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La semana de pascua le llegó a la Alcaldía de Bogotá con remezones y movidas que involucran la salida de algunos integrantes del gabinete de Claudia López, destituciones y escándalos sobre algunos alcaldes locales en la ciudad. Recordemos que en la tarde del pasado lunes, 10 de abril, se conoció la carta de renuncia presentada por Antonio Sanguino, quien será el jefe del gabinete del Distrito hasta esta semana, tras presentar su dimisión para aspirar a la Gobernación del Cesar.
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Por otra parte, en plenaria del Concejo de Bogotá durante este martes, los concejales José Cuesta Novoa, Ana Teresa Bernal, Carlos Carrillo, Heidi Sánchez, Luis Carlos Leal y Lucía Bastidas firmaron una petición directa al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, solicitando que se retire a Dorian Jesús Coquies Maestre de su cargo como alcalde encargado de la localidad de Usme.
Coquies, especialista en derecho de familia, fue nombrado en reemplazo de Andrea Sua, quien fue suspendida en marzo del año pasado luego de que se filtraran algunos audios en los cuales su papá, Jorge Tiberio Sua, exigía al parecer dineros a contratistas para lo que sería favorecimientos en la entrega de contratos.
Ante esa denuncia, la exalcaldesa local afirmó no tener conocimiento de dichas peticiones y aseguró que iniciaría acciones legales en contra de su propio padre, quien, según detalló, estaba “actuando a sus espaldas aprovechando su cargo”.
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Por estos hechos, Sua fue suspendida inicialmente por seis meses hasta septiembre del 2022, fecha en la cual fue declarada insubsistente por medio del Decreto 407, firmado por la alcaldesa Claudia López y el secretario Jiménez. Motivo por el cual Coquies Maestre se quedó en el cargo que ocupó desde el 22 de marzo del año pasado.
¿Por qué piden la cabeza de Coquies?
La exigencia de los concejales se debe a la revelación hecha por la revista Raya, junto a la Liga Contra el Silencio, el pasado 8 de abril, en la que quedó en evidencia que Coquies Maestre trabajó como abogado y recibió un poder para representar a José Guillermo Hernández, Ñeñe Hernández ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que le entregaran 13 pistolas calibre 9 milímetros y dos subametralladoras Uzi. Las licencias de esas armas se vencieron en 2019 y no se han entregado al Estado o al Departamento de Control y Comercio de Armas.
“Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2014, Coquies (quien ya había recibido el poder del Ñeñe Hernández) realizó el estudio de seguridad con el que terminó de argumentar ante la Supervigilancia que la empresa Inversiones Hernández López S. necesitaba los escoltas y las armas. Según Coquies, por la información de un posible secuestro e intento de asesinato a miembros de la familia”, detalla la revista.
Debido a ello, los concejales afirman que existen razones suficientes para considerar que la persona aludida no debería estar ocupando el cargo de alcalde encargado “más en una administración que dice luchar contra la corrupción y que, en su momento, promovió la consulta anticorrupción que movilizó más de 11 millones de colombianos a las urnas y que le costó al país más de $310 mil millones”, se lee en una carta que firmaron nueve concejales de la ciudad.
El Espectador se puso en contacto con la Secretaría de Gobierno y con la Alcaldía Local de Usme para conocer su posición frente al tema. Sin embargo, afirmaron que no han recibido el aval para pronunciarse públicamente o permitir que Coquies Maestre lo haga.
Aun así, el abogado, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado oficial en el que afirma que en efecto trabajó como abogado consultor de la Superintendencia de Vigilancia durante 12 años, desde el 2007 y hasta el 2018, pero que asesoraba a por lo menos 10 empresas del sector:
“Cada una de mis actuaciones fue hecha con transparencia y honestidad y son de escrutinio público. El poder que me fue otorgado no confería representación legal alguna, ni mucho menos, autorización para la compra o gestión de armas, ni ninguna actividad diferente a la de la notificación de un acto administrativo. Por lo tanto, mi actividad profesional fue en todo momento lícita y se realizó de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico”, contestó Coquies, anunciando también que está a disposición de las autoridades para apoyar las investigaciones que se lleguen a desencadenar.
Nulidad frente a nombramiento de alcaldesa local de Antonio Nariño
El caso del alcalde encargado de Usme no es lo único que ataña a los representantes de las localidades de Bogotá. El 30 de marzo pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nula la designación de Mónica Alejandra Díaz Chacón como alcaldesa local de Antonio Nariño.
Esto sucedió luego de que se radicara una demanda en contra de las inconsistencias en el cumplimiento del requisito del vínculo con la localidad, establecido en el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, en el cual se estipula que:
“Para los cargos de edil y alcalde local se requiere haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento”.
Sin embargo, de acuerdo a la decisión tomada en primera instancia y plasmada en el documento de 32 páginas al cual tuvo acceso este medio, la abogada Díaz se desempeñó desde el 10 de enero del 2018 al 7 de marzo del 2019 como funcionaria de la Alcaldía Municipal de Ipiales, en Nariño.
Incluso, al consultar el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para la fecha de inscripción estaba vinculada al servicio de salud en este mismo departamento al sur de Colombia.
Díaz aseguró, dentro de la certificación aportada como vínculo con la localidad, que hizo capacitaciones en temas de liderazgo a mujeres y jóvenes entre diciembre del 2018 y hasta julio del 2019 en la localidad. No obstante, al validar la dirección del lugar en donde realizó dichos encuentros, al parecer se determinó que la estructura no se prestaba para ello, pues en el lugar funciona un café internet y una farmacia.
Tras conocerse el fallo, desde la alcaldía local afirmaron que la abogada Díaz apelará ante el Consejo de Estado la decisión: “Tenemos el convencimiento de que todas las gestiones adelantadas se han hecho de la forma correcta y respetuosa de las leyes y la justicia. Seguiremos trabajando por la comunidad hasta la notificación del fallo de segunda instancia”, se lee en el pronunciamiento compartido.
Dicho esto, habrá que ver cuál será la postura de la alcaldesa Claudia López, quien hasta la publicación de este artículo no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que tendrá que tomar acción, junto a la Secretaría de Gobierno, para determinar quiénes podrán ser los reemplazos de los dos alcaldes locales.
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Nota del editor: En la primera versión de este artículo, explicamos que Alejandra Díaz había sido destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el fallo que la sacó Alcaldía Local dice que el proceso corresponde a una demanda de nulidad electoral que, además, ya apeló ante el Consejo de Estado.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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