarías. La nueva Ley de Comisarías de Familia, dice, será una oportunidad para mejorar.
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La violencia intrafamiliar sigue disparada, ¿cuál es su diagnóstico?
Es un hecho objetivo que este delito ha aumentado en Bogotá. La pobreza y la crisis de salud mental después de pandemia explicarían en parte el fenómeno. En los últimos años hemos fortalecido los canales de denuncia, y estas han aumentado. Entonces son dos temas: no solo elementos que afectan la realidad social, sino que las mujeres están más empoderadas, los niños encuentran dónde denunciar y hay canales más efectivos. La Línea Sofía, que tenía bajo nivel de oportunidad baja, hoy es del 90 %. Esto explicaría en parte, porque no hay explicación absoluta, la realidad de la violencia intrafamiliar.
Según Salud Data, los niños son las víctimas principales y hay siete UPZ que aportan el 25 % de las denuncias, ¿por qué no hay resultados ahí?
Manejo cifras de las comisarías y dicen que las localidades con mayor población (Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy) reportan más casos, que las víctimas tienen entre 18 y 59 años, y la mayoría son mujeres. Según eso, los esfuerzos se enfocan en prevenir la violencia contra niños y mujeres. Es clave decir que la violencia contra niños compete al ICBF, y allá hay otra fuente de información, que debemos cruzar, para tener un panorama integral.
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Según sus cifras, ¿cuáles son los tipos de violencia más comunes?
La mayoría de las denuncias son por violencia psicológica y violencia física. Pero hay algo que también nos preocupa: la violencia intrafamiliar contra mayores de 60 años. Las comisarías tienen la competencia de emitir medidas de protección, en especial sobre seguridad alimentaria, para personas mayores, y eso viene en aumento.
Salud Data, la Secretaría y el ICBF tienen cifras por su lado, ¿no debería existir un sistema unificado?
Tenemos un espacio intersectorial: la Comisión Distrital de Seguimiento a casos de víctimas de violencia. Desde allí cruzamos datos y adelantamos un trabajo articulado. Entonces, sí tenemos un espacio que hace el ejercicio de agrupar la información y los análisis. Incluso estamos haciendo mapas de calor por UPZ con diferentes fuentes de información.
El feminicidio de Érika Aponte plantea dudas sobre la efectividad de las medidas de protección, ¿qué decir?
Hemos analizado el caso y la ruta de atención a las víctimas. En muchos casos evitamos mayor violencia contra las mujeres y en otros no alcanzamos. Las medidas de protección las dispone la ley e implica la participación de otros agentes para que sea efectiva. Eso hace la ruta compleja, pero que se puede aplicar. Debemos mantener todo el esfuerzo y la articulación con los otros involucrados. Hay que trabajar fuerte en desnaturalizar la violencia intrafamiliar. En esa medida, la sociedad acompañará los procesos de prevención. Tenemos que hacer un trabajo para que todos entiendan que es violencia intrafamiliar, que nada la justifica. En esa medida vamos a tener entornos más protectores.
¿Pero eso puede ser a largo plazo?
Puede ser, pero no necesariamente los resultados se tendrán que ver en dos generaciones. La sociedad cada día repudia más y protege menos la violencia. Cada paso en esa dirección será importante. Es un trabajo que venimos y debemos seguir haciendo. Cada vez más no acercamos y cada paso tiene frutos.
Pero las cifras siguen disparadas. ¿Qué falta hacer para contenerlas?
Las cifras aumentan por el esfuerzo por desnaturalizar la violencia intrafamiliar. En la medida en que promovamos la denuncia y se fortalezcan los canales, más personas ganarán confianza para hacerlo. Siempre analizamos cómo fortalecer las rutas de atención, para que cada vez sean menos las mujeres que vuelvan a sufrir violencia o sean asesinadas luego de denunciar. En la nueva Ley de Comisarías de Familia hay elementos como la cantidad de comisarios por cada 100.000 habitantes y los grupos de apoyo. Estamos en esa implementación, y es urgente.
¿Qué más tiene esa ley?
Busca fortalecer los canales de comunicación entre los responsables de las medidas de protección. Esa ley prevé un sistema de brazaletes electrónicos, para conocer la cercanía del agresor a la víctima, a cargo del Gobierno Nacional. Se están dando pasos para tener más elementos de protección. Hay elementos en la agenda que se vienen fortaleciendo, pero siempre hay un proceso de pensar en mejores rutas, para afectar las cifras de violencia contra las mujeres.
¿Cuántas comisarías debe tener Bogotá?
Tenemos 35 sitios donde funcionan comisarías, pero contamos con 53 grupos de comisarios, con equipos de apoyo. Para llegar a lo que indica la ley nos faltan 27 grupos, pero seguro no será suficiente. Se debe avanzar en otros asuntos, como reglamentar la ley como está prevista, por los ministerios de Justicia y el Interior; hay que fortalecer a la Policía, para tener más herramientas para hacer cumplir las medidas de protección, entre otros.
A las comisarías les falta presupuesto, personal e infraestructura para hacer cumplir las medidas de protección. Son débiles ante un tema complejo.
Por ese diagnóstico fue que el Congreso expidió la Ley 2126, para fortalecer las comisarías, no solo en términos de equipos de trabajo, sino de infraestructuras y capacidades para su operación. Esa ley es precisa en indicar los estándares mínimos de los equipos de las comisarías. En Bogotá los equipos que tenemos, creo que están por encima de los estándares de esa.
¿No tienen muchas funciones las comisarías?
Las comisarías tramitan los asuntos conciliables, como regular el régimen de visitas de los niños de parejas separadas. Eso pesa mucho en relación con la cantidad de asuntos que se deben atender. La Ley 2126 (que debe quedar implementada antes de agosto de 2024) les quita esa tarea, para que las comisarías se puedan concentrar en asuntos de violencia intrafamiliar.
Otra crítica es que muchas comisarías funcionan en horario de oficina y la violencia no tiene horario.
Tenemos tres comisarías que operan 24 horas. Nuestras estadísticas señalan que en el horario entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. no se presentan muchas denuncias. Es en horario de oficina cuando más recibimos. No tengo elemento de juicio para decir que la violencia ocurre en la noche. En la medida en que la demanda de atención crezca en las noches, se harán los ajustes.
¿La violencia intrafamiliar no amerita una política pública?
Hoy tenemos un sistema que se articula mejor. El Distrito ha hecho un esfuerzo por consolidar la ruta de víctimas de violencia intrafamiliar, donde diferentes entidades tienen competencias. Las comisarías están en contacto permanente con las secretarías de Salud, Mujer y Seguridad. En una política pública hay un líder que debe responder por los indicadores y las coordinaciones para que se cumplan los planes. Hoy no hay una, pero el Plan de Desarrollo da unos derroteros para mejorar la atención. Las Casas de Justicia se están fortaleciendo, con espacios donde están todos los agentes que intervienen en la ruta e incluso algunos nacionales como el ICBF y la Fiscalía. Creo que ese modelo se debe seguir fortaleciendo, y eso se logra con apoyó del Gobierno Nacional. Vamos avanzando con buenos resultados, pero toca seguir empujando.
Por Alexánder Marín Correa
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